Bolivia y la necesidad de coordinar la estrategia post coronavirus
La cuarentena se alarga, como mínimo, hasta el 30 de abril, mientras el Gobierno quema sus últimas balas para contener a la población en sus casas mientras se olvida del sector clave en el dinamismo económico nacional: la empresa. Además, los reportes médicos no son optimistas, pues con...
La cuarentena se alarga, como mínimo, hasta el 30 de abril, mientras el Gobierno quema sus últimas balas para contener a la población en sus casas mientras se olvida del sector clave en el dinamismo económico nacional: la empresa. Además, los reportes médicos no son optimistas, pues con probabilidad lo peor de la enfermedad llegue precisamente a finales de este mes.
Las medidas del Gobierno se han fundamentado en un clásico: los bonos paliativos, que finalmente se han convertido en universales – rompiendo cualquier criterio de equidad ante la crisis – y que tienen por objetivo que la gente no salga de sus casas mientras dure la cuarentena. Es verdad que 500 bolivianos no es suficiente para vivir, pero sin tener que pagar créditos, ni luz, ni agua, sin transporte y sin lugares de ocio, algo suma, sobre todo si eres capaz de negociar el alquiler.
Para las empresas de todos los tamaños, no hay sin embargo otras promesas que créditos blandos para mantener el empleo y sostener costos de operación a mediano plazo, independientemente de los números dramáticos que puedan contemplarse en los balances
El costo financiero de la operación es elevado y el procedimiento de entrega – en las pocas oficinas bancarias abiertas – prácticamente atentatorio a la salud, particularmente para las personas de la tercera edad. Tiene además el riesgo de que se vaya en inflación ahora que parece que se consolida el único efecto positivo de la cuarentena: la caída del contrabando. Con todo, facilitar la liquidez inmediata parece ser una buena medida.
Para las empresas de todos los tamaños, no hay sin embargo otras promesas que créditos blandos para mantener el empleo y sostener costos de operación a mediano plazo, independientemente de los números dramáticos que puedan contemplarse en los balances y cuentas de resultados en un periodo en el que la actividad comercial y de consumo es nula. La medida se suma al diferimiento del pago de impuestos, que en un periodo sin ingresos no parece tener un efecto verdadero.
Las medidas aparecen además administradas desde el sector bancario tradicional, tal vez el único beneficiado de esta crisis, que además ha logrado arrebatar el monopolio del reparto de bonos al Banco Unión, mayoritariamente del Estado, y que supone una apertura de nuevas carteras.
En un país como el nuestro, con altas dosis de informalidad y de burocracia, seguramente resultaba complejo imaginar otras formas de apoyo al sector generador de empleos, pero facilitar créditos y prohibir ajustes de planillas o descargos no parece ninguna forma de ayuda directa que permita avizorar el futuro con optimismo.
Algunas voces aseguran que vendrán más medidas después, en el tiempo de la recuperación económica, en la que sí se puedan establecer fondos de ayuda a la competitividad o para la transformación digital y desburocratización con una política de subvención real; otros simplemente exigen que el Estado pague pronto sus deudas y garantice programas de abastecimiento y contratación en el corto plazo con la industria nacional para permitir una planificación más real en el tiempo.
Lo cierto es que difícilmente haya margen de liquidez para un segundo ciclo de medidas con el petróleo por debajo de los 30 dólares y la exportación de mineral en cuarentena. Más al contrario, lo que se viene pronto es un ajuste de plantillas en las instituciones públicas con un nuevo efecto devastador para el tejido económico nacional.
Es necesario que el Gobierno cambie de plan y convoque a todos los agentes políticos y sociales a un diálogo urgente y transparente para trazar una estrategia compartida que asigne roles y responsabilidades, así como objetivos compartidos para todos. Es necesario que deje de mirar de soslayo los sondeos electorales y hacer cálculos sobre las fechas probables de los comicios, que orientan decisivamente sus decisiones de corto plazo, para empezar a mirar hacia el futuro del Estado. El mundo está cambiando y esta no es una crisis más.
Las medidas del Gobierno se han fundamentado en un clásico: los bonos paliativos, que finalmente se han convertido en universales – rompiendo cualquier criterio de equidad ante la crisis – y que tienen por objetivo que la gente no salga de sus casas mientras dure la cuarentena. Es verdad que 500 bolivianos no es suficiente para vivir, pero sin tener que pagar créditos, ni luz, ni agua, sin transporte y sin lugares de ocio, algo suma, sobre todo si eres capaz de negociar el alquiler.
Para las empresas de todos los tamaños, no hay sin embargo otras promesas que créditos blandos para mantener el empleo y sostener costos de operación a mediano plazo, independientemente de los números dramáticos que puedan contemplarse en los balances
El costo financiero de la operación es elevado y el procedimiento de entrega – en las pocas oficinas bancarias abiertas – prácticamente atentatorio a la salud, particularmente para las personas de la tercera edad. Tiene además el riesgo de que se vaya en inflación ahora que parece que se consolida el único efecto positivo de la cuarentena: la caída del contrabando. Con todo, facilitar la liquidez inmediata parece ser una buena medida.
Para las empresas de todos los tamaños, no hay sin embargo otras promesas que créditos blandos para mantener el empleo y sostener costos de operación a mediano plazo, independientemente de los números dramáticos que puedan contemplarse en los balances y cuentas de resultados en un periodo en el que la actividad comercial y de consumo es nula. La medida se suma al diferimiento del pago de impuestos, que en un periodo sin ingresos no parece tener un efecto verdadero.
Las medidas aparecen además administradas desde el sector bancario tradicional, tal vez el único beneficiado de esta crisis, que además ha logrado arrebatar el monopolio del reparto de bonos al Banco Unión, mayoritariamente del Estado, y que supone una apertura de nuevas carteras.
En un país como el nuestro, con altas dosis de informalidad y de burocracia, seguramente resultaba complejo imaginar otras formas de apoyo al sector generador de empleos, pero facilitar créditos y prohibir ajustes de planillas o descargos no parece ninguna forma de ayuda directa que permita avizorar el futuro con optimismo.
Algunas voces aseguran que vendrán más medidas después, en el tiempo de la recuperación económica, en la que sí se puedan establecer fondos de ayuda a la competitividad o para la transformación digital y desburocratización con una política de subvención real; otros simplemente exigen que el Estado pague pronto sus deudas y garantice programas de abastecimiento y contratación en el corto plazo con la industria nacional para permitir una planificación más real en el tiempo.
Lo cierto es que difícilmente haya margen de liquidez para un segundo ciclo de medidas con el petróleo por debajo de los 30 dólares y la exportación de mineral en cuarentena. Más al contrario, lo que se viene pronto es un ajuste de plantillas en las instituciones públicas con un nuevo efecto devastador para el tejido económico nacional.
Es necesario que el Gobierno cambie de plan y convoque a todos los agentes políticos y sociales a un diálogo urgente y transparente para trazar una estrategia compartida que asigne roles y responsabilidades, así como objetivos compartidos para todos. Es necesario que deje de mirar de soslayo los sondeos electorales y hacer cálculos sobre las fechas probables de los comicios, que orientan decisivamente sus decisiones de corto plazo, para empezar a mirar hacia el futuro del Estado. El mundo está cambiando y esta no es una crisis más.
