Denuncian al ejecutivo regional José Ábrego por acoso político

La controversia generada en la Región Autónoma del Chaco por la reducción del costo de la canasta alimentaria destinada a los adultos mayores del municipio de Yacuiba escaló a un nuevo nivel y terminó en una denuncia por presunto acoso político contra el ejecutivo regional, José Ábrego. La acusación surge a raíz de supuestas amenazas dirigidas a la legisladora regional Janeth Paredes, luego de que esta realizara tareas de fiscalización sobre la ejecución del beneficio social.

La asambleísta regional María René Barrios expresó públicamente su solidaridad con su colega y calificó como un acto de “cobardía” el presunto amedrentamiento ejercido desde el nivel ejecutivo. En ese marco, anunció que se buscará sentar precedentes para evitar que este tipo de acciones se repitan contra autoridades electas que cumplen funciones de control.

Según Barrios, los hechos se originan tras un proceso de fiscalización al Gobierno Regional del Chaco, durante el cual se tomó conocimiento —a través de los propios dirigentes de las personas de la tercera edad, Elizabeth Torres y Carlos Ramírez— de presuntas presiones para que firmen un documento solicitando la rebaja del costo de la canasta alimentaria. Dicho documento habría sido remitido a la Asamblea Regional, planteando que el beneficio tenga un valor de 100 bolivianos.

La legisladora advirtió que una carta firmada por un sector de los adultos mayores no puede estar por encima de lo establecido en la Disposición Normativa Regional (Dinore) N° 33, que regula la entrega y el monto de la canasta alimentaria. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo Regional haya tomado decisiones sin respetar la normativa vigente.

Barrios también observó inconsistencias en el informe presentado por el Ejecutivo, el cual señala que se entregaron las 12 canastas alimentarias con un supuesto valor de 100 bolivianos cada una. Sin embargo, tras realizar una verificación y la sumatoria de los productos adquiridos, afirmó que el costo real apenas alcanzaría los 70 bolivianos.

Con documentación en mano, la asambleísta expuso una comparativa de precios entre los productos incluidos en la canasta y los valores del mercado local. Detalló, por ejemplo, que el arroz fue cotizado en Bs 16 dentro de la canasta, cuando en los mercados se encuentra en Bs 12; la harina de trigo figura a Bs 16, pero su precio real es de Bs 7; el azúcar blanca aparece a Bs 11 frente a Bs 6 en el mercado; el trigo pelado a Bs 13 en la canasta y Bs 12 en venta regular; y el fideo a Bs 17, cuando su precio comercial ronda los Bs 10.

“Quienes somos mujeres conocemos cómo y dónde se compran los productos. Además, cuando se adquiere en cantidad, el costo suele ser menor”, afirmó Barrios, al reforzar sus observaciones sobre la diferencia de precios.

La legisladora expresó su preocupación por el incumplimiento de la normativa regional y sostuvo que este trabajo de fiscalización habría incomodado al Ejecutivo Regional. Según denunció, como consecuencia de estas observaciones, se habrían enviado mensajes de texto con la intención de intimidar a las legisladoras involucradas en el control.

Finalmente, Barrios cuestionó la conferencia de prensa ofrecida por funcionarios del Gobierno Regional, a quienes acusó de justificar decisiones que calificó como arbitrarias y de respaldar el accionar del ejecutivo Ábrego, en un contexto que ahora es analizado desde el ámbito político y legal.