Crónica política de la jornada
¿Cómo se elige el TCP y qué les “conviene” a Mesa, Arce y Evo?
La única elección inamovible es la de octubre de 2025, y ni esa. El gobierno llama al diálogo, pero anticipa que no quiere elegir candidatos a magistrados en plancha. Evo necesita un cambio de criterio sobre su candidatura



El bloqueo suma nuevos puntos y el gobierno exhibe fortaleza policial. Unos y otros se acusan de golpismo y tratan de sacar músculo al tiempo que se desempolvan argumentarios propios de otras épocas y de otros sujetos políticos, pero la verdad de la milanesa está en el calendario, y de eso todos son conscientes.
Ayer salió al frente Óscar Hassenteufel, controvertido personaje elegido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el periodo de transición de Jeanine Áñez pero con una mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que lleva moviendo hilos por estas cosas de la democracia desde los 80. Con la huida del bueno de Salvador Romero, más cómodo de super consultor de la OEA que entre las viscerales críticas de la política patria, Hassenteufel fue el elegido, y ahí está, jugando su rol asegurando que en el Tribunal Supremo tienen todo listo, presupuesto incluido, para hacer la elección judicial en 90 días, arrojando presión a un lado y al otro, su especialidad.
Entre los movilizados, todos simpatizantes de Evo Morales salvo algunas excepciones, se repite hasta la saciedad la consigna de que el bloqueo es “hasta que renuncien los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional”, pero eso apenas es un punto intermedio de la pulseada. Lo que Morales necesita es que en el momento en el que se presente su candidatura electoral para 2025 estén sentados en el Tribunal Constitucional magistrados que le reconozcan su derecho a presentarse y no los actuales, que aunque fueron los mismos que callaron en siete idiomas para permitir su postulación en 2019 en base al criterio de sus antecesores sobre el “derecho humano a la reelección”, ahora consideran que esta solo es posible una sola vez y de forma consecutiva, es decir: Luis Arce sí puede, pero Morales no. Así lo han reflexionado en la sentencia 1010 del 28 de diciembre, aunque no en su parte conclusiva. En cualquier caso, es la que Hassenteufel y sus colegas del TSE debería priorizar llegado el momento.
¿Cómo va el calendario?
Las elecciones presidenciales, que parecen ser la única fecha inamovible en la institucionalidad boliviana, está prevista para octubre de 2025. La convocatoria normalmente se saca seis meses antes, es decir, en abril, y para entonces, se supone, los partidos deben haber elegido a sus candidatos en unas primarias obligatorias supervisadas por el TSE. El único precedente, el de 2019, los partidos eligieron candidatos un año antes. En el Senado rige un pacto entre Comunidad Ciudadana y Andrónico Rodríguez (MAS – Evo) para que las mismas se realicen en 2025 y no en 2024.
En el imaginario popular existe la creencia de que solo se puede articular una elección por año, algo que no es cierto, pero en cualquier caso, el TCP debería estar renovado antes de que se convoque la Primaria, es decir, en este 2024. Hassenteufel ha dado un plazo: 90 días desde que se da la lista de candidatos hasta que se elige en las ánforas.
El gran conflicto hoy radica precisamente en cómo llegar a esa lista de candidatos que se deben entregar al TSE, pues la convocatoria la debe lanzar el Legislativo y siempre cabe esa posibilidad de que el Tribunal Constitucional, juez y parte en este caso, la frene al considerar que afecta de algún modo a los derechos de los posibles candidatos, y de esa forma, demorar el tiempo suficiente como para entrar en 2025.
El ministro de Justicia Iván Lima (MAS – Arce), por instrucción del vicepresidente David Choquehuanca, ha llamado al dialogo nacional para resolver el tema, pero ha adelantado criterio: Lo que no quiere es que los candidatos se aprueben en plancha y por dos tercios en la Asamblea, y es que, aunque los números hablando de diputados y senadores son siempre difusos por su tendencia a la corrupción, como mínimo obligaría a las cuatro bancadas (CC, Creemos, MAS de Evo y MAS de Arce) a ponerse de acuerdo y con esas, ir a elecciones.
Cabe recordar a estas alturas, pues en las dos últimas elecciones ha primado el llamado al boicot, que los magistrados del TCP se eligen por circunscripción departamental, algo que da alas a la oposición, que como mínimo cree contar con victorias en Tarija, Beni y Santa Cruz, y si hay suerte con que la división del MAS se materialice también en diferentes candidatos, en Chuquisaca, La Paz e incluso Potosí.
Sin duda supone un escenario goloso para una oposición contra las cuerdas solo a cambio de que Morales pueda candidatear: Voceros acreditados de ese sector ya han empezado a difundir aquello de que “a Evo hay que ganarle en las ánforas” y similares. Una elección judicial posterior al cambio de gobierno, con seguridad, no le daría las mismas posibilidades de voltear la torta como la actual.
Lo cierto es que el gobierno tiene un problema esencialmente numérico. La alternativa de la elección por plancha es uno por uno, que puede dejar directamente a todos “los suyos” fuera, y en esas, su mejor estrategia, dicen sus operadores, es ganar tiempo: llamar al diálogo va incluso antes que torpedear el avance en las comisiones, en los plenos y finalmente, en los tribunales con infinidad de recursos y medidas cautelares.
Claro, que esto es Bolivia y la alternativa de la calle, toda la vida, estará presente.