El silencio sobre el contrato con Brasil

El contrato con Brasil se ha acabado. El 30 de junio de 2019 vencía el contrato que más recursos le ha dado al Estado boliviano en los últimos 20 años, y también más regalías a Tarija, pues desde siempre ha estado alimentado fundamentalmente por los campos de San Alberto y San Antonio, en...

El contrato con Brasil se ha acabado. El 30 de junio de 2019 vencía el contrato que más recursos le ha dado al Estado boliviano en los últimos 20 años, y también más regalías a Tarija, pues desde siempre ha estado alimentado fundamentalmente por los campos de San Alberto y San Antonio, en el Chaco tarijeño.

Hasta la fecha, lo único que se ha conocido es la aseveración del Ministerio de Hidrocarburos de que quedan 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) por entregar, y que por lo tanto se mantendrá en el tiempo hasta que eso suceda. El Ministerio estima que podría llegar a 2023 o 2024.

Lo cierto es que nadie en Brasil ha abierto la boca al respecto y que tampoco hay datos disponibles sobre ello. No hay ni una triste reunión. Aun siendo cierto que quedan 1,7 trillones de pies cúbicos por entregar, el contrato es complejo y prevé numerosas cláusulas que hay que actualizar y comprobar, como lo del pago comprometido. Es cierto que Bolivia no siempre ha entregado el volumen de reservas comprometido, pero no es tan claro que Brasil no haya pagado los mínimos que sí ha comprometido.

En el pasado reciente, el presidente de YPFB Óscar Barriga salió a la palestra para desmentir que ese 1,7 TCF pendientes ya hubieran sido liquidados, asegurando por tanto que se cobraría y se pagarían las regalías correspondientes.
Mientras Evo Morales acusa a la prensa de silenciarle, nadie en su Gobierno habla de por qué Brasil compra la mitad del gas que estipula el contrato desde marzo.
Lo curioso del asunto es que desde marzo, Brasil compra apenas 12 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, la mitad de lo que su contrato estipula como cantidad mínima a retirar diariamente. Y más allá de las cláusulas que comprenden una regularización a fin de año, no parece posible que de aquí a fin de año se pueda compensar tal baja.

En febrero de 2019 se conoció, por parte de Petrobras, que Brasil había multado a Bolivia por no haber cumplido con las nominaciones a lo largo del año anterior, a pesar de que Argentina redujo considerablemente sus nominaciones. Ya en 2018 se habían conocido diferentes informes del gobierno brasilero – muy poco amigo de hacer negocios con el gobierno de Morales – que recomendaban cortar el contrato de inmediato, alegando que no era fiable, y aún sin referirse a que desde el Presal empiezan a salir los recursos suficientes para abastecer el cinturón industrial de Sao Paolo que en su día alimentábamos desde los pozos de Caraparí.

El Gobierno salió furibundo entonces a asegurar que Petrobras Bolivia pagaría la multa impuesta por Petrobras Brasil. Una rizadura de rico importante, aún sin citar a Tariquía, que es el área damnificada ante la urgencia de la cada vez menos estatal brasilera de aumentar su producción en el país.

Ahora, nadie dice nada al respecto de la bajada del contrato. Nadie dice por qué Brasil no cumple un contrato y por qué. Es cierto que la gestión del Ministro Luis Alberto Sánchez en una situación semejante con Argentina fue desastrosa y acabó costando un anexo a la baja con el que el país vecino estima ahorrar 450 millones de dólares en dos años, lo que afectará a Bolivia y a Tarija. Sin embargo, se espera que algo se haya aprendido de eso, y que el discurso de dignidad y soberanía no se quede en papeles. Es justamente en estas situaciones en las que se ve. No cuando un expresidente convertido a lobista te acaricia el lomo.

El silencio es lo oficial, y mientras tanto, Evo Morales, es capaz de hablar de datos tergiversados y de prensa que acalla. ¿Cuándo el Gobierno hablará del contrato con Brasil? ¿Cuándo demostraremos que Bolivia ha cambiado?

 

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