Advierten que la redistribución de recursos quedará para el futuro gobierno
La falta de datos del Censo está atrasando el Pacto Fiscal
Desde el Comité Interinstitucional por el Censo de Tarija cuestionan que la información completa del Censo de Población y Vivienda recién se haga conocer después de las elecciones generales



Luego que el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunciara que los resultados finales del Censo de Población y Vivienda serán publicados en agosto de 2025, han surgido críticas al trabajo de la entidad estatal por tener que esperar a que pasen las elecciones generales para dar a conocer estos datos. Cuando lo que corresponde es que la información se haga pública lo antes posible, para a partir de eso reorientar las políticas públicas, además de empezar a debatir el Pacto Fiscal.
Cabe mencionar que el trabajo del INE ya había sido observado por diferentes instituciones en la gestión pasada, más cuando los resultados del Censo registraban una variación considerable con las proyecciones que se habían realizado.
Comité del Censo
El responsable del Comité Interinstitucional por el Censo en Tarija, Rodrigo Fuenzalida, manifestó que cuando se publicaron los resultados parciales del Censo, no permitieron al Comité Cívico a realizar las observaciones, sino que solamente se permitió hablar a quienes “realizaban felicitaciones” al trabajo del INE.
“Nosotros estamos convencidos que los resultados que se han presentado no son los adecuados, de que es un daño económico al departamento de Tarija y sus municipios. Mientras no hayan las explicaciones técnicas en cada uno de los departamentos no vamos a estar satisfechos con eso”, apuntó.
Fuenzalida manifestó que el hecho de presentar los resultados del Censo después de las elecciones nacionales, que están fijadas para el 17 de agosto, es porque el Gobierno pretende colocar “cortinas de humo” para que el tema no sea el blanco de críticas, pero mientras tanto los municipios siguen con problemas económicos.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno haya hecho oídos sordos al planteamiento realizado desde el Comité Interinstitucional por el Censo, de establecer un fondo de compensación para las regiones que enfrentan la disminución de recursos económicos.
Pacto Fiscal
Fuenzalida cuestionó la falta de voluntad que ha tenido el Gobierno del presidente Luis Arce de encarar el proceso del Pacto Fiscal. Enfatizó que ahora, durante la campaña electoral, se planteará desde el movimiento cívico nacional que los candidatos firmen un documento y se comprometan a garantizar un Pacto Fiscal que mejore la situación económica de los municipios.
“El Pacto Fiscal es incierto, con este gobierno no va a existir, son muchas las reuniones que se han convocado, hubo propuestas que se han realizado, pero nunca hubo la intención del gobierno de realizar un pacto fiscal. No hay que olvidar que tenemos empresas estatales deficitarias por más de 10 años, que se comen recursos que podrían destinarse a los municipios”, reclamó.
La AMB reclama los datos del Censo y el Pacto Fiscal
El director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema, en una entrevista con El País, señaló que este año se cumple la Agenda Patriótica, el Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) que elaboran las gobernaciones y municipios, y por ello ahora urge conocer toda la información del Censo 2024, para fijar la planificación para los próximos cinco años en base a los indicadores que permitan atender y optimizar recursos.
Lema manifestó que con los resultados parciales ya se cuenta con el nuevo factor de distribución, que hace que algunos municipios tengan mayores recursos y otros disminuyan, tanto por coparticipación tributaria, regalías hidorcarburíferas y regalías mineras.
“El Pacto Fiscal es un elemento importante, sin embargo, uno de los temas del pacto no solo es la redistribución de recursos, sino que se da a partir del criterio de población. El Pacto Fiscal debe ser un escenario de concertación política, social y económica, que permita a partir de muchos elementos tener criterios técnicos de cómo encarar los desafíos de la gestión pública de los diferentes niveles de Gobierno”, expuso.
Lema recuerda que con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 y la Ley Marco de Autonomías se ha establecido 199 competencias para los diferentes niveles del Estado, pero que ahora está en duda el cómo atender estas responsabilidades debido a la falta de recursos económicos.
Por ello, ahora ve urgente el hecho que el país tenga que debatir un Pacto Fiscal. Sin embargo, advierte que Bolivia está atravesando por un periodo preelectoral, lo que hace poco probable que se encare este proceso, dejando la posibilidad abierta a que sea el próximo gobierno el que tenga que abordar el tema.