Exigen la intervención del Ministerio de Obras Públicas
Cobros, grupos de choque y despidos, las denuncias contra la DGAC en Tarija
La diputada Luciana Campero detalló que lleva más de dos meses investigando las irregularidades denunciadas en la entidad estatal, por lo que, aseguró, tiene las pruebas suficientes
Suman las denuncias contra la directora de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Tarija, Dayana Maldonado, quien es sindicada de cobros irregulares en esa entidad, de conformar grupos de choque, de despidos injustificados y de obligar a los funcionarios a dejar sus funciones para irse “de gira” con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.
Las anomalías fueron expuestas por la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, quien indicó que tiene los testimonios de más de 80 personas, entre trabajadores y extrabajadores de la DGAC, además, mostró varias capturas de chats en los que Maldonado daba instrucciones a los trabajadores. La parlamentaria recalcó que lleva más de dos meses investigando a esa entidad estatal.
Según la diputada nacional, desde inicios de la presente gestión el Ministerio de Obras Públicas recibió varias denuncias en contra de Iván García, director nacional de la DGAC Bolivia, y en contra de varios directores regionales, como de Tarija. Campero lamentó que el Gobierno no haya atendido esas demandas.
Campero aseguró que Maldonado conformó "grupos paramilitares" durante el paro cívico que exigía el Censo para el 2023. Leyó uno de los mensajes con el que, supuestamente, la funcionaria convocó a sus subalternos a una concentración, para ello habría comprado petardos, canicas de vidrio y les pidió ir sin identificación, en caso de enfrentamientos.
"Son grupos paramilitares. Aquí tenemos las pruebas, ella está haciendo letreros que dicen 'no al paro cívico' poniendo que eran 'regantes de San Jacinto' (...) Una funcionaria con un sueldo de más de 15 mil bolivianos", afirmó.
Campero también mencionó en conferencia de prensa que la jefa de la DGAC habría despedido a los anteriores responsables de Bomberos de Aeropuerto, debido a que no quisieron aportar al Movimiento al Socialismo (MAS) ni quisieron acompañar sus concentraciones.
Dayana Maldonado, a tiempo de calificar de políticas las denuncias de Campero, advirtió que presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra la diputada de Comunidad Ciudadana
La siguiente denuncia apuntó a que Maldonado sería quien organizó los grupos de choque para agredir a Samuel Doria Medina cuando llegó a una conferencia el 5 de mayo. Habría ordenado a su personal mediante un mensaje de texto que decía que iban a "bañar en huevos al golpista".
El 17 de junio, cuando llegó a Tarija Carlos Mesa, la denunciada habría comprado petardos y los habría repartido para lanzar desde dentro del aeropuerto Oriel Lea Plaza.
"Desconociendo sus funcionarios como jefa regional de la DGAC y los manuales que encaminan cómo manejar la seguridad del aeropuerto", cuestionó.
Entre las denuncias más graves está la de los cursos que se lanzan cada cuatro a cinco años para personal que quiera aspirar a cargos en Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL). Según Campero, éstos son gratuitos, sin embargo, Madonado habría cobrado mil dólares.
“¿Cómo respondió el Ministro a estas denuncias? Después de 20 días de haber realizado las denuncias, Maldonado nuevamente convoca a los trabajadores de la DGAC y de NAABOL para llevarlos a una gira con el Ministro a Villa Montes, a Bermejo y a Entre Ríos (…) dejando vacío nuestro aeropuerto y sus fuentes laborales”, advirtió, a tiempo de recalcar que "en este Ministerio prima la farra, lo político".
Cabe recordar que el fin de semana el ministro Montaño se refirió a las denuncias sobre la directora regional de la DGAC, indicando que son “líos entre mujeres” que “entre ellas tienen que arreglar”.
Mientras que la aludida, en pasados días, a través de medios locales, negó supuestos hechos irregulares en la DGAC de Tarija.
Maldonado, a tiempo de calificar de políticas las denuncias de Campero, advirtió que presentará una denuncia ante el Ministerio Público, donde la diputada de Comunidad Ciudadana deberá demostrar las pruebas de todas sus denuncias.