Las tareas urgentes
Si bien el derecho a la protesta es legítimo, la violencia es totalmente censurable, pero además ilegal. Bolivia está viviendo una de las peores etapas de su historia, en cuyo escenario se encuentran enfrentados sus habitantes por divergencias políticas. Los hechos que se vinieron viendo...
Si bien el derecho a la protesta es legítimo, la violencia es totalmente censurable, pero además ilegal. Bolivia está viviendo una de las peores etapas de su historia, en cuyo escenario se encuentran enfrentados sus habitantes por divergencias políticas.
Los hechos que se vinieron viendo ya los sabemos de memoria, más aún la pacificación de nuestro país se está haciendo esperar. Hoy la protesta se ha alejado del respeto a las normas y está chocando con otras libertades.
Su ejercicio se ha transformado en un acto ilegal. La violencia impulsada por unos grupos provoca indignación de quienes están afectados en sus derechos de tránsito, de trabajo, en sus bienes materiales e incluso en su integridad física. La población en ciudades como La Paz y Cochabamba, ni sale tranquila a las calles, ni trabaja en paz. Entretanto la violencia se agrava.
La concentración de los cocaleros del Chapare, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pasó de la marcha “pacífica” a graves enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Esto sucedió cuando la marcha intentó romper el anillo de seguridad que se había instalado en Sacaba, con el fin de evitar que los manifestantes ingresen al centro cochabambino y esto cause violencia.
A los cocaleros se les decomisó armas caseras, objetos punzo cortantes, hondas, machetes, escopetas y explosivos. La Defensoría del Pueblo informó ayer que la cifra de fallecidos ascendió a ocho y ya se habla de nueve, mientras que los heridos suman 115.
Hoy el desafío para el actual Gobierno se agranda, pues debe lograr pacificar a una Bolivia que desde siempre tuvo estas divergencias, pero que también en muchos casos ha sabido estar unida. Ahora se debe lograr la verdadera unión, aquella que nos va a impulsar a dar los buenos pasos que tanto requerimos y a dejar este dantesco episodio atrás.
Para eso será necesario reconocer las diferencias y aceptar que hay una gran parte de nuestro país con pensamiento político diferente. La clave está en lograr acuerdos y ceder, ese gran valor que nos demuestra que nada en esta vida es absoluto.
La responsabilidad máxima de esta tarea la tiene el Gobierno, sobre todo cuando entre las pocas cosas que se espera de Jeanine Áñez es la pacificación.
Añéz debe poner en práctica todo lo que hasta ahora se ha predicado, la unión de la población, la aceptación en la diversidad y sobre todo la paz. Todo debe ir de la mano de un dialogo, que busque en todo momento evitar y apagar la confrontación. Hay cientos de canales de comunicación y formas de llegar a una persona, el Gobierno tendrá que valerse de las mejores.
Sin embargo, también debe quedar claro que todo acto de violencia debe ser castigado. Según coinciden analistas “La impunidad es el principal enemigo de la genuina gobernabilidad democrática porque termina por generar tensiones que ponen en riesgo los espacios de libertad”.
En este marco, el Gobierno debe garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Sobre todo cuando hay quienes no participan de las manifestaciones y se convierten en víctimas de la violencia.
Dentro de todo esto, la presidenta debe tener presente en todo momento sus tres principales tareas. La pacificación, la renovación de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones.
Pero debemos tener en claro que la pacificación sólo será posible si se convoca de inmediato a elecciones generales tras lograr acuerdos; también de inmediato y entre todos los involucrados -incluyendo el MAS- se debe conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales.
Los hechos que se vinieron viendo ya los sabemos de memoria, más aún la pacificación de nuestro país se está haciendo esperar. Hoy la protesta se ha alejado del respeto a las normas y está chocando con otras libertades.
Su ejercicio se ha transformado en un acto ilegal. La violencia impulsada por unos grupos provoca indignación de quienes están afectados en sus derechos de tránsito, de trabajo, en sus bienes materiales e incluso en su integridad física. La población en ciudades como La Paz y Cochabamba, ni sale tranquila a las calles, ni trabaja en paz. Entretanto la violencia se agrava.
La concentración de los cocaleros del Chapare, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pasó de la marcha “pacífica” a graves enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Esto sucedió cuando la marcha intentó romper el anillo de seguridad que se había instalado en Sacaba, con el fin de evitar que los manifestantes ingresen al centro cochabambino y esto cause violencia.
A los cocaleros se les decomisó armas caseras, objetos punzo cortantes, hondas, machetes, escopetas y explosivos. La Defensoría del Pueblo informó ayer que la cifra de fallecidos ascendió a ocho y ya se habla de nueve, mientras que los heridos suman 115.
Hoy el desafío para el actual Gobierno se agranda, pues debe lograr pacificar a una Bolivia que desde siempre tuvo estas divergencias, pero que también en muchos casos ha sabido estar unida. Ahora se debe lograr la verdadera unión, aquella que nos va a impulsar a dar los buenos pasos que tanto requerimos y a dejar este dantesco episodio atrás.
Para eso será necesario reconocer las diferencias y aceptar que hay una gran parte de nuestro país con pensamiento político diferente. La clave está en lograr acuerdos y ceder, ese gran valor que nos demuestra que nada en esta vida es absoluto.
La responsabilidad máxima de esta tarea la tiene el Gobierno, sobre todo cuando entre las pocas cosas que se espera de Jeanine Áñez es la pacificación.
Añéz debe poner en práctica todo lo que hasta ahora se ha predicado, la unión de la población, la aceptación en la diversidad y sobre todo la paz. Todo debe ir de la mano de un dialogo, que busque en todo momento evitar y apagar la confrontación. Hay cientos de canales de comunicación y formas de llegar a una persona, el Gobierno tendrá que valerse de las mejores.
Sin embargo, también debe quedar claro que todo acto de violencia debe ser castigado. Según coinciden analistas “La impunidad es el principal enemigo de la genuina gobernabilidad democrática porque termina por generar tensiones que ponen en riesgo los espacios de libertad”.
En este marco, el Gobierno debe garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Sobre todo cuando hay quienes no participan de las manifestaciones y se convierten en víctimas de la violencia.
Dentro de todo esto, la presidenta debe tener presente en todo momento sus tres principales tareas. La pacificación, la renovación de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a elecciones.
Pero debemos tener en claro que la pacificación sólo será posible si se convoca de inmediato a elecciones generales tras lograr acuerdos; también de inmediato y entre todos los involucrados -incluyendo el MAS- se debe conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Electorales Departamentales.
