El campo tarijeño se vacía
El Puente se vacía; Yunchará está en riesgo incluso de perder su condición de municipio; Padcaya – el municipio que más población había perdido entre los censos de 2001 y 2012 – acentúa su despoblación… El área rural se vacía y en su lugar, las grandes ciudades se llenan de gente...
El Puente se vacía; Yunchará está en riesgo incluso de perder su condición de municipio; Padcaya – el municipio que más población había perdido entre los censos de 2001 y 2012 – acentúa su despoblación… El área rural se vacía y en su lugar, las grandes ciudades se llenan de gente que llega a las capitales con las ganas justas de empezar de nuevo y la necesidad de insertarse en un ambiente que no controla y para el que no está preparado.
El fenómeno no es ni muchos menos exclusivo de Tarija, la migración es un fenómeno mundial con especial incidencia en la migración campo – ciudad y en la que Bolivia es paradigma según la agencia especializada de Naciones Unidas. De hecho, en comparación con el resto de departamentos, Tarija era el departamento donde más población parecía haber fijado en el área rural en la comparativa entre censos y con otros departamentos como Santa Cruz y La Paz, cuyas urbes son ya metrópoli.
Los pequeños caudillos de turno dedicaron los recursos a repartir prebendas y garantizar su permanencia en el poder, pero al no integrarse en un plan de desarrollo departamental mayor, en la mayoría de ocasiones el dinero del gas se evaporó.
El dato, que fue importante en 2012, sirvió para justificar algunos programas de índole asistencialista desarrollados con dinero de las regalías y con claros objetivos políticos populistas. Ya por entonces era vox populi que una buena parte del padrón rural mantenía su registro en el campo, desde donde recibía proyectos como el Prosol o las Brigadas y además pagaba menos impuestos, pero que en efectivo vivía en la ciudad o en el núcleo más poblado. Es el caso, por ejemplo, del distrito 11 de Padcaya cuya inmensa mayoría de la población vive en Bermejo y de otras grandes áreas en Yunchará y San Lorenzo.
Acabada la bonanza, se acabó el disimulo. El éxodo está siendo masivo en la zona alta pero se siente en todo el departamento; mientras tanto, las capitales deben tomar previsiones para atender a nueva población.
La migración acentuada posterior al crack del barril de petróleo y la caída de ingresos del departamento evidencia el problema sintomático en la administración de recursos, que básicamente durante los cuatro largos años de interinato de Lino Condori se cuartearon en pequeñas porciones y se enviaron a todos los municipios y subgobernaciones sin mayor orden o coherencia. A continuación, los pequeños caudillos de turno dedicaron los recursos a contentar a su gente, repartir prebendas y garantizar su permanencia en el poder, pero al no integrarse en un plan de desarrollo departamental mayor, en la mayoría de ocasiones el dinero del gas se evaporó.
Los municipios necesitan una mejor financiación, las subgobernaciones – tal como están concebidas – desaparecer, y el departamento en su integridad, incluyendo la Autonomía Regional del Chaco, armar un plan de desarrollo productivo lógico y ambicioso que enfoquen las inversiones y que necesariamente pasa por la educación, por la transformación del poco gas que queda, por la producción de alta calidad en los valles y por irrigar el Chaco seco, entre otros muchos aspectos.
El Gobierno nacional es quien debe garantizar la provisión de recursos suficientes a los municipios para que atiendan las necesidades fundamentales, pero el desarrollo productivo, evidentemente, no se logra repartiendo el presupuesto en pequeños porcentajes por pequeñas unidades territoriales. Por eso un Pacto Fiscal no se trata de porcentajes, sino de prioridades.
El fenómeno no es ni muchos menos exclusivo de Tarija, la migración es un fenómeno mundial con especial incidencia en la migración campo – ciudad y en la que Bolivia es paradigma según la agencia especializada de Naciones Unidas. De hecho, en comparación con el resto de departamentos, Tarija era el departamento donde más población parecía haber fijado en el área rural en la comparativa entre censos y con otros departamentos como Santa Cruz y La Paz, cuyas urbes son ya metrópoli.
Los pequeños caudillos de turno dedicaron los recursos a repartir prebendas y garantizar su permanencia en el poder, pero al no integrarse en un plan de desarrollo departamental mayor, en la mayoría de ocasiones el dinero del gas se evaporó.
El dato, que fue importante en 2012, sirvió para justificar algunos programas de índole asistencialista desarrollados con dinero de las regalías y con claros objetivos políticos populistas. Ya por entonces era vox populi que una buena parte del padrón rural mantenía su registro en el campo, desde donde recibía proyectos como el Prosol o las Brigadas y además pagaba menos impuestos, pero que en efectivo vivía en la ciudad o en el núcleo más poblado. Es el caso, por ejemplo, del distrito 11 de Padcaya cuya inmensa mayoría de la población vive en Bermejo y de otras grandes áreas en Yunchará y San Lorenzo.
Acabada la bonanza, se acabó el disimulo. El éxodo está siendo masivo en la zona alta pero se siente en todo el departamento; mientras tanto, las capitales deben tomar previsiones para atender a nueva población.
La migración acentuada posterior al crack del barril de petróleo y la caída de ingresos del departamento evidencia el problema sintomático en la administración de recursos, que básicamente durante los cuatro largos años de interinato de Lino Condori se cuartearon en pequeñas porciones y se enviaron a todos los municipios y subgobernaciones sin mayor orden o coherencia. A continuación, los pequeños caudillos de turno dedicaron los recursos a contentar a su gente, repartir prebendas y garantizar su permanencia en el poder, pero al no integrarse en un plan de desarrollo departamental mayor, en la mayoría de ocasiones el dinero del gas se evaporó.
Los municipios necesitan una mejor financiación, las subgobernaciones – tal como están concebidas – desaparecer, y el departamento en su integridad, incluyendo la Autonomía Regional del Chaco, armar un plan de desarrollo productivo lógico y ambicioso que enfoquen las inversiones y que necesariamente pasa por la educación, por la transformación del poco gas que queda, por la producción de alta calidad en los valles y por irrigar el Chaco seco, entre otros muchos aspectos.
El Gobierno nacional es quien debe garantizar la provisión de recursos suficientes a los municipios para que atiendan las necesidades fundamentales, pero el desarrollo productivo, evidentemente, no se logra repartiendo el presupuesto en pequeños porcentajes por pequeñas unidades territoriales. Por eso un Pacto Fiscal no se trata de porcentajes, sino de prioridades.
