Por la escasez, piden sectorizar la subvención de carburantes

La escasez de carburantes, principalmente diésel, ha reavivado el debate sobre la suspensión gradual de la subvención estatal a los hidrocarburos. El sector del transporte en Tarija ha propuesto levantar este beneficio en algunos sectores, como el transporte privado y la minería, argumentando que la medida ya es insostenible para el Estado. Desde el Colegio de Economistas señalan que la iniciativa es buena, pero piden analizar si es el tiempo adecuado para ejecutar dicha medida, considerando la coyuntura económica en el país.

Antecedentes

En julio de este año, Bolivia se enfrentó a una primera ola de desabastecimiento de diésel y gasolina, atribuida por el Gobierno a bloqueos y factores climáticos. En respuesta, el presidente Luis Arce presentó nuevas variedades de gasolina de mayor octanaje a precios más altos y propuso un referéndum consultivo para levantar la subvención, pero esta última iniciativa fue rechazada semanas después.

Aunque el suministro se estabilizó momentáneamente, en octubre resurgió el problema con largas filas para obtener carburantes. Inicialmente atribuido a bloqueos por conflictos internos en el MAS, pero luego fue el Gobierno y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) los que finalmente reconocieron que la falta de dólares, arrastrada desde 2023, también afecta el abastecimiento.

El transporte

El ejecutivo de la Federación del Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, expresó su preocupación por las filas interminables en el eje central del país, donde los transportistas esperan hasta tres días para obtener diésel.

Negocio Advierten que es mal negocio importar carburantes con dólares y subvencionarlo en bolivianos

“La solución es fijar el precio real del diésel y la gasolina, y eliminar la subvención para quienes no la necesitan, como el transporte privado, los mineros y los grandes empresarios. La subvención debe mantenerse para el transporte público, que a su vez subvenciona los pasajes para la población”, manifestó.

El dirigente denunció conflictos entre transportistas en las filas y advirtió que la situación podría agravarse si no se actúa con celeridad. Indicó que el sector esperará esta semana para que el Gobierno proponga soluciones concretas.

Análisis económico

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, recordó que el levantamiento gradual de la subvención fue propuesto ya hace varios meses atrás e incluso considerado para un referéndum. Según Romero, el Gobierno ya ha dado pasos hacia esta medida, permitiendo la importación y comercialización de carburantes a precios internacionales por parte de privados.

“Permitir la libre importación beneficiará únicamente al 3% del mercado, ya que requiere grandes cantidades de dólares, logística y pagos de impuestos, algo que limita al empresariado”, explicó.

Romero enfatizó que el problema no radica en la subvención en sí, que representa solo el 3% del Presupuesto General del Estado, sino en el mal uso del beneficio. Señaló que el 40% de los hidrocarburos subvencionados termina en actividades ilícitas, como contrabando, minería ilegal y narcotráfico.

“Si el Gobierno controla estos desvíos, la subvención podría mantenerse incluso en el contexto de crisis actual. Levantarla de manera gradual no es una mala idea, pero debe hacerse con un análisis exhaustivo que contemple a quiénes afecta y cómo implementarla”, afirmó.

Romero concluyó que, aunque la política de subvención es insostenible a largo plazo, el contexto actual no es favorable para realizar cambios drásticos. Consideró que este desafío será una tarea pendiente para el próximo gobierno, dado que el actual está inmerso en conflictos políticos internos.

“El tema es, ¿hasta cuándo va a poder importar? Porque importar carburantes implica subvención, lo malo es que importas en dólares y subvencionas en bolivianos, es decir, que estamos comprando en dólares los carburantes, pero vendes a un precio muy barato en bolivianos, de hecho ahí ya es un mal negocio y poco sostenible”, detalló.

El analista manifestó que pensar, que la liberación a la importación de carburantes para el sector privado va a terminar con las filas, es una idea errónea, ya que esta crisis va a continuar mientras el Gobierno no logre atraer divisas para estabilizar la economía.

Una postura similar ha sido expresada por el asambleísta Luis Lema, al precisar que actualmente sectores como los autos chutos, narcotráfico, minería ilegal y contrabando, son los que están drenando los recursos de la subvención.

Lema señaló que este tema debe ser analizado a profundidad, para evitar que esta política orille al país a una crisis en la balanza de pagos, default económico, inflación, y que sea insostenible la importación de carburantes.

Evistas: El Decreto 5271 es un gasolinazo

El asambleísta departamental del MAS, afín al bloque evista, José Yucra, señaló que el Decreto 5271, que permite a los privados la importación y comercialización de carburantes, es un “gasolinazo y dieselazo” disfrazado con la privatización.

“Al margen de dar el gasolinazo está privatizándolo, lo que siempre han hecho los partidos neoliberales. Después de la reglamentación (al Decreto) que se va a hacer en unos días más, qué es lo que va a suceder, vamos a tener un combustible que va a costar 11 bolivianos, y en esa estación de servicios no va a haber filas, los que tienen plata van a ir a comprar”, manifestó.