Confiscar para... ¿qué? Un peligroso precedente
El paro cívico de ayer, más allá de su contundencia, enciende alarmas que debieron haber sonado años atrás, respecto a la tendencia confiscatoria del gobierno, acrecentada en los últimos tiempos. Comenzó primero con el Decreto Supremo 1202 del año 2012, por el que se paga un incentivo a...
El paro cívico de ayer, más allá de su contundencia, enciende alarmas que debieron haber sonado años atrás, respecto a la tendencia confiscatoria del gobierno, acrecentada en los últimos tiempos.
Comenzó primero con el Decreto Supremo 1202 del año 2012, por el que se paga un incentivo a las trasnacionales, en forma de Notas de Crédito o NOCRES, de 30 dólares por barril de petróleo crudo, para que se explore y produzca más petróleo crudo y derivados.
En un principio, intentamos apoyar la medida, entendiendo la urgencia de la tarea. Pero advertimos que el fondo del asunto estaba en la incapacidad de YPFB por asumir esta responsabilidad por su propia cuenta, y en que los contratos petroleros suscritos con las mismas transnacionales a finales de 2006 eran ampliamente beneficiosos para éstas sin exigirles explorar.
Luego, más abiertamente, llegó la Ley de Incentivos, llamada oficialmente “Ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera”, que en los hechos confisca el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para crear un fondo que incentive a las transnacionales que operan en Bolivia a explorar.
Una medida escasamente relacionada con el tono y el objetivo del Decreto nacionalizador del 1 de mayo de 2006, y más cercano a la mentalidad predominante en los gobiernos de la neoliberal década de 1990.
La confiscación del 12% del IDH, que afectó las arcas de Gobernaciones, Municipios, Universidades y Fondo Indígena, se vio agravada con la caída de los precios petroleros a nivel global, obligando a reformular presupuestos subnacionales para ajustarse a los tiempos.
Ahora, el gobierno decidió confiscar los ingresos adicionales por el aumento del barril del petróleo. Ya ni siquiera se la puede pintar como una medida de emergencia que busca generar incentivos para nadie.
Si uno descarta que esta medida tenga intenciones políticas (algo que no se puede hacer por completo), lo único que queda es la intención del gobierno central de sostener su gasto por medio ya no solamente de incrementos de impuestos y deuda pública, sino a través de la confiscación de recursos que no le corresponden.
Se estaría, por tanto, cruzando una línea muy peligrosa. Algunos analistas, los más alarmistas, advierten que si se consolida y normaliza la confiscación de presupuestos las administraciones departamentales, municipales y universitarias, las próximas confiscaciones pueden tocar los aportes jubilatorios administrados por la AFP, a través del arranque de la Gestora Pública de Pensiones (GP).
El traspaso de las jubilaciones a la GP no es de por sí una confiscación, pero efectivamente pone esos recursos a disposición inmediata del todopoderoso y cada vez más desesperado Ejecutivo. Ya se sabe de las intenciones de extranjerizar ese ahorro interno.
Los alarmistas también dicen que cuando la crisis golpee de lleno a Bolivia, el gobierno incluso podría echar mano de los ahorros bancarios de los ciudadanos. Alarmista y excesivo, ciertamente. Pero los pasos que está dando el gobierno son ideales para dar gran eco a este tipo de interpretaciones. La inconsecuencia se está volviendo normal.
Comenzó primero con el Decreto Supremo 1202 del año 2012, por el que se paga un incentivo a las trasnacionales, en forma de Notas de Crédito o NOCRES, de 30 dólares por barril de petróleo crudo, para que se explore y produzca más petróleo crudo y derivados.
En un principio, intentamos apoyar la medida, entendiendo la urgencia de la tarea. Pero advertimos que el fondo del asunto estaba en la incapacidad de YPFB por asumir esta responsabilidad por su propia cuenta, y en que los contratos petroleros suscritos con las mismas transnacionales a finales de 2006 eran ampliamente beneficiosos para éstas sin exigirles explorar.
Luego, más abiertamente, llegó la Ley de Incentivos, llamada oficialmente “Ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera”, que en los hechos confisca el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para crear un fondo que incentive a las transnacionales que operan en Bolivia a explorar.
Una medida escasamente relacionada con el tono y el objetivo del Decreto nacionalizador del 1 de mayo de 2006, y más cercano a la mentalidad predominante en los gobiernos de la neoliberal década de 1990.
La confiscación del 12% del IDH, que afectó las arcas de Gobernaciones, Municipios, Universidades y Fondo Indígena, se vio agravada con la caída de los precios petroleros a nivel global, obligando a reformular presupuestos subnacionales para ajustarse a los tiempos.
Ahora, el gobierno decidió confiscar los ingresos adicionales por el aumento del barril del petróleo. Ya ni siquiera se la puede pintar como una medida de emergencia que busca generar incentivos para nadie.
Si uno descarta que esta medida tenga intenciones políticas (algo que no se puede hacer por completo), lo único que queda es la intención del gobierno central de sostener su gasto por medio ya no solamente de incrementos de impuestos y deuda pública, sino a través de la confiscación de recursos que no le corresponden.
Se estaría, por tanto, cruzando una línea muy peligrosa. Algunos analistas, los más alarmistas, advierten que si se consolida y normaliza la confiscación de presupuestos las administraciones departamentales, municipales y universitarias, las próximas confiscaciones pueden tocar los aportes jubilatorios administrados por la AFP, a través del arranque de la Gestora Pública de Pensiones (GP).
El traspaso de las jubilaciones a la GP no es de por sí una confiscación, pero efectivamente pone esos recursos a disposición inmediata del todopoderoso y cada vez más desesperado Ejecutivo. Ya se sabe de las intenciones de extranjerizar ese ahorro interno.
Los alarmistas también dicen que cuando la crisis golpee de lleno a Bolivia, el gobierno incluso podría echar mano de los ahorros bancarios de los ciudadanos. Alarmista y excesivo, ciertamente. Pero los pasos que está dando el gobierno son ideales para dar gran eco a este tipo de interpretaciones. La inconsecuencia se está volviendo normal.
