Comunarios de áreas protegidas suman fuerzas con Tariquía

Los pobladores tomaron en cuenta el estado de emergencia de las comunidades de Tariquía, las continuas movilizaciones, los 77 días de vigilia del cantón de Chiquiacá y la violencia ejercida por parte del Estado

II Congreso Nacional de Integración y Defensa de Territorios Indígenas

Los habitantes de Tariquía sumaron fuerzas con otras comunidades campesinas e indígenas de áreas protegidas de Bolivia que se enfrentan a conflictos similares de vulneración de sus derechos y de las normativas que preservan el medio ambiente.

La comunaria de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, Lourdes Sutara Farfán, explicó que se reunieron en la comunidad de Vado del Yeso -municipio de Vallegrande en el departamento de Santa Cruz- en el marco del II Congreso Nacional de Integración y Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, y realizaron una petición formal para que el Gobierno nacional desista de cualquier actividad hidrocarburífera en el área protegida de Tarija.

Los pobladores tomaron en cuenta el estado de emergencia de las comunidades de Tariquía, las continuas movilizaciones, los 77 días de vigilia del cantón de Chiquiacá, la violencia ejercida por parte del Estado contra los comunarios y la importancia de Tariquía para el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de todo el departamento.

Las comunidades de otras áreas protegidas de Bolivia prestarán plena e incondicional solidaridad con las comunidades en resistencia y el rechazo a las actividades hidrocarburíferas dentro del territorio de Tariquía por responder a la imposición del Estado y de las empresas transnacionales.

Se apoyará a las organizaciones campesinas en resistencia que sobrellevan los embates del Gobierno, amedrentamientos, división de las organizaciones, desinformación, chantajes, prebendas, falsas acusaciones y la violación de los derechos humanos de la población que se vive al interior del área protegida.

Exigen la abrogación de los proyectos de perforación exploratoria de los pozos Domo Oso X1, Domo Oso X2, Astillero X1, Astillero X2, Churumas X2 y Churumas X3, todos dentro del área protegida. Además de la anulación de los contratos que dan viabilidad a estos proyectos.

Por su parte, el comunario de Chiquiacá, Juan Mendoza, indicó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) deberá anular el plan de manejo aprobado con la Resolución 159/14, por su ilegalidad y con desconocimiento de las comunidades.

“Este plan de manejo ha viabilizado los proyectos exploratorios que ahora son razón de conflicto en las comunidades. Es necesario la construcción de un plan de manejo que sea dialogado y consensuado con la población. Es necesario que las autoridades nacionales y regionales garanticen proyectos de desarrollo, sin condiciones”, expresó.

De esta manera, repudiaron la consulta realizada en la Reserva y se pretende la anulación de los decretos supremos 2195, 2366 y 2298 declarados inconstitucionales por las comunidades.


Ministerio de Hidrocarburos vuelve a contradecirse

En una nota anterior de El País, se publicó una declaración del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que recalcó que la consulta a las comunidades campesinas de una zona protegida es anterior a la realización de los contratos con las empresas petroleras que realizarán las actividades de exploración y explotación.

“En los procedimientos; primero es la consulta y después el contrato, en Tariquía hemos hecho la consulta y no ha entrado una sola carretilla a Tariquía. Entrará cuando las poblaciones se pongan de acuerdo -hay un paréntesis- las poblaciones nos han pedido que haya un paréntesis y la estamos respetando, pese a que hubo una consulta previa”, afirmó.

Sin embargo, fue el presidente, Evo Morales, quien pidió a los campesinos no perjudicar los trabajos de exploración e indicó que el contrato de servicio petrolero para la exploración y explotación del área San Telmo Norte fue suscrito el 15 de enero del 2018 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), YPFB Chaco y Petrobras Bolivia, mientras que el acta de la consulta previa indica que se realizó el 6 y el 7 de septiembre de la pasada gestión.

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