La urgencia de un Ingreso Básico para enfrentar la pandemia

Pareciera que la pandemia nos ha puesto en un complejo dilema: salud o economía. Mientras que no exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra los síntomas del virus, la medida que salva más vidas es la de quedarse en casa lo más posible, pero ello tiene consecuencias desastrosas para la economía. Solo en el primer trimestre de 2020 se estima que se perdieron más de 130 millones de empleos a tiempo completo en el mundo.Al respecto, diversos analistas e intelectuales, así como ONGs e incluso organismos internacionales, vienen planteando la necesidad de una renta básica para mitigar los efectos de la pandemia. La CEPAL, una de las impulsoras de esta medida, calcula que en América Latina una medida de este tipo es viable por un lapso que podría ir de 3 a 6 meses.

Esta discusión evidencia que salud y economía no son dimensiones contrapuestas, a no ser que la economía tenga como único propósito el de beneficiar los intereses de unos pocos.

¿Por qué un Ingreso Básica?

Existen diversas corrientes que desde hace muchos años vienen haciendo un llamado para la instauración de un Ingreso Básico como principio universal para la convivencia humana. El “Manifiesto por una renta básica” señala lo siguiente: “la Renta Básica Universal, una asignación monetaria incondicional, es una política imprescindible y necesaria para garantizar el derecho a una vida material digna para las personas”.

Y al respecto del contexto actual este manifiesto plantea: “Solo hace falta mirar las cifras del paro, inactividad laboral, eventualidad y de trabajadoras y trabajadores pobres. Las implicaciones del contexto derivado de la crisis por la Covid-19 lo están haciendo todavía más evidente. La Renta Básica Universal es una oportunidad para desvincular el trabajo como vector fundamental para la inclusión social”.

Si bien la Renta Básica Universal parte de un planteamiento permanente en el tiempo, la situación actual, producto de la pandemia, convoca a pensar mínimamente en una Renta Básica de Emergencia (RBE), como la denominan los académicos Jamie Cooke y Jurgen De Wispelaere.

Estos explican que “la idea de la RBE es bastante simple. En un momento en el que una parte significativa de la fuerza de trabajo está obligada a quedarse en sus casas y los individuos, las familias y los pequeños empresarios sufren dificultades económicas, la asistencia del gobierno debe adoptar la forma de un instrumento que se ocupe directamente de los problemas más urgentes  pérdida de ingreso”.Además: “la RBE (…) ofrece de manera inmediata un apoyo en efectivo (sin demoras debidas a los controles de elegibilidad), se dirige a quienes son más vulnerables a la crisis económica, y aumenta la solidaridad pandémica mediante un mecanismo de reparto de la carga que compense a quienes han perdido su trabajo o las oportunidades de negocio y a quienes desempeñan trabajos esenciales para que puedan continuar realizándolos aún con un riesgo personal considerable”.

Como señala el investigador de la Universidad de Barcelona, David Casassas, a raíz de la pandemia y de todas las medidas de confinamiento que se implementaron en el mundo, “muchas personas, en el norte y en el sur, se han dado cuenta de que en dos semanas de confinamiento desaparece cualquier atisbo de seguridad material”.

Por este motivo es que muchos organismos y medios, incluso algunos reconocidos por su cercanía a una economía de libre mercado, como la revista Financial Times, sugieren que la Renta Básica debe ser parte de un nuevo contrato social pos-pandemia.

Sin embargo, en Bolivia este debate está rezagado y no porque no exista el excedente para gestionar medidas de este tipo, sino porque simplemente es algo que no es considerado por la política de este país.

¿Es posible una Ingreso Básico de Emergencia para Bolivia?

Es posible, siempre y cuando la prioridad del Estado se concentre en el cuidado de la vida de la población. Pero no cabe duda que una renta de emergencia temporal es fundamental, para amortiguar la situación de desesperación a la que se han visto enfrentadas millones de personas en estos meses.

La CEPAL considera que “como promedio para los países de la región, el costo de las transferencias monetarias varía entre un mínimo del 0,2% del PIB por una transferencia equivalente a una línea de extrema pobreza (67 dólares de 2010) durante tres meses para todas las personas mayores de 65 años y un máximo del 9,8% del PIB por una transferencia equivalente a una línea de pobreza (143 dólares) durante seis meses para todas las personas (transferencia universal)”.

Entre estos extremos, se plantean varias situaciones intermedias, como la de, por ejemplo, dotar de un ingreso de 143 dólares durante seis meses a los trabajadores informales, a las personas mayores de 65 años y a las niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. En este caso, la CEPAL estima que esto tendría un costo que se aproxima al 5,7% del PIB de un país de la región.

Es decir, para el caso Boliviano esto significaría aproximadamente un monto de $US de 2.330 millones de dólares. Esta cifra, puesta en perspectiva, no es una quimera. Estamos hablando de la crisis económica más profunda del mundo y del país en los últimos 100 años sino más. Por lo que la respuesta debería estar a la altura de las circunstancias.

El gobierno acaba de aprobar un paquete de medidas que solo para beneficiar al sector agroempresarial se utilizarán $US 600 millones. ¿No será tiempo de que la política pública cambie de prioridades en el país?