Municipios piden ser incluidos en ley que devuelve el 12% del IDH

El proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores y que plantea devolver parte de los recursos retenidos mediante la Ley 767, normativa que creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), ha abierto el reclamo por parte de los gobiernos municipales que también exigen beneficiarse con esta norma, además que también contemple a las universidades.

Aunque la iniciativa ha sido recibida como un alivio para las gobernaciones, los municipios cuestionan que el beneficio esté concentrado únicamente en los gobiernos departamentales, pese a que las retenciones del IDH también afectaron sus presupuestos durante los últimos años.

La propuesta legislativa autoriza el uso excepcional de hasta 164 millones de bolivianos acumulados durante la gestión 2025 en el FPIEEH para apoyar financieramente a las gobernaciones, que enfrentan una drástica caída de ingresos por regalías hidrocarburíferas e IDH. El objetivo es evitar la paralización de servicios esenciales y cubrir obligaciones pendientes.

Sin embargo, durante el tratamiento de la norma surgieron observaciones sobre la exclusión de municipios, autonomías indígenas y universidades públicas, sectores que también aportaron recursos al fondo creado por la Ley 767.

Una ley que avanza y otra estancada

El debate legislativo tiene además otro componente. Mientras el Senado aprobó el proyecto para devolver los recursos acumulados durante 2025, continúa pendiente en la Cámara de Diputados el tratamiento de la ley que plantea la abrogación definitiva de la norma que permite descontar el 12% del IDH para financiar la exploración hidrocarburífera.

El senador tarijeño César Mentasti recordó que dicha abrogación ya fue aprobada en la Cámara Alta, pero hasta la fecha no ha sido considerada por Diputados.

“Lo que no entiendo es por qué hasta el día de hoy no se trata en Diputados. Ya hemos aprobado en el Senado la ley de abrogación del fondo de exploración y explotación hidrocarburífera”, cuestionó.

Según el legislador, la devolución planteada para la gestión 2025 representa apenas una medida paliativa frente a una demanda mayor de las regiones, recuperar de manera permanente los recursos retenidos durante años.

Mentasti reconoció además que la observación realizada por alcaldes y universidades es válida, debido a que el descuento del 12% del IDH afectó a todos los beneficiarios de este impuesto y no únicamente a las gobernaciones.

Los municipios buscan evitar la exclusión

Desde Tarija, el alcalde Johnny Torres se ha convertido en una de las voces más críticas respecto al alcance del proyecto.

La autoridad recordó que la propuesta original contemplaba la devolución de recursos para gobernaciones, municipios y universidades, pero advirtió que el texto actualmente en análisis prioriza únicamente a los gobiernos departamentales.

“Si hay una disposición para devolver recursos a las gobernaciones, está bien, no objetamos eso, pero nos llama poderosamente la atención que no se contemple a los municipios ni a las universidades”, afirmó.

Torres aseguró que estos recursos serían determinantes para enfrentar la crisis económica que atraviesan los gobiernos municipales. Estimó que la Alcaldía de Tarija podría recibir alrededor de 55 millones de bolivianos, mientras que una cifra similar podría distribuirse entre los otros diez municipios del departamento.

A su criterio, esa inyección económica permitiría sostener programas de inversión, atender gastos operativos y enfrentar el incremento de costos generado por el alza de combustibles y salarios.

Un reclamo regional

La demanda de los municipios no es aislada. A través de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), las alcaldías preparan una posición conjunta para exigir que la Cámara de Diputados modifique el proyecto antes de su aprobación definitiva.

El argumento central es que la crisis financiera golpea por igual a todas las entidades subnacionales. Mientras las gobernaciones enfrentan dificultades para cumplir con el pago de deudas y servicios, los municipios advierten problemas para financiar proyectos, cubrir gastos corrientes y garantizar programas de salud, educación y desarrollo productivo.

En ese contexto, el tratamiento del proyecto en Diputados se ha convertido en una de las principales expectativas de las regiones. La decisión que asuma la Asamblea Legislativa no solo definirá el destino de los 164 millones de bolivianos acumulados en el fondo de exploración, sino también si el alivio económico alcanzará únicamente a las gobernaciones o se extenderá a municipios y universidades que reclaman una distribución más equitativa de los recursos retenidos por la Ley 767.

Devolución
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Crece la presión por la devolución del 12% del IDH

Para las entidades territoriales, la devolución del 12% del IDH ya no es solo una discusión legislativa, se ha convertido en una necesidad urgente para sostener la gestión pública en medio de una de las etapas económicas más complejas de los últimos años. Desde la AMT han advertido que en caso de no asignarse recursos económicos a los niveles municipales, varios de estos corren el riesgo de no llegar hasta fin de año.

Los municipios no son las únicas entidades que se encuentran económicamente contra las cuerdas, pues también la Gobernación ha reportado un panorama complejo, pues al margen de esta devolución de recursos, también plantean al nivel central una programación de la deuda que tienen principalmente con el FNDR y que el Gobierno se haga cargo de varias competencias contraídas mediante ley.