Corrupción: ¿es posible prevenir antes que perseguir?

La ola de eventos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años -tanto en Latinoamérica como en la propia Bolivia- está generando debate sobre el rol de la auditoría y la fiscalización en la lucha contra la corrupción.

Al respecto, “todavía no existe consenso acerca de si éstas pueden prevenir la corrupción y no sólo identificar e intervenir prácticas ilícitas dentro del Estado una vez que ya han ocurrido”, explican María José Jarquín y Mariano Lafuente, Especialistas Líder en Modernización del Estado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según los expertos, el combate contra la corrupción se puede abordar desde diferentes ángulos:  prevenir los conflictos de interés, implementar tecnología en obras públicas, mejorar los controles sobre las personas expuestas políticamente o la lucha contra el lavado de dinero, entre otros.

Otro elemento considerado como “fundamental” es la “mejora de los Sistemas Nacionales de Control, particularmente a través del fortalecimiento de las Entidades de Fiscalización Superior”.

Si bien las entidades de fiscalización (contralorías generales, tribunales de cuentas, etc.) desempeñan un papel importante en la rendición de cuenta de los gobiernos, su labor se ha centrado tradicionalmente en las auditorías financieras y de cumplimiento.

Jarquín y Lafuente detallan que estas tareas abarcan dos grandes espacios. “Por un lado, implica comprobar si las decisiones financieras y administrativas de un gobierno se han realizado conforme a las leyes y procedimientos vigentes. Por otro lado, de detectarse irregularidades, se procede a abrir una investigación y emitir la sanción correspondiente”.

Esto significa que las acciones, en su mayor parte, se centran en detectar y castigar la corrupción, pero no tanto en adelantarse a ella o prevenirla, más allá del desincentivo que implica tener sistemas de control funcionando adecuadamente.

Prevención y detección temprana

Los especialistas del BID consideran que “el control sobre el gasto público es una necesidad de los Estados, y la lucha contra la corrupción es sólo uno de los beneficios”.

O como señala la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE, que reúne a países desarrollados), las entidades de fiscalización también pueden contribuir a mejorar la formulación de políticas y las decisiones sobre licitaciones con evidencia más sólida y evaluaciones sobre la relación calidad-precio. Ese tipo de información sirve un doble propósito: aumentar la eficiencia del gasto público por un lado y, por otro, detectar y desincentivar la corrupción.

Ya existen ejemplos de entidades de fiscalización que han desarrollado herramientas de prevención y detección de la corrupción. Un ejemplo es la Caja de Herramientas es un aporte de Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), hoy fusionada con la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas en la C.T. de Prácticas de Buena Gobernanza.

Esta Caja consiste en un catálogo de buenas prácticas y herramientas operativas desarrolladas por las EFS de América Latina para el control de la corrupción. Se incluyen instrumentos de prevención, denuncia y auditoría, así como mecanismos de participación de la ciudadanía y usos de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Por otra parte, Jarquín y Lafuente agregan que “también se está avanzando hacia auditorías no tradicionales como las auditorías de desempeño o las auditorías a mecanismos de control interno”, que tratan de identificar riesgos y detectar irregularidades dentro de las entidades públicas.

Ejemplo peruano se enfoca en prevención y control

En lo concreto, Perú ya ha promulgado en 2018 la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, que, según asesores del BID, “supone una reforma radical al engranaje institucional anticorrupción”.

Basándose en la propia experiencia local y de otros países (como China y Alemania), la ley se enfoca en asesorar a los funcionarios y prevenir los actos deshonestos en lugar de solamente aplicar sanciones una vez que la falta ha sido cometida.

“Esta nueva modalidad implica un mayor rol del control concurrente: en otras palabras, un sistema de alertas tempranas que gestiona riegos y corrige ineficiencias para reducir las oportunidades de prácticas fraudulentas”, explican Jarquín y Lafuente.

Impunidad, un problema adicional

Roberto de Michele, especialista y director de transparencia e integridad del BID, explica que para evitar la impunidad en temas de corrupción es necesario “contar con instrumentos legales apropiados”, lograr la “cooperación de las fuerzas del orden”, y tener “investigadores debidamente capacitados en analizar complejas maniobras ilícitas”.

Los 3 aspectos todavía requieren de mucho esfuerzo por parte de los países para avanzar. Pero de Michele también advierte que incluso si se lograsen cumplir esos 3 aspectos, esa calidad de una investigación “no sirve de mucho” si los órganos de justicia no son completamente independientes.

“Es poco probable que las investigaciones lleguen a buen puerto y se consideren objetivas si el Ministerio Publico y el Poder Judicial no actúan de manera completamente independiente”, puntualiza.