Salud, educación y trabajo ocupan agenda de la comunidad LGTBI+
“Desiguales ante la ley” es el estudio estadístico más extenso y formal hasta el momento en el país. Fue elaborado por la Defensoría del Pueblo en alianza con el Instituto Nacional de Estadística
“Existimos y exigimos nuestros derechos”, fue una de las frases que líderes y miembros de la comunidad de diversidades sexuales e identidad de género repitieron a lo largo del mes de junio y durante el 28 en conmemoración al Día del Orgullo LGBTI+, en esta ocasión con una marcha menos masiva que años anteriores, pero con más actividades para eliminar desigualdades.
Estudios especializados muestran que la vulneración de los derechos de la comunidad está aún en temas cotidianos, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Derechos e información
La anterior semana dirigentes convocaron a la marcha del sábado, pero también ampliaron sus actividades con un punto de información que instalaron el viernes en la Plaza Luis de Fuentes para socializar mensajes contra la discriminación, rebatir información falsa y hacer conocer todo el marco normativo vigente que protege a la comunidad LGBTI+, desde tratados internacionales, leyes nacionales, departamentales y municipales.
El presidente del colectivo en Tarija, Hugo Maraz, apuntó precisamente el incumplimiento a la Ley Departamental que ordena a instituciones públicas la obligación de izar o colocar la bandera LGBTI+. Indicó que únicamente la Gobernación respetó la norma.
Embanderamiento La comunidad LGBTI+ lamentó que las autoridades no hayan cumplido con el embanderamiento de las instituciones
“La Ley del Embanderamiento es para visibilizar y sensibilizar contra la discriminación. Hay autoridades municipales que colaboran con nosotros, pero parece que otras anteponen criterios personales. El año pasado estuvo la bandera y en gestiones anteriores también. Igual en el Concejo, no sabemos por qué no cumplieron este año”, dijo.
Los integrantes del colectivo también apuntaron a la discriminación que puede comenzar en espacios pequeños, como la familia, o hasta la violencia en espacios públicos, lo que impide el ejercicio de derechos.
Datos
“Desiguales ante la ley” es el estudio estadístico más extenso y formal hasta el momento en el país. Fue elaborado por la Defensoría del Pueblo en alianza con el Instituto Nacional de Estadística y financiamiento de varios organismos, como la Unión Europea, ONU Mujeres.
La encuesta se realizó de manera virtual en la plataforma de la Defensoría entre el 2021 y 2022, con el que se llegó a 4.054 personas de los nueve departamentos. Santa Cruz lideró la cantidad de registros con 1.255, seguido de La Paz con 1.201, Cochabamba con 672, Tarija con 239, Oruro con 169, Chuquisaca con 166, Beni con 155, Potosí con 113 y Pando con 82.
Entre los aspectos más importantes figura el tema de salud, porque el 33% de los participantes dijeron no contar con ningún tipo de cobertura, sobre todo mujeres trans, y un 65% dijo desconocer cómo acceder al Sistema Único de Salud (SUS), es decir que pueden quedar invisibilizados ante el sistema.
El otro punto relevante es el trabajo. Un 72% dijo estar ocupado, es decir recibir pagos por actividades laborales; un 4% está desocupado, es decir que estuvo empleado antes o que está buscando trabajo; y un 24% está inactivo, no genera ninguna actividad, es decir no se suma al mercado laboral.
Los resultados sobre educación muestran que un 5% no concluyeron el bachillerato, 28% llegó a concluir el secundario, 15% terminó la universidad, 7% hizo estudios de posgrado, 5% alcanzó un nivel de técnico medio y 3% de técnico superior.
Estos puntos, al igual que el derecho al desenvolvimiento en espacios públicos, se convirtieron en la constante de los discursos promovidos este junio.
Miedo y dinero entre los obstáculos
Los resultados de la encuesta muestran que los miembros de la comunidad LGBTI+ en muchos casos se abstienen de exigir sus derechos por miedo o situación de pobreza.
Por ejemplo, al grupo que dijo no buscar atención médica ante algún malestar, un 23% dijo sentir miedo a ser discriminado por el personal de salud, también hubo un 53% cuya razón fue no tener recursos económicos.
En cuanto a la educación, un 43% dijo no haber concluido sus estudios por falta de dinero o materiales y un 7% expresó que su mayor impedimento era el miedo a ser discriminado.