PGE 2025: Proponen confiscar productos ante alza de precios

El Gobierno de Luis Arce ha incluido en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 una disposición que permite la confiscación y decomiso de productos a comerciantes que "almacenen, retengan o encarezcan los precios" de alimentos esenciales. Esta medida, argumentada como necesaria para garantizar el abastecimiento, ha generado rechazo entre gremialistas y críticas de legisladores de oposición, que califican la acción como “abusiva” y “propia de un modelo autoritario”.

La medida en detalle

La disposición adicional séptima del PGE 2025 faculta a las entidades competentes a realizar controles, fiscalizaciones y decomisos para evitar la especulación en la comercialización de alimentos básicos. Además, obliga a todos los actores de la cadena productiva a declarar información sobre producción, transformación y comercialización, bajo calidad de declaración jurada y confidencialidad.

"Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso", detalla el texto de la disposición.

Rechazo gremial

Desde la Federación de Trabajadores Gremiales de Tarija, su dirigente, Juan Carlos Vargas, expresó su descontento. Señaló que esta medida desconoce las dificultades económicas que enfrenta el sector, que atribuye el aumento de costos en insumos y productos importados, exacerbado por la escasez de dólares en el país.

“Bolivia importa el 80% de insumos y alimentos. Si los costos suben, nosotros no podemos absorber esa diferencia. El Gobierno debería enfocarse en resolver la falta de dólares, no en imponer medidas que perjudican a nuestro sector”, señaló Vargas, quien advirtió posibles movilizaciones en rechazo a la normativa.

Vargas manifestó que el sector gremial ha estado en constantes movilizaciones lideradas por el ente matriz nacional encabezado por Jesús Cahuana, por lo que no descartó que estas medidas de presión se reactiven con mayor intensidad hasta que el Gobierno dé marcha atrás con esta disposición.

“El Gobierno no tiene por qué decomisar el producto a los comerciantes, no es nuestra culpa, es culpa del Gobierno, ellos están involucrados con la falta de dólares, la falta de combustible, que está repercutiendo en el alza de precios”, indicó.

Críticas legislativas

El diputado de oposición Miguel Roca calificó la disposición como “un atentado contra la libertad individual y la propiedad privada”. Atribuyó el aumento de precios al mal manejo económico del Gobierno, argumentando que “primero genera inflación y luego intenta controlar los precios con medidas coercitivas”.

Por su parte, la diputada Luisa Nayar calificó la medida como "otra locura populista". Según Nayar, el alza de precios es consecuencia de la crisis económica, marcada por la falta de dólares y combustibles, problemas que considera responsabilidad directa del Ejecutivo.