Comisión advierte vulneración de derechos en cárceles del país

La Comisión de Derecho Humanos de la Cámara de Diputados está realizando un trabajo de inspección a los centros penitenciarios del país. Hasta el momento visitó siete de nueve departamentos, donde se evidenció hacinamiento, vulneración a los derechos humanos y retardación de justicia, entre otras deficiencias.

El diputado por Comunidad Ciudadana, Adrián Vega Gandarillas, a manera de conmemorar el Día del Privado de Libertad en Bolivia, calificó de deficiente la administración de la Dirección General de Régimen Penitenciario, como así también de la justicia, que contribuye al hacinamiento de los centros carcelarios.

“Más de 30 mil personas están recluidas en diferentes cárceles del país, de las cuales, sólo un 30% tiene sentencia. Es decir, que siete de cada 10 privados de libertad están detenidos preventivamente, no tienen una sentencia”, advirtió el parlamentario.

En el caso de Tarija, Vega recalcó que el hacinamiento ronda casi el cien por ciento, en el penal de Morros Blancos. “O como la penosa situación en el penal del Beni, donde el hacinamiento es del 330%. Ahí hemos podido evidenciar que en celdas, que están destinadas para cinco o 10 personas, duermen 30, de cuales menos de la mitad tiene un colchón. Tienen que esperar que todos estén en sus camas para tirar una manta en el piso para poder dormir”, describió.

Similar situación ocurre en Cochabamba, lamentó, donde algunos reclusos incluso se ven obligados a dormir en los baños, debido a que no hay condiciones de infraestructura.

“Tampoco hay un acceso real a los servicios básicos. Otro problema es la administración de los alimentos, las cocinas, en el caso del penal de Morros Blancos, hemos podido evidenciar cómo las cocinas no tienen ni siquiera un revestimiento, cocinan sobre el cemento, gastado, por donde pasan las cucarachas y ratones, por medio de los alimentos. Se sirven la comida en ollas, algunos incluso en baldes de pintura que han quedado en desuso. Esa es la penosa situación de las cárceles de nuestro país”, lamentó el diputado tarijeño.

Además, evidenció la falta de asistencia social. Vega recordó que los centros penitenciarios deberían ser centro de rehabilitación, pero, a su parecer, se convirtieron en “escuelas de la delincuencia”.

“No existe una correcta asistencia en el tema de salud, médicos que al parecer extorsionan a los privados de libertad para atenderlos o para hacerles estudios fuera del penal. Mujeres que han denunciado que no tienen una atención diferenciada, por ejemplo, en el tema de ginecología. Un odontólogo que aparentemente nunca aparece, asistencia sicológica esporádica. Todo esto es también parte de la mala administración de Régimen Penitenciario”, recalcó.

Vega también advirtió problemas de carga procesal en la justicia. En el caso de Tarija, dijo que sólo hay una Sala de Sentencia, y hay que habilitar otras salas mixtas para funcionen como salas penales. Similar situación ocurre en Potosí, donde hay una Sala Penal para el todo el departamento. Cochabamba tiene cuatro, donde cada una tiene más de 7.700 casos.

La Comisión de Derecho Humanos de la Cámara de Diputados continuará con su trabajo de inspección a los centros carcelarios del país, para luego emitir un informe.

Cabe recordar que este problema también fue visualizado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien indicó que el hacinamiento de privados de libertad en el país supera el 150%. Por ello urgió la necesidad de un plan de descongestionamiento.

Según los datos de Régimen Penitenciario, en abril de 2023 se registraron 25.940 privados de libertad, la cifra en el mismo mes de este año (2024) se incrementó a 30.659, de los cuales, el 62,5% (19.163) tiene detención preventiva y el 37,5% (11.848), sentencia condenatoria.