Dudan que la militarización de las fronteras frene el alza de precios

El gobierno de Luis Arce aprobó un decreto destinado a frenar el contrabando de alimentos hacia otros países, una práctica que, según las autoridades, contribuye al alza de precios en los mercados. Sin embargo, desde Tarija, voces como las del gobernador Oscar Montes y el presidente del Colegio de Economistas, Fernando Romero, expresan sus dudas sobre la efectividad de la medida para resolver la escasez y la inflación que afecta a la población. Al contrario, advierten un efecto negativo en la economía en las fronteras.

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Decreto y medidas de control

El decreto reglamenta la Ley 100 y establece mecanismos para controlar el tránsito ilegal de alimentos hacia las zonas fronterizas del país. Según el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, el principal objetivo de la normativa es garantizar el abastecimiento interno y estabilizar los precios de productos como el arroz, la carne de pollo, el aceite y el azúcar, entre otros.

“Hoy por hoy necesitamos controlar el traslado de alimentos”, señaló Huanca. Para ello, se emitirán certificados de abastecimiento en áreas fronterizas, los cuales permitirán controlar el volumen de alimentos que circula por estas zonas. Además, se establecerá un registro de proveedores únicos para garantizar una distribución equitativa en dichas regiones.

El Gobierno también ha ordenado el despliegue de militares en las fronteras para reforzar el control y evitar la salida masiva de alimentos hacia países vecinos como Argentina, Brasil y Chile. Huanca aclaró que el decreto no afectará el traslado de alimentos destinados al consumo personal o doméstico en las comunidades fronterizas.

Fernando Romero: “Creo que esta es una medida parcial que puede generar más contrabando”

Dudas desde Tarija

A pesar de las intenciones del Gobierno, las autoridades y expertos tienen reservas sobre la efectividad de estas medidas. El gobernador Montes recordó que, desde la promulgación del Decreto Supremo 21060, Bolivia ha seguido un modelo económico de oferta y demanda, y que ningún Gobierno ha modificado esta política.

Ante la sugerencia de que alcaldías y gobernaciones apoyen con el control en los mercados, hecha por el gabinete social, la autoridad recalcó que el control fronterizo es responsabilidad de la Aduana Nacional y no de las entidades subnacionales.

Montes cuestionó la militarización de las fronteras, alegando que en el pasado, incluso con controles estrictos, los productos de contrabando continuaban inundando los mercados locales. "No creo que dé resultados", afirmó el Gobernador al ser consultado sobre las nuevas medidas.

Por su parte, Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, explicó que el contrabando ha sido un fenómeno constante en Bolivia, y que ahora, con la devaluación de la moneda boliviana y la inflación acumulada en los últimos 15 años, se ha convertido en un negocio aún más lucrativo. Afirmó que países vecinos, como Brasil, Chile y Argentina, están sacando provecho de la difícil situación económica del país.

Romero también advirtió que la crisis de inflación y el encarecimiento de los productos de la canasta básica no se resolverán únicamente con la lucha contra el contrabando. Según él, la medida adoptada por el Gobierno no será suficiente para mitigar la crisis actual que enfrenta el país.

Efecto negativo

Romero describió al país como el "corazón del contrabando", donde la falta de controles efectivos y las dificultades económicas se combinan para hacer de esta actividad un negocio lucrativo para muchas personas.

“Creo que esta es una medida parcial que puede generar más contrabando, sabemos que cuando existe más control, existe más contrabando, porque esto es un curso de agua que busca sus propios caminos”, expuso.

Sobre la intencionalidad del Gobierno de incautar si es que se transporta productos en “demasía”, Romero enfatizó que es necesario establecer una normativa que especifique cuánto producto “es mucho” y las sanciones a aplicarse, ya que una medida radical como esta, podría afectar el comercio fronterizo y golpear la economía de estas regiones y de las familias que se dedican a esta actividad.

Romero, al ser consultado sobre cuánto tiempo debería aplicarse esta medida antes de realizar una evaluación sobre los logros que se han tenido, argumentó que si esto se pretende implementar ahora, no surtirá mucho efecto por la inflación que normalmente suele darse durante las fiestas de fin de año. Sin embargo, se animó a precisar que el momento oportuno sería a inicios de la próxima gestión, cuando salga el reporte de inflación del último trimestre del 2024.

Vitivinícolas ven poca relevancia en militarizar

Sobre este tema, El País intentó conocer cuál es la opinión de la Cámara Agropecuaria Industrial de Tarija (CAIT) sobre la militarización en las fronteras, pero han evitado establecer una postura como sector, sin embargo, Fernando Galarza, quien también es miembro de Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV), ha calificado la iniciativa del Gobierno “de poca relevancia”.

Explicó que la militarización de las fronteras hubiese sido una medida muy provechosa cuando el contrabando, principalmente de bebidas alcohólicas, entraba campante a la vista y paciencia de las autoridades. “Ahora la medida para el sector vitivinícola al menos, es de poca relevancia”, dijo.