El MAS y los disidentes de Unidos se opusieron a tratar la declaratoria
La ALDT evita conminar a YPFB por la devolución de regalías retenidas
Son 3,4 millones de dólares que han sido retenidos del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya entre julio y agosto del 2022, los cuales aún no han sido restituidos a la Gobernación de Tarija



La bancada de Unidos presentó un proyecto de declaratoria para conminar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a cumplir con la Sentencia Constitucional 060/2023, que manda a restituir los recursos retenidos de julio a septiembre de 2022, periodo en el que se ejecutó el nuevo factor de distribución por el campo Margarita-Huacaya. Sin embargo, la bancada del MAS en alianza con los disidentes de Unidos negaron respaldo para que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) asuma una postura al respecto.
El asambleísta departamental, Luis Lema, detalló que esta iniciativa ha sido presentada en el marco del Reglamento de la ALDT, que en su artículo 109 establece que las “declaraciones” son pronunciamientos que expresan la posición oficial del ente legislativo en torno a un tema de interés importante de orden departamental o nacional.
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Y en este caso, pedían a YPFB cumplir con la Sentencia Constitucional 060/2023, que revoca la resolución emitida por la Sala de Garantías de Sucre, que había suspendido el factor de distribución y el pago de regalías del campo compartido Margarita-Huacaya a los departamentos de Tarija y Chuquisaca entre julio a septiembre del año pasado.
“La Sentencia dice que el pago de regalías nunca debió haberse suspendido y yo tenía la esperanza que se apoye, y que toda la Asamblea tenga una postura oficial, para que YPFB pague lo más rápido posible, ¿de cuánto estamos hablando? Según la Dirección de Hidrocarburos son 3,4 millones de dólares que nos deberían, es decir, son casi 30 millones de bolivianos”, afirmó.
Lema enfatizó que de estos 30 millones de bolivianos, el 45% corresponde a la Región Autónoma del Chaco, equivalente a 13 millones de bolivianos. Resaltó que ante la situación difícil por la que atraviesa el departamento, estos recursos serían de gran ayuda.
“Me sorprende que con una mayoría absoluta, sobre todo la bancada del MAS y los disidentes, haya estado en contra de esta declaración. Los que sí apoyaron, fueron las bancadas de Unidos y la de Todos, la verdad que da pena que no se escuche una recomendación”, lamentó.
El legislador de Unidos mencionó que YPFB al incumplir esta Sentencia, está vulnerando el derecho colectivo de la población, ya que estos recursos corresponden al departamento de Tarija.
Lema atribuyó esta postura a un trasfondo político, del cual esta facción no quiere levantar la voz contra la estatal petrolera.
Al respecto, el legislador chaqueño por Comunidad de Todos, Jorge Sanguino, lamentó las trabas que se ponen en la ALDT para abordar esta declaratoria, cuando hasta incluso se debería presentar una Acción de Cumplimiento a YPFB, velando por los intereses económicos del departamento.
El MAS dice que Montes debe recupera los recursos
La asambleísta departamental por el MAS y primer vicepresidenta de la ALDT, Juanita Miranda, aclaró que no están en desacuerdo con recuperar recursos económicos para Tarija, pero que esta es una competencia del ejecutivo departamental, Oscar Montes.
“Hay que hacer una aclaración, nosotros somos un ente legislativo, esa es una competencia del ejecutivo departamental, es él quien administra los recursos, es él quien tiene que hacer el requerimiento y solicitud respectiva ante el Gobierno nacional, nosotros no podemos asumir esa responsabilidad”, manifestó.
Miranda refirió que el gobernador Montes ha tenido varias reuniones de gestión con el Gobierno, y es la vía que debe usar para hacer el requerimiento y que los recursos puedan retornar al departamento en beneficio de los diferentes municipios.
“No debemos confundir nuestras competencias, en el marco que la competencia es exclusiva del ejecutivo, caso contrario nosotros deberíamos hacer la administración de los recursos departamentales desde el ente legislativo”, enfatizó.
La legisladora apuntó a la Secretaría General de la ALDT para que pueda asesorar de mejor manera.
“No podemos estar, incluso, tratando esta declaración, porque es una competencia del ejecutivo”, dijo.
Al respecto, el asambleísta departamental por Bermejo, Andrés Torres, aclaro que el hecho de emitir una postura al respecto de este tema, no se está usurpando funciones del ejecutivo.
“Necesitamos como Asamblea posicionarnos en la situación que se encuentra el departamento, (…) yo creo que es oportuno y que ningún asambleísta se va a pronunciar en forma contraria de recibir más recursos, de esta pelea que tiene que ser en conjunto con organizaciones sociales y políticas, todos somos tarijeños y todos tenemos que reclamar”, enfatizó