Gobernación define su hoja de ruta ante la crisis fiscal

La reunión de los gobernadores la pasada semana en Santa Cruz dejó planteada una agenda común y, para Tarija, una hoja de ruta que deberá comenzar a ejecutarse desde esta semana. La Gobernación enfrenta simultáneamente el impacto del nuevo precio del diésel, la variabilidad de los ingresos vinculados a los hidrocarburos y ligados al dólar, y una estructura de gastos que aún mantiene competencias departamentales sin contar con los recursos que tuvo durante el auge gasífero.

El desafío inmediato será convertir los acuerdos políticos alcanzados con el Gobierno nacional en medidas concretas, algo en lo que confían sobre todo las cabezas del equipo técnico – político armado alrededor de María René Soruco, con Esteban Ortuño en los mandos de lo jurídico y Fernando Romero en lo económico. El plazo fijado por los gobernadores es el 31 de octubre, pero para Tarija la negociación tendrá varios frentes y algunos requieren respuestas antes de que termine la gestión.

Urgencias

El primero es el combustible. El precio del diésel establecido por el Decreto Supremo 5716, de Bs 17,95 por litro, altera las previsiones con las que fueron elaborados los presupuestos departamentales. La Gobernación sostiene que este incremento representa un costo adicional para actividades que dependen directamente del combustible, como el mantenimiento de carreteras, el funcionamiento de maquinaria e incluso los servicios de salud.

Por ello, la hoja de ruta contempla gestionar ante el Gobierno una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación que permita compensar la diferencia entre el precio considerado en el presupuesto y el costo efectivo del diésel.

La demanda no se limita a una compensación temporal. Tarija también plantea que el costo real del combustible sea incorporado en los techos presupuestarios y en el PGE 2027 – que se elaboraron con referencias de 9,80 -, además de garantizar una provisión regular de diésel para los servicios departamentales.

Otro paso será conseguir autorización para realizar modificaciones y reasignaciones presupuestarias excepcionales. La preocupación de la Gobernación es que el aumento del combustible termine obligando a reducir recursos destinados a otras áreas para mantener funcionando maquinaria, vehículos y servicios. Servicios como el Sedag o el Sedeca están bajo la lupa.

Hay un dato que se pasa por encima, que tiene que ver con la liquidación de regalías, que es en dólares. Hace tres meses se calculaban a 6,96, pero hoy se usa la cotización vigente en el Banco Central, lo que teóricamente debería elevar el monto.

Recuperar capacidad financiera

El segundo frente es estructural y tiene como horizonte el presupuesto de 2027. Tarija respaldará la propuesta de los departamentos para establecer una nueva distribución de los ingresos tributarios nacionales y conseguir una participación directa de las gobernaciones en la coparticipación tributaria.

La propuesta plantea un 15% de coparticipación tributaria para los gobiernos departamentales, sin afectar los recursos que actualmente corresponden a municipios y universidades.

Para Tarija, esta discusión tiene una particularidad. El departamento pasó de administrar alrededor de Bs 164 millones mensuales durante los mejores años del ciclo gasífero a unos Bs 23 millones actualmente, según los datos expuestos por la gobernadora María René Soruco.

La diferencia explica por qué la Gobernación considera insuficiente cualquier solución basada únicamente en reprogramar deudas. La discusión que viene es sobre ingresos permanentes y sobre la capacidad de financiar las competencias departamentales en un escenario en el que la renta hidrocarburífera ya no cumple el papel que tuvo durante la bonanza.

El retorno del IDH

El tercer componente de la hoja de ruta es la recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Tarija deberá acompañar la exigencia de los gobiernos departamentales para abrogar la Ley 767 y recuperar durante 2027 los saldos acumulados del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La demanda tiene especial relevancia para Tarija porque se trata de uno de los departamentos que históricamente aportó la mayor parte de la producción hidrocarburífera nacional. La discusión ahora se produce en condiciones completamente diferentes: la producción ha caído y también lo hicieron las transferencias vinculadas al gas.

PRFT, Fagobol y deuda

La Gobernación también tiene que activar dos instrumentos financieros que pueden resultar determinantes para su situación inmediata.

Uno es el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), aprobado mediante el Decreto Supremo 5686, cuyo cronograma debe comenzar a concretarse mediante acuerdos específicos con las entidades departamentales.

El otro es el Fagobol, creado mediante el Decreto Supremo 5363 como mecanismo de apoyo financiero a los gobiernos autónomos departamentales y regionales. Los gobernadores reclaman acelerar los trámites para que pueda operar.

Para Tarija, ambos mecanismos son importantes porque permiten abordar el problema de la deuda y la falta de liquidez sin confundir ese alivio financiero con la necesidad de construir una fuente permanente de ingresos.

Tres leyes para cambiar las reglas

Finalmente, la Gobernación tendrá que acompañar la agenda legislativa planteada por los nueve departamentos.

Se trata de la modificación de la Ley 154, relacionada con los impuestos de dominio de los gobiernos autónomos; el proyecto de Ley del 50/50, destinado a fortalecer la autonomía económica y financiera departamental; y una Ley Básica de Relaciones Internacionales de los gobiernos autónomos departamentales.

El objetivo es que la discusión no quede limitada a una negociación anual del presupuesto, sino que modifique algunas de las reglas que determinan la capacidad financiera y de gestión de las gobernaciones.

Una negociación con varios tiempos

Así, la hoja de ruta de Tarija tiene al menos tres tiempos. El primero es inmediato: conseguir una respuesta al impacto del diésel y evitar que el incremento del combustible desordene el presupuesto departamental.

El segundo es financiero: activar el PRFT, Fagobol, aliviar las obligaciones nacionales y ordenar las cuentas de la Gobernación.

El tercero es estructural: negociar una nueva distribución de los ingresos, recuperar el 12% del IDH y lograr que el PGE 2027 incorpore una estructura de financiamiento que permita a Tarija sostener sus competencias.

El 31 de octubre aparece como la primera fecha de evaluación. Pero para la Gobernación, la verdadera discusión será la que se abra durante los próximos meses: cómo financiar un departamento que ya no recibe los recursos de la época del gas, pero que debe seguir prestando servicios, manteniendo carreteras, atendiendo salud y ejecutando sus competencias.

La reunión de Santa Cruz terminó. Ahora comienza la negociación.