Mendoza dice que no hay sobreprecios en Salud

Después de casi tres semanas sin atender los pedidos de entrevista de este medio, el secretario municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Paúl Mendoza, solicitó dar su versión sobre los supuestos sobreprecios junto a su equipo técnico y de comunicación.

La explicación central de Mendoza es que los precios cuestionados corresponden a presentaciones comerciales —cajas o paquetes— y no a unidades individuales. Según mostró con órdenes de compra, las 284 lapiceras del contrato ANPE N° 109/2025 se adquirieron en cajas de 50 unidades a 65 bolivianos la caja, es decir, 1,30 bolivianos por lapicera. Lo mismo, dijo, ocurre con los folders y con las bolsas de bioseguridad, cuya ficha técnica detalla un grosor y sellado específico para desechos hospitalarios.

En el caso del omeprazol (ANPE N° 062/2025), Mendoza afirmó que la unidad de medida sí corresponde a la dosis —comprimido o ampolla, según prescribe una receta médica— pero que el municipio compró por debajo de 0,66 bolivianos como precio de referencia fijado por la LINAME: 0,46 bolivianos frente a un referencial (en el proceso de contratación) de 0,57 en comprimidos, y 11,70 frente a 19,47 en inyectables.

Sobre las ocho declaratorias desiertas identificadas, el responsable de contrataciones explicó que la normativa (Decreto Supremo 4505 y Decreto Supremo 0181) obliga a intentar primero la compra a proveedores nacionales; si no se presentan ofertas, el proceso pasa a una segunda modalidad y, si el monto es menor a 50.000 bolivianos, se reencauza como contratación menor. Según esta versión, ello explicaría por qué hay 37 procesos distintos para medicamentos: la norma exige comprar por ítems y no de forma global, y cada proveedor fija su propio precio evaluado.

Mendoza también negó que exista desabastecimiento de medicamentos o insumos en la red municipal, y atribuyó su silencio de casi tres semanas a la agenda de actividades por el 4 de julio.

Un peritaje forense sobre otro proceso de medicamentos (CUCE 25-1601-00-1578991-1-1), examinado de forma independiente, respalda parcialmente ese argumento: allí la entidad adjudicó por debajo del precio referencial. Pero el mismo informe señala hallazgos sin explicar en el expediente, como un “proveedor preseleccionado” sin nombre ni NIT, numeraciones de proceso y de órdenes de compra que no coinciden entre sí, y la ausencia del estudio de mercado que sustentó el precio referencial inicial. El análisis concluye que hay un control documental deficiente.

Este es uno de los 113 procesos de contratación en salud revisados por este medio. La verificación caso por caso de las unidades de medida, estudios de mercado, actas de recepción y especificaciones técnicas en los 112 procesos restantes continúa.