Recuperación pos-Covid-19: el bienestar social por delante

La economía de la región se contraerá en un 9,1% este 2020, según la última actualización realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Una caída inédita para nuestra generación: “para encontrar otra contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930, cuando el PIB cayó un 5%, o hasta 1914, cuando descendió un 4,9%”.

En países como Bolivia esta crisis está poniendo de manifiesto las vulnerabilidades del modelo económico, además de un conjunto de falencias institucionales que probablemente deriven en mayor desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de la población.

Es así que la pregunta sobre cómo enfrentar la pandemia no es menor. Si bien muchos economistas señalan que lo importante es salvar la economía a cualquier costo, la CEPAL enfatiza que esto solo ocurrirá si el bienestar de la sociedad es puesta como prioridad.

La dimensión de la crisis no debe minimizarse

Una vez superado el escenario electoral en Bolivia, es tiempo de tomarse la crisis económica con seriedad. Si bien es cierto que en los siguientes meses la economía podría estabilizarse más aún si la vacuna contra la Covid-19 comienza a ser distribuida, los impactos de mediano y largo plazo recién comenzarán a hacerse evidentes. Impactos que son principalmente sociales y que tienen que ver con el bienestar de la sociedad.Como señala la CEPAL, “la caída de la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 2020, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al que había en 2010: es decir, se producirá un retroceso de diez años en el nivel de ingreso por habitante”.

Este informe agrega: “el aumento del desempleo, que según las previsiones será de 5,4 puntos porcentuales, supondrá un incremento del número de personas en situación de pobreza de 45,4 millones, [alcanzando] al 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentará [hasta afectar] al 15,5% del total de la población”.

En Bolivia, muchos de estos indicadores pueden incluso ser peores debido a la informalidad y precariedad de su economía.

El bienestar social en el centro de la economía

A diferencia del modelo neoliberal que, por definición, privilegia la estabilidad de los mercados y los intereses privados, la estrategia para enfrentar la actual crisis económica debe partir del bienestar social.

“Recuperar o fortalecer la institución del bienestar como derecho, y su prestación como deber social. Es el momento para que el Estado recupere su lugar como proveedor de bienes y servicios sociales, y para que el sector público ilustre y promueva la identidad colectiva y los objetivos comunes. El fortalecimiento del Estado, así como del rol del sector público, debe ser un medio para abrir caminos institucionales destinados a lograr una mayor inclusión social en la senda de la cultura de la igualdad”, señala el informe de la CEPAL.

Este organismo, que a principio del siglo XXI abrazó la implementación de políticas de libre mercado, replantea su postura y reconoce la poca utilidad de estas para enfrentar el actual escenario de crisis.

Una institucionalidad confiable para enfrentar la crisis

Luego de las recientes elecciones, Bolivia todavía se enfrenta a un complejo proceso para superar la crisis política de más de un año en el que se vio inmersa y que, entre otras cosas, influyó en la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Uno de los problemas más grandes ha sido la erosión de la credibilidad en la institucionalidad estatal, lo que también impactó en la efectividad de gestión de la crisis sanitaria y su derivación económica.

En este sentido, la CEPAL explica que “enfrentar la corrupción es uno de los desafíos prioritarios en América Latina y el Caribe, ya que esta actúa como una fuerza contraria al nuevo modelo de desarrollo que se necesita para superar la crisis de la Covid-19. La corrupción regional corroe la confianza social porque pone en duda la legitimidad de las autoridades y sus decisiones, y aumenta la distancia entre la ciudadanía y las instituciones públicas”.

“Es necesario fortalecer el estado de derecho, impulsar un sistema transversal de integridad, promover la rendición de cuentas y reforzar los sistemas regulatorios, a fin de que estos sean capaces de promover la competencia justa y limitar las prácticas perjudiciales que reducen la calidad de los bienes suministrados a los ciudadanos”.

Es importante que el nuevo escenario político produzca confianza social y certidumbre para que el país pueda centrarse en lo importante. “No hay dilema: lo primero es la salud” y luego la precarización social. Es importante contar con instituciones que se enfoquen en estos objetivos para enfrentar la crisis.