Una Asamblea para una crisis fiscal
Todos los asambleístas que sean electos deben tener responsabilidad con el momento histórico y con su función institucional, por más dura que sea, precisamente ahora, cuando está en el aire el nombre del futuro gobernador
Es verdad que la Asamblea Legislativa Departamental debería ser el órgano político por excelencia, que todos extrañamos un hemiciclo donde se vivan verdaderos debates sobre el futuro de Tarija, donde los asambleístas peleen por colocar sus mejores ideas, por conquistar derechos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, desde su propio nacimiento en 2010, ha derivado en una especie de cuartel palaciego plagado de artimañas e intrigas, donde priman los intereses políticos partidarios e incluso personales muy por encima de los departamentales.
La primera gestión, en 2010, estuvo marcada por la suspensión de Mario Cossío, el Gobernador electo en mayo de ese año no llegó a Navidad porque el legislativo de entonces, con la Ley Marco de Autonomías en una mano y la acusación formal por el caso Imbolsur firmada por el fiscal Gilbert Muñoz en la otra, sumó los votos del PAN y el MAS para sacarlo del cargo.
No fue suficiente, pues después vinieron múltiples rifirrafes, con peleas a puñetes en las escaleras del Edificio Paz, y cada elección de Directiva se convertía en una especie de mercadillo: en juego la posibilidad de acabar con el interinato de Lino Condori, lo que acabó dividiendo las bancadas.
En la próxima gestión se van a tener que tomar determinaciones importantes tanto sobre la economía como sobre la autonomía
La segunda gestión, la que recién va a acabar, ha estado marcada también por el pulso al ejecutivo bajo la línea opositora de la asfixia económica. Leyes como las del 8% que impulsaron los municipios para garantizarse una parte de los ingresos por regalías y los mecanismos del débito automático permitido al nivel central han violentado la autonomía y puesto en jaque la estabilidad económica del departamento. Además, la Asamblea se ha caracterizado también por eludir su responsabilidad en los debates que requerían de su participación. El caso más claro es el de la Ley Electoral, que la directiva guardó en un cajón para no pronunciarse ni aplicar las exigencias del Tribunal Constitucional – eliminar subgobernadores electos y redistribuir curules – que al final certificó el Tribunal Supremo Electoral.
Con estos antecedentes, es bueno hacer un punto antes de iniciar esta tercera legislatura de la autonomía para exigir a todos los asambleístas que sean electos responsabilidad con el momento histórico y con su función institucional, por más dura que sea, y precisamente ahora, cuando está en el aire el nombre del futuro gobernador.
En la próxima gestión se van a tener que tomar determinaciones importantes tanto sobre la economía como sobre la autonomía. El Pacto Fiscal, pendiente a nivel nacional, es sin duda la llave maestra que debe hacer encajar las diferentes piezas, pero esto solo será posible si antes se consensuan las prioridades departamentales y se hace causa común. Repartir la plata por unidades de territorio en función de su población o cualquier otro criterio nunca ha sido una buena idea ni ha dado resultados. Es tiempo de ser más Tarija para enfrentar una crisis que se escapa de lo conocido.
