Tariquía: El primer pozo nunca es el último

La discusión sobre Tariquía no puede reducirse a un solo punto en el mapa. El verdadero debate no es únicamente dónde se ubicará el pozo Domo Oso X-3, sino qué proyecto se pone en marcha una vez que la primera perforación comienza.

La reciente decisión del Tribunal Agroambiental de ordenar a Petrobras la socialización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental constituye un avance importante en materia de acceso a la información y participación pública. El Acuerdo de Escazú precisamente busca que las comunidades conozcan los proyectos que pueden afectar su entorno y puedan pronunciarse sobre ellos. Esa transparencia siempre será bienvenida.

La verdadera discusión no es si el Domo Oso X-3 está dentro o fuera de Tariquía. La discusión es si ese primer pozo abre la puerta a un proyecto mucho mayor que terminará transformando de forma irreversible una de las principales reservas naturales del país

Sin embargo, sería un error monumental que el país creyera que el conflicto termina o empieza con el Domo Oso X-3.

Desde hace meses, el debate público se ha concentrado casi exclusivamente en determinar si este pozo se encuentra dentro o fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Esa pregunta tiene relevancia jurídica, pero resulta insuficiente desde una perspectiva estratégica. Porque el proyecto exploratorio San Telmo Norte contempla un desarrollo mucho más amplio, con varios pozos adicionales y una infraestructura asociada que modificaría de manera permanente el área de influencia de la reserva.

Ese es el verdadero riesgo del llamado "caballo de Troya". La primera autorización no representa únicamente una perforación exploratoria. Representa la apertura de un proceso que, una vez iniciado, resulta extremadamente difícil detener. Ninguna empresa invierte millones de dólares en caminos, plataformas, ductos y logística para limitarse a perforar un único pozo y retirarse.

La experiencia internacional demuestra que la exploración rara vez constituye el punto final. Si los resultados geológicos son favorables, llega la etapa de desarrollo del campo, la construcción de infraestructura permanente y la ampliación progresiva de las operaciones. Es entonces cuando la discusión inicial sobre un solo pozo pierde completamente sentido.

Precisamente por eso las evaluaciones ambientales deben analizar proyectos integrales y no únicamente intervenciones aisladas. Fragmentar las autorizaciones puede terminar ocultando el impacto acumulativo sobre ecosistemas especialmente sensibles. La suma de varios proyectos aparentemente pequeños suele producir efectos mucho mayores que los evaluados individualmente.

Tariquía merece una discusión de esa dimensión. Bolivia necesita producir hidrocarburos, recuperar reservas y garantizar su seguridad energética. Esa necesidad existe y sería irresponsable ignorarla. Pero también resulta irresponsable simplificar el debate hasta convertirlo en una disputa cartográfica sobre un único punto de perforación.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el proyecto completo, cuántos pozos se prevén, qué infraestructura será necesaria, cuáles serán las áreas finalmente intervenidas y cuáles son los escenarios ambientales de largo plazo. Solo con esa información puede hablarse de una verdadera consulta pública y de una decisión informada.

El mayor riesgo no es únicamente perforar un pozo. Es tomar una decisión irreversible creyendo que todavía se está discutiendo un hecho aislado.

Porque las grandes transformaciones casi nunca comienzan con grandes anuncios. Comienzan con una primera autorización que parece limitada, excepcional y provisional. Después, el resto suele llegar por inercia.