Ven centralismo en el PGE 2025, 85% es manejado por el Gobierno

El Gobierno Nacional presentó el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), provocando un acalorado debate entre sectores que critican una supuesta política centralista y las autoridades que defienden su diseño, como un instrumento para el desarrollo nacional. Desde el Colegio de Economistas de Tarija advierten sobre un endeudamiento y déficit fiscal.

Críticas desde Tarija

Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, calificó el presupuesto como “centralista y preocupante” debido al elevado gasto corriente, que es 34 veces superior al de todas las gobernaciones combinadas. “El 85% de este presupuesto será ejecutado por entidades del nivel central, dejando escasos recursos para municipios, gobernaciones y universidades públicas”, afirmó.

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Romero también destacó que el déficit fiscal proyectado del 9% del PIB, equivalente a 8.000 millones de dólares, marcaría 13 años consecutivos de déficits. Asimismo, alertó sobre la creciente deuda pública, con un 40% del financiamiento del presupuesto proveniente de nuevos préstamos, sumando 17.000 millones de dólares, de los cuales el 80% es deuda interna.

“El 85% de todo este presupuesto lo va a gastar las entidades dependientes y el mismo Gobierno central. Es un gasto muy grande donde la mayor parte de la torta se lleva el nivel central y hay poca cintura financiera para municipios, gobernaciones y universidades públicas”, indicó.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, compartió estas preocupaciones y criticó al Gobierno por priorizar obras de infraestructura en lugar de atender necesidades urgentes, como la seguridad alimentaria y el abastecimiento de carburantes.

“El Gobierno pretende empeñar los lingotes de oro de Bolivia mientras el país enfrenta una crisis económica”, sostuvo.

Defensa del Gobierno

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó que el PGE sea centralista y subrayó que el 54,4% del presupuesto destinado a salarios corresponde a los sectores de educación y salud, con impacto en los nueve departamentos del país.

Montenegro detalló que el PGE 2025 proyecta un crecimiento económico del 3,51%, una inflación del 7,5% y un déficit fiscal del 9,2%. Además, destacó que el presupuesto asignado a salud y deportes asciende a 29.892 millones de bolivianos, un incremento de 3.026 millones respecto a 2024, distribuidos en todo el territorio nacional.

“El Gobierno no ha incumplido ningún compromiso con las gobernaciones y ha respetado los plazos constitucionales para la presentación del presupuesto”, afirmó Montenegro, quien consideró “desproporcionadas” las críticas de algunos sectores que califican el PGE como una herramienta centralista.

Según el reporte de esa cartera de Estado, el PGE 2025 persigue siete grandes objetivos: garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales; potenciar el aparato productivo e industrial, incrementando la productividad y el rendimiento; reafirmar la política de acceso universal y gratuito a la educación y la salud.

También se propone potenciar los sectores minero e hidrocarburífero a través de inversiones estratégicas y desarrollo tecnológico; priorizar recursos para la subvención a los alimentos esenciales y a los hidrocarburos, y continuar con la implementación de políticas sociales que busquen la equidad en la distribución de los ingresos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza.

Además, el proyecto de presupuesto consolida la previsión de ingresos y gastos no solo del nivel central, sino de 585 entidades del sector público, entre gobiernos municipales, gobernaciones, instituciones descentralizadas, empresas públicas, universidades públicas, entre otros.

Cuestionan que Diputados no llame a sesión

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel, reconoció que el PGE ha sido remitido al parlamento a finales del mes de octubre. Sin embargo, cuestionó que a la fecha la Cámara de Diputados no haya convocado a sesión para debatir el tema.

Porcel manifestó que existe preocupación por los tiempos para poder debatir esta normativa. Mencionó que solamente quedarían tres semanas para abordar esta iniciativa en el ente legislativo, empero, advirtió que esta es una estrategia del Gobierno para que no pueda darse debate en el parlamento y no se permita que haya observaciones.