Un pacto nacional por la economía
La crisis del coronavirus está haciendo estragos en la salud y en la economía del mundo entero. También en Bolivia, donde sin embargo las medidas económicas tomadas apenas pasan de lo paliativo, es decir, que tratan de garantizar el almuerzo de todos los bolivianos mientras se intenta que se...
La crisis del coronavirus está haciendo estragos en la salud y en la economía del mundo entero. También en Bolivia, donde sin embargo las medidas económicas tomadas apenas pasan de lo paliativo, es decir, que tratan de garantizar el almuerzo de todos los bolivianos mientras se intenta que se acate la cuarentena, pero muy pocas medidas están contemplando el mediano y largo plazo de la economía nacional.
Una encuesta difundida por la Cámara Nacional de Comercio señala que un 80 por ciento de las empresas se plantea recortar personal en los próximos tres meses; un 67 por ciento se plantea el endeudamiento como una forma de recobrar la normalidad, y hasta un 52 por ciento se plantea el cierre total a poco que la cuarentena se alargue.
Un mes después del inicio de la crisis, en el país apenas se han delineado medidas de apoyo para el tejido empresarial, más allá de plantear una serie de aplazamientos en pagos que, en realidad, al estar vinculados a las ganancias como en el caso de los impuestos, no suponen un alivio real y la coordinación con los bancos y el sistema financiero, que por lo general, no ha dado resultados.
En España se han destruido un millón de empleos en un mes, además de que millones se han acogido al Expediente de Regulación Temporal de Empleo, donde el Estado y el Seguro de Desempleo asumen una parte sustancial del ingreso de los trabajadores mientras dure la pandemia; en Estados Unidos, el mercado laboral más dinámico del mundo, se han despedido hasta 10 millones de personas en apenas dos semanas.
En Bolivia no hay un triste registro, porque nunca lo hubo y porque el más reciente estudio del Fondo Monetario Internacional habla de hasta un 70 por ciento de informalidad en el sector laboral.
El Gobierno de transición, de corte muy liberal, ha optado por la línea populista en este asunto desde el momento en el que se convirtió en Gobierno candidato. El Gobierno de los que venían hablando del libre mercado, la libre competencia, de la alcancía de las Reservas Internacionales Netas y todo lo demás, se ha quedado paralizado ante la situación de crisis y apenas ha acertado, como haría cualquiera, a romper la alcancía para inyectar liquidez en el país vía bonos, una medida que amenaza con esfumarse en forma de inflación y desabastecimiento.
Garantizar la continuidad del empleo pasa por apuntalar la viabilidad de las empresas al mismo tiempo que se vela por evitar los abusos. Es demagógico prohibir el despido por decreto, más aún en un contexto de informalidad tan grande como el de Bolivia. No hablamos de los que “viven del día”, sino de cientos de miles de trabajadores en comercios, restaurantes, surtidores de gasolina, cuidadores, peones, jornaleros, etc., que nunca han firmado un contrato laboral, y que se han quedado sin sustento.
La crisis llega en un momento en el que el barril de petróleo vuelve a estar en mínimos históricos, por debajo de los 30 dólares, lo que tendrá otro efecto directo en la locomotora de la industria nacional, que es el Estado, y que también es el principal generador de empleos, que no podrá pagar.
La crisis se aventura de grueso tamaño y evidentemente, más allá de la falta de liderazgo de este Gobierno, exige un pacto nacional entre actores políticos y sectores sociales y empresariales, pero urgente y efectivo.
Una encuesta difundida por la Cámara Nacional de Comercio señala que un 80 por ciento de las empresas se plantea recortar personal en los próximos tres meses; un 67 por ciento se plantea el endeudamiento como una forma de recobrar la normalidad, y hasta un 52 por ciento se plantea el cierre total a poco que la cuarentena se alargue.
Un mes después del inicio de la crisis, en el país apenas se han delineado medidas de apoyo para el tejido empresarial, más allá de plantear una serie de aplazamientos en pagos que, en realidad, al estar vinculados a las ganancias como en el caso de los impuestos, no suponen un alivio real y la coordinación con los bancos y el sistema financiero, que por lo general, no ha dado resultados.
En España se han destruido un millón de empleos en un mes, además de que millones se han acogido al Expediente de Regulación Temporal de Empleo, donde el Estado y el Seguro de Desempleo asumen una parte sustancial del ingreso de los trabajadores mientras dure la pandemia; en Estados Unidos, el mercado laboral más dinámico del mundo, se han despedido hasta 10 millones de personas en apenas dos semanas.
En Bolivia no hay un triste registro, porque nunca lo hubo y porque el más reciente estudio del Fondo Monetario Internacional habla de hasta un 70 por ciento de informalidad en el sector laboral.
El Gobierno de transición, de corte muy liberal, ha optado por la línea populista en este asunto desde el momento en el que se convirtió en Gobierno candidato. El Gobierno de los que venían hablando del libre mercado, la libre competencia, de la alcancía de las Reservas Internacionales Netas y todo lo demás, se ha quedado paralizado ante la situación de crisis y apenas ha acertado, como haría cualquiera, a romper la alcancía para inyectar liquidez en el país vía bonos, una medida que amenaza con esfumarse en forma de inflación y desabastecimiento.
Garantizar la continuidad del empleo pasa por apuntalar la viabilidad de las empresas al mismo tiempo que se vela por evitar los abusos. Es demagógico prohibir el despido por decreto, más aún en un contexto de informalidad tan grande como el de Bolivia. No hablamos de los que “viven del día”, sino de cientos de miles de trabajadores en comercios, restaurantes, surtidores de gasolina, cuidadores, peones, jornaleros, etc., que nunca han firmado un contrato laboral, y que se han quedado sin sustento.
La crisis llega en un momento en el que el barril de petróleo vuelve a estar en mínimos históricos, por debajo de los 30 dólares, lo que tendrá otro efecto directo en la locomotora de la industria nacional, que es el Estado, y que también es el principal generador de empleos, que no podrá pagar.
La crisis se aventura de grueso tamaño y evidentemente, más allá de la falta de liderazgo de este Gobierno, exige un pacto nacional entre actores políticos y sectores sociales y empresariales, pero urgente y efectivo.
