Debatir el modelo territorial tarijeño
Aunque en la Asamblea Legislativa Departamental crean que lo que tienen entre manos es una simple Ley más, por muy orgánica que sea, y que de lo que se trata es de acomodarla lo más posible a los intereses partidarios, lo cierto es que en la Ley Electoral subyace un modelo de departamento que...
Aunque en la Asamblea Legislativa Departamental crean que lo que tienen entre manos es una simple Ley más, por muy orgánica que sea, y que de lo que se trata es de acomodarla lo más posible a los intereses partidarios, lo cierto es que en la Ley Electoral subyace un modelo de departamento que a la fecha no se ha logrado consolidar, precisamente por los apuros con los que se enfrentó la redacción del Estatuto Autonómico.
Aquello fue una necesidad urgente. Dos modelos de Estado estaban en conflicto y había que dar resultados concretos. En el objetivo de ampliar la base de apoyo se dio contento a casi todos, y si no, se armaron estructuras paralelas. Hay una coincidencia entre actores de que muchos aspectos del Estatuto requieren de una actualización y una mejora y que los Estatutos no están escritos en piedra como para impedir cambios. Hay además determinaciones constitucionales que no pueden ser vulneradas al capricho coyuntural.
Tarija es el departamento que menos población perdió en sus provincias respecto a sus capitales entre los censos de 2001 y 2012, un dato que no es casual sino que de seguro tiene algo que ver la visión integral de Tarija y sus provincias que todos los ejecutivos desde 2005 han defendido en el discurso y en la práctica y que sin embargo no ha servido para achicar una brecha campo – ciudad, provincia – capital.
Todos: Mario Cossío, Lino Condori y Adrián Oliva, han hablado de inversión en lo rural y así ha quedado patente. Caminos, carreteras, agua, y muchísimos elefantes blancos, que en la menor, ha servido para fijar algo de población y atender algunos servicios básicos. Esto no tiene que ver con un diseño estructural que multiplica los cargos electos por dos en cada municipio, con sus respectivos séquitos de secretarios y asesores, vagonetas y celulares de última generación.
Los dos temas supuestamente polémicos en la Asamblea Legislativa Departamental sobre la Ley Electoral tienen aparentemente soluciones sencillas. El primero, el de los curules por provincia, es un aspecto técnico que debe aplicar el Órgano Electoral. El segundo, el de los subgobernadores, ha sido determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Ambos temas hacen a la visión de integración departamental. Una Asamblea Departamental con un mayor peso de las provincias y que ejerza una fiscalización fuerte al ejecutivo permitirá mantener equilibrios y no olvidar las prioridades de desarrollo. Sin embargo, un departamento dividido en pequeños ejecutivos que administran recursos sin atender a un plan mayor, se convertirá en un territorio inconexo y sin mayor ambición que la de sobrevivir al día a día.
Desde El País hemos reclamado a la Asamblea que sostenga un debate territorial de altura, que fije las prioridades y que desde ahí, se legisle con coherencia y con atención a los intereses departamentales. El debate de la Ley Electoral, sin embargo, se lleva entre cuatro paredes sin que se hayan expuesto los criterios, salvo raras excepciones, que justifican una u otra decisión. Aplazar la toma de decisiones no sirve para nada, salvo para evidenciar el valor de cada asambleísta.
Aquello fue una necesidad urgente. Dos modelos de Estado estaban en conflicto y había que dar resultados concretos. En el objetivo de ampliar la base de apoyo se dio contento a casi todos, y si no, se armaron estructuras paralelas. Hay una coincidencia entre actores de que muchos aspectos del Estatuto requieren de una actualización y una mejora y que los Estatutos no están escritos en piedra como para impedir cambios. Hay además determinaciones constitucionales que no pueden ser vulneradas al capricho coyuntural.
Tarija es el departamento que menos población perdió en sus provincias respecto a sus capitales entre los censos de 2001 y 2012, un dato que no es casual sino que de seguro tiene algo que ver la visión integral de Tarija y sus provincias que todos los ejecutivos desde 2005 han defendido en el discurso y en la práctica y que sin embargo no ha servido para achicar una brecha campo – ciudad, provincia – capital.
Todos: Mario Cossío, Lino Condori y Adrián Oliva, han hablado de inversión en lo rural y así ha quedado patente. Caminos, carreteras, agua, y muchísimos elefantes blancos, que en la menor, ha servido para fijar algo de población y atender algunos servicios básicos. Esto no tiene que ver con un diseño estructural que multiplica los cargos electos por dos en cada municipio, con sus respectivos séquitos de secretarios y asesores, vagonetas y celulares de última generación.
Los dos temas supuestamente polémicos en la Asamblea Legislativa Departamental sobre la Ley Electoral tienen aparentemente soluciones sencillas. El primero, el de los curules por provincia, es un aspecto técnico que debe aplicar el Órgano Electoral. El segundo, el de los subgobernadores, ha sido determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Ambos temas hacen a la visión de integración departamental. Una Asamblea Departamental con un mayor peso de las provincias y que ejerza una fiscalización fuerte al ejecutivo permitirá mantener equilibrios y no olvidar las prioridades de desarrollo. Sin embargo, un departamento dividido en pequeños ejecutivos que administran recursos sin atender a un plan mayor, se convertirá en un territorio inconexo y sin mayor ambición que la de sobrevivir al día a día.
Desde El País hemos reclamado a la Asamblea que sostenga un debate territorial de altura, que fije las prioridades y que desde ahí, se legisle con coherencia y con atención a los intereses departamentales. El debate de la Ley Electoral, sin embargo, se lleva entre cuatro paredes sin que se hayan expuesto los criterios, salvo raras excepciones, que justifican una u otra decisión. Aplazar la toma de decisiones no sirve para nada, salvo para evidenciar el valor de cada asambleísta.
