Ante baja renta extractiva sube asedio económico a empresas

Ya a principios de año, empresarios bolivianos se mostraban “poco optimistas” sobre este 2018, resaltando la falta de perspectivas de que se reviertan problemas como la extrema dependencia de los precios de las materias primas, el contrabando, ni el asedio tributario a la empresa privada formal.

Los datos confirman que son las empresas formalmente constituidas y los ciudadanos comunes quienes financian las arcas del Estado boliviano, situación que se daba incluso en los años de bonanza de los hidrocarburos pero que se profundiza en la actual época de precios menores.

Hay distintas versiones sobre esto. A principios de 2017, el Banco Mundial calificó a Bolivia como uno de los peores países para pagar impuestos. Y un estudio del español Diego Sánchez De La Cruz consideraba a Bolivia como un “infierno tributario”, basándose en datos del FMI, del Índice de Frank y del Índice Trigo/Pizarro.

Entre finales de ese año y principios de éste, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Actualización de la presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe”, destacaba que “respecto a las contribuciones privadas obligatorias, las mayores cifras en promedio de 2011-2015 se localizan en Chile (4,4% del PIB), Bolivia (3,6%), Uruguay (3,4%) y Costa Rica (3,0%)”.
El mismo estudio revelaba también que entre 2000-2004 y 2011-2015 Bolivia tuvo los mayores aumentos de presión fiscal equivalente y de ingresos tributarios como porcentaje del PIB, con 12,6% y 10,3% respectivamente, seguido de Argentina (8,6% y 8,9%) y Ecuador (8,7% y 6,4%).

Basándose en esta fuente de información, en abril de 2018, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) fue más allá, afirmando que la presión impositiva total en Bolivia respecto del PIB alcanza a cerca de 34%, considerando los conceptos de renta, IVA, contribución a la seguridad social y otros, y que es el más alto de toda la región, coincidiendo con lo que Sánchez De La Cruz afirmaba un año antes.

Financiando al Estado
En los años de bonanza en Bolivia, los ingresos percibidos por el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y las regalías de esta materia prima, eran aproximadamente la tercera parte de lo que generaba el pago de impuestos por parte de las empresas bolivianas y los ciudadanos.
Los datos basados en la Memoria de la Economía Boliviana, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), así lo muestran: el año 2014 la renta hidrocarburífera (regalías e IDH juntos) recibida por Bolivia sumaban 24.607 millones de bolivianos (más de 3.535 millones de dólares).

Mientras tanto, ese mismo año, los ingresos por impuestos recaudados por el nivel central del Estado (IVA, IT, RC-IVA, ICE, impuestos a viajes al exterior, gravamen aduanero, ITF, IUE, etc.) significaron la suma de 48.850 bolivianos (casi 7.019 millones de dólares).
Sumados ambos, en 2014 el Estado recaudó 73.457 millones de bolivianos (10.554 millones de dólares. Si se sacan proporciones, lo recaudado por la renta hidrocarubirífera significaba menos del 33,5%, mientras lo recaudado de los ciudadanos y empresas bolivianas legalmente constituidas significó más del 66,5%.
Tras la crisis del petróleo y la consiguiente caída de los precios de exportación de gas a Brasil y Argentina, el sector de hidrocarburos aporta aún menos, tanto en términos proporcionales como totales, profundizándose la tendencia.
Para el año 2016, el total recaudado por renta hidrocarburífera e impuestos nacionales efectivamente cayó de manera considerable.
La porción aportada por hidrocarburos fue de 9.627 millones de bolivianos (1.383 millones de dólares), apenas el 16,8%. Mientras, la porción aportada por empresas y ciudadanos bolivianos a través del pago de diversidad de impuestos fue de 47.591 millones de bolivianos (6.838 millones de dólares), o sea más del 83%.

Si bien la recaudación de impuestos ciudadanos bajó, esta caída fue leve comparada a la caída de los ingresos por hidrocarburos, con lo que las empresas formales y la población en general han consolidado y aumentado su rol financiador de los gastos del Estado.
Datos proyectados para 2017 (provenientes del Presupuesto General del Estado 2017) muestran una aún mayor profundización de esta tendencia.

Por un lado, la renta hidrocarburífera caería a 8.953 millones de bolivianos (1.286 millones de dólares), mientras la recaudación de impuestos subirá levemente a 47.896 millones de bolivianos (6.881,6 millones de dólares).

Con esto, las nuevas proporciones serían de 15,75% para la renta de hidrocarburos, y de 84,25% en cuanto el aporte de los impuestos pagados por empresas y ciudadanos bolivianos. Aun considerando la recuperación relativa de los precios de hidrocarburos exportados, la tendencia se mantiene este año.

Fuerte para recaudar
Al respecto, el economista y analista de la ONG Ciudadanía, Gonzalo Vargas, considera que el sistema impositivo boliviano “carga el peso del aporte en un sector de la sociedad, un peso demasiado fuerte, y no universaliza el impuesto”, por lo que no están nivelados los derechos y las obligaciones.
Vargas también ve que “no solamente son los impuestos, sino que hay una cantidad de prácticas de exacción que tiene el Estado. El Estado es fuerte para sacarle dinero al ciudadano, pero no es fuerte para darle servicios, no es fuerte para darle su lugar al ciudadano”, porque no brinda servicios eficientes y de calidad. Es ahí donde el Estado desaparece. “Desaparece en salud, en educación con una gran interrogante también, en todo”, indica.