Romero plantea jubilar la Ley 767, atraer inversión y sin tocar el IDH

El debate sobre la continuidad de la Ley 767 y la retención del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sumó una nueva propuesta, orientada a atraer inversiones al sector hidrocarburífero sin afectar los recursos de las gobernaciones, municipios ni universidades públicas

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, sostiene que el actual mecanismo de financiamiento del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), creado mediante la Ley 767, terminó debilitando las economías regionales sin lograr resultados en materia de exploración y descubrimiento de nuevos campos hidrocarburíferos.

Romero explicó que una de las alternativas es aplicar un régimen tributario flexible para nuevos proyectos hidrocarburíferos, ajustando regalías e impuestos de acuerdo al precio internacional del petróleo y gas, el riesgo exploratorio, la profundidad de los pozos y el tipo de reservorio.

Según detalló, este tipo de mecanismos ya son utilizados en varios países productores, debido a que permiten mejorar la rentabilidad de las inversiones sin recurrir a la reducción de recursos destinados a las regiones productoras.

La segunda propuesta apunta a fortalecer la seguridad jurídica y generar contratos más competitivos para atraer capitales internacionales. Romero indicó que Bolivia necesita reglas claras y estables por periodos de 20 a 30 años, además de procesos más ágiles para la aprobación de proyectos y mecanismos de arbitraje técnico internacional.

A criterio de la autoridad, gran parte de los inversionistas se alejaron del país no por falta de incentivos económicos, sino por la incertidumbre regulatoria y la falta de garantías de largo plazo.

Como tercera medida, planteó la creación de un fondo nacional financiado con producción incremental futura, es decir, con recursos provenientes de nuevas exportaciones, utilidades extraordinarias, producción adicional o incluso bonos energéticos.

“Primero se debe generar riqueza y después distribuir incentivos”, señaló Romero, enfatizando que este modelo evitaría seguir afectando a las autonomías regionales mediante descuentos directos a sus ingresos actuales.

El debate sobre la Ley 767 volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, luego de que diferentes autoridades y sectores regionales exigieran dejar sin efecto la retención del 12% del IDH. Desde Tarija sostienen que la normativa ha significado una importante pérdida económica para las entidades subnacionales.

De acuerdo a un análisis estimativo presentado por Romero, entre las gestiones 2016 y 2025 la Gobernación de Tarija dejó de percibir alrededor de 96 millones de bolivianos por efecto de esta retención.

En esa misma línea, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, había señalado anteriormente que los municipios también se vieron afectados, estimando que entre 2020 y 2025 los aportes retenidos equivalen a aproximadamente 50 millones de bolivianos.