Soruco rechaza que el desarrollo de Bolivia dependa de explorar Tariquía: “El progreso no depende del ingreso a una reserva”
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, cuestionó la resolución del Tribunal Agroambiental que levantó la medida cautelar que impedía los trabajos relacionados con el proyecto exploratorio Domo Oso X-3, al considerar que existen observaciones ambientales de fondo que todavía no fueron resueltas. Advirtió que los controles y monitoreos posteriores no son suficientes para garantizar la prevención de posibles daños irreversibles en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
En una conferencia de prensa, Soruco sostuvo que la principal preocupación de la Gobernación radica en que se haya levantado la prohibición de ingreso y ejecución de trabajos sin que previamente se hayan aclarado los cuestionamientos sobre posibles afectaciones al medio ambiente.
"La prevención no solamente es mandar a realizar controles y monitoreos. La prevención implica tomar realmente medidas para evitar daños irreparables", manifestó.
La autoridad cuestionó que la resolución judicial establezca mecanismos de seguimiento ambiental sin resolver previamente las observaciones planteadas por los sectores que se oponen al proyecto. También señaló que la determinación debe analizarse en relación con una sentencia constitucional emitida a principios de año, cuyos alcances considera que deben ser tomados en cuenta.
Entre los cuestionamientos mencionó posibles incumplimientos de las restricciones ambientales relacionadas con la proximidad de las actividades hidrocarburíferas a los cursos de agua. Como ejemplo, indicó que existirían observaciones respecto a que el 35% del proyecto se encontraría dentro del río, sin respetar la distancia mínima de 50 metros que, según explicó, debe mantenerse.
"Esto podría tener un daño irreversible. Lo que nosotros queremos es que no vengan después explicaciones en el daño ambiental. Tenemos que prevenir, tenemos que hacer el trabajo de manera correcta", sostuvo.
Soruco remarcó que el Gobierno nacional debe trasladarse a Tarija para responder de manera individual y con respaldo científico a los cuestionamientos planteados por activistas, organizaciones y sectores que defienden la reserva.
"Si ellos consideran que no hay daño ambiental, que expliquen, pero que lo expliquen de manera científica", enfatizó.
Gobernación evalúa acciones legales
Consultada sobre las acciones que asumirá la Gobernación frente a la resolución, la autoridad informó que los accionantes presentaron un recurso de complementación y enmienda, mientras que la institución departamental evalúa otras alternativas jurídicas, entre ellas la posibilidad de presentar acciones de amparo.
Sin embargo, consideró que también es necesario que el Gobierno nacional asuma un papel activo para transparentar el proyecto y responder a las observaciones ambientales.
La gobernadora aseguró que la Gobernación trabaja desde hace más de tres meses en un plan departamental relacionado con Tariquía y que continuará acompañando las acciones orientadas a esclarecer los posibles impactos ambientales y garantizar que las actividades se desarrollen conforme a la normativa.
Soruco cuestiona que se vincule el progreso con la exploración en Tariquía
Otro de los puntos que marcó la posición de la autoridad fue su rechazo a los argumentos que presentan la exploración hidrocarburífera en Tariquía como una condición para el desarrollo económico del país.
Soruco cuestionó que se pretenda instalar una narrativa en la que el progreso de Bolivia dependa de permitir o no actividades exploratorias dentro de la reserva.
"El progreso hay que cambiar también. No depende y no debe depender solamente del ingreso o no a una reserva, sino aquello podría poner al departamento en una situación contraria a los intereses", afirmó.
Asimismo, recordó que Tarija ha contribuido durante muchos años a la economía nacional mediante sus recursos hidrocarburíferos y sostuvo que la conservación de las áreas protegidas, el agua y el medio ambiente también debe formar parte de la visión de desarrollo.
La posición de la Gobernación se suma a los cuestionamientos expresados por el movimiento cívico y representantes de las comunidades de Tariquía, que también anunciaron que analizarán nuevas acciones tras el fallo del Tribunal Agroambiental.
Mientras tanto, la administración departamental mantiene sus observaciones y evalúa las vías legales que podría activar frente a una resolución que, a su criterio, habilita actividades sin haber despejado previamente las dudas sobre sus posibles consecuencias ambientales.


