Tarija: Créditos y donaciones las opciones para sostener proyectos

Créditos internacionales, donaciones, financiamiento externo, reprogramación de deudas e incluso mecanismos de compensación financiera aparecen como algunas de las opciones que manejan la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y la Gobernación para sostener proyectos, así evitar que la crisis termine paralizando la gestión pública.

La falta de recursos económicos se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la ejecución de obras y proyectos en Tarija. La disminución de los ingresos provenientes de hidrocarburos, el incremento de los costos operativos y las crecientes demandas de la población han puesto contra las cuerdas a las instituciones públicas.

Buscan recursos fuera del país

Desde la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), su director ejecutivo, Ángel Aparicio, aseguró que la estrategia actual apunta a aprovechar al máximo las oportunidades de financiamiento internacional y cooperación externa.

La autoridad destacó la reciente llegada de equipamiento médico gestionado ante organismos internacionales, que beneficiará a varios municipios del departamento sin representar una carga económica para las alcaldías.

“Es un equipamiento del BID que no nos cuesta nada a los tarijeños, no son créditos ni deudas, sino gestiones que van a beneficiar al sector salud”, explicó.

Según Aparicio, la donación alcanzará a once municipios y representa una inversión cercana a los 5 millones de bolivianos en equipamiento destinado a fortalecer la atención médica en regiones que históricamente han tenido limitaciones de infraestructura y tecnología.

Sin embargo, la búsqueda de financiamiento no se limita al área de salud. El ejecutivo de la AMT reveló que junto a varios alcaldes se realizan gestiones para acceder a programas de cooperación vinculados al tratamiento de residuos sólidos, una problemática que afecta a gran parte de los municipios tarijeños.

Para ello, autoridades de Bermejo, El Puente, Entre Ríos y otros municipios sostendrán reuniones con representantes de la cooperación española y argentina, con el objetivo de acceder a financiamiento destinado a la construcción de pequeñas plantas de tratamiento de residuos.

Aparicio explicó que estos programas pueden canalizar recursos de hasta 3 millones de bolivianos por municipio, permitiendo implementar soluciones que actualmente son difíciles de financiar con recursos propios.

“Estamos utilizando una herramienta que durante mucho tiempo estuvo olvidada. Hoy la AMT se está convirtiendo en el puente para acceder a créditos, financiamiento y cooperación para los municipios”, señaló.

La situación económica obliga a las alcaldías a buscar fuentes alternativas de recursos, especialmente en municipios pequeños donde los ingresos por coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) han disminuido considerablemente en los últimos años.

Gobernación negocia un respiro financiero

Mientras los municipios tocan puertas en organismos internacionales, la Gobernación de Tarija concentra sus esfuerzos en lograr alivios financieros que le permitan enfrentar una compleja situación de liquidez.

El secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, informó que las recientes reuniones con autoridades del Gobierno Nacional permitieron abrir la posibilidad de revisar los contratos de financiamiento vigentes y negociar modificaciones extraordinarias con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La principal preocupación del Ejecutivo departamental es el pago de obligaciones financieras acumuladas para el segundo semestre del año.

“Nosotros no estamos pidiendo que se nos perdone la deuda ni que se nos otorguen años de gracia. Lo único que queremos es que los pagos puedan distribuirse de manera mensual para tener un respiro financiero”, explicó Romero.

La propuesta de la Gobernación consiste en reprogramar aproximadamente 23 millones de bolivianos que deben cancelarse entre julio y diciembre, evitando que se concentren cuotas elevadas en determinados meses.

Según la autoridad, la situación económica departamental impide asumir desembolsos de gran magnitud en periodos cortos, especialmente cuando los ingresos departamentales continúan disminuyendo.

Romero indicó que existe predisposición para analizar mecanismos de flexibilización, aunque la decisión final dependerá de las evaluaciones técnicas y legales que realice el FNDR durante los próximos días.

El reclamo por el pacto fiscal

Más allá de la reprogramación de créditos, tanto la Gobernación como los municipios habían señalado que la solución estructural pasa por reabrir el debate sobre el pacto fiscal y la distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado, que si bien ha sido prometida por el 50/50 del Gobierno, no ha tenido ningún avance hasta la fecha

El secretario de la Gobernación, Fernando Romero sostuvo que durante años los gobiernos departamentales asumieron competencias nacionales sin recibir financiamiento suficiente, situación que terminó debilitando las finanzas regionales.

La autoridad adelantó que este tema será planteado nuevamente en una reunión nacional de gobernadores prevista para los próximos días en Tarija, donde se espera consolidar una posición conjunta para exigir cambios en la política de distribución de recursos.

Los 88 millones que reclama Tarija

Uno de los principales reclamos del departamento está relacionado con los recursos retenidos mediante la Ley 767 y el Fondo de Promoción para la Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

Según datos de la Gobernación, entre 2016 y 2025 Tarija dejó de percibir aproximadamente 88 millones de bolivianos debido a la retención del 12% del IDH destinado a dicho fondo.

Romero recordó que actualmente existe una propuesta legislativa que plantea devolver parte de esos recursos, pero considera que la medida resulta insuficiente.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Senadores contempla la restitución correspondiente únicamente a la gestión 2025, lo que para Tarija representaría alrededor de siete millones de bolivianos.

Sin embargo, desde la Gobernación sostienen que el planteamiento debería ampliarse para devolver la totalidad de los recursos retenidos durante la última década.

La propuesta no es solo del nivel departamental, pues con anterioridad los gobiernos municipales también habían reclamado por la devolución del 12% del IDH retenido.