Municipios piden el 12% del IDH, la Gobernación reprogramar deudas

La crisis económica que atraviesan las instituciones públicas de Tarija ha llegado a un punto crítico, la Gobernación busca reprogramar millonarias obligaciones financieras para evitar un colapso de liquidez, por otro lado, los gobiernos municipales presionan por la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido por la Ley 767. Ambos niveles coinciden en que los recursos ya no alcanzan para atender las demandas de la población.

La reducción sostenida de los ingresos hidrocarburíferos, el incremento de costos operativos y la crisis económica nacional han puesto contra las cuerdas a las entidades subnacionales. En este escenario, las autoridades departamentales y municipales presionan al Gobierno nacional para conseguir recursos que les permitan cerrar la gestión sin mayores sobresaltos.

La Gobernación busca un respiro financiero

El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación de Tarija, Fernando Romero, confirmó que una comisión viajará a La Paz para reunirse con autoridades del Ministerio de Planificación y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), con el objetivo de renegociar obligaciones financieras que amenazan con agravar la situación económica departamental.

La principal preocupación está concentrada en julio, mes en el que la Gobernación deberá desembolsar cerca de 17 millones de bolivianos para cumplir compromisos crediticios con entidades públicas y privadas.

La cifra resulta preocupante si se toma en cuenta que actualmente la institución percibe alrededor de 25 millones de bolivianos mensuales por concepto de regalías hidrocarburíferas, una fuente de ingresos que se ha reducido drásticamente en la última década.

Romero explicó que la intención no es dejar de pagar las obligaciones contraídas, sino negociar una reprogramación que permita distribuir las cuotas en varios meses y aliviar la presión sobre las finanzas departamentales.

La Gobernación arrastra además una deuda estimada en aproximadamente 800 millones de bolivianos, situación que limita su capacidad de inversión y respuesta frente a las demandas de distintos sectores.

Debate del pacto fiscal

La delicada situación financiera también ha reactivado el debate sobre la distribución de recursos en el país.

Diversos sectores políticos y económicos han vuelto a plantear la necesidad de retomar la discusión del pacto fiscal, un tema pendiente desde hace varios años y que busca redefinir los mecanismos de asignación de recursos entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios.

Para Romero, la caída de los ingresos provenientes de los hidrocarburos demuestra la necesidad de construir un nuevo modelo de financiamiento regional que permita a los gobiernos subnacionales contar con mayores herramientas para afrontar sus competencias.

Municipios ajustan gastos

Mientras la Gobernación busca alivio financiero mediante la reprogramación de sus deudas, los municipios enfrentan una realidad similar.

La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, reconoció que los conflictos sociales y la crisis económica afectan directamente la capacidad de gestión de los gobiernos municipales, que deben responder a crecientes demandas con recursos cada vez más limitados.

Ante esta situación, el municipio ha optado por implementar medidas de austeridad y generación de ingresos propios. Entre ellas se encuentra una ley municipal para facilitar la transferencia de vehículos, además del alquiler de maquinaria y la ejecución de proyectos bajo modalidades de contraparte comunitaria.

Según Armella, el presupuesto aprobado para la gestión alcanzaba los 17 millones de bolivianos; sin embargo, el incremento de costos en combustibles, medicamentos y salarios ha reducido la capacidad de inversión.

La autoridad advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, los recursos municipales podrían alcanzar únicamente hasta octubre.

La presión por el 12% del IDH

Frente a este panorama, los municipios tarijeños han unificado posiciones a través de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) para exigir la devolución del 12% del IDH retenido por la Ley 767.

Las autoridades consideran que estos recursos representan una de las pocas alternativas inmediatas para fortalecer las finanzas municipales y garantizar la continuidad de obras, programas y servicios básicos hasta fin de año.

Armella recordó que existe una propuesta legislativa en tratamiento en la Cámara de Diputados y expresó la esperanza de que pueda ser aprobada en el corto plazo.

Para los gobiernos municipales, la restitución de esos recursos no solamente permitiría cubrir gastos corrientes, sino también atender proyectos productivos, obras de infraestructura y programas sociales que actualmente enfrentan dificultades de financiamiento.

Deuda
La Gobernación de Tarija en alerta, debe pagar Bs 17 millones en julio mientras sus ingresos caen

Los niveles subnacionales y un desafío común

Aunque las estrategias son diferentes, Gobernación y municipios enfrentan un mismo problema: la reducción de ingresos pero con crecientes obligaciones financieras.

Mientras el nivel departamental apuesta por la reprogramación de deudas y la búsqueda de mayor apoyo estatal, los municipios centran su lucha en recuperar recursos que consideran les pertenecen por derecho.

La propuesta del 50/50, que parecía una solución que nacía desde el Gobierno nacional, se ha quedado estancada esto debido a los conflictos sociales que se registran en el país desde hace más de 40 días.