Tras el Censo y el Silala, Arce busca refrescar la agenda

Superada una semana traumática para el Gobierno, lo normal es que en esta semana se activen otros temas centrales más cómodos que permitan manejar con más calma el cierre del año, pero no todos parecen dispuestos a ello, especialmente quien se ha convertido en el gran azote: el expresidente Evo Morales.

Morales sigue controlando el aparato del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque tiene pendiente el Congreso nacional y muchos departamentales, entre ellos el de Tarija. El juego con el calendario empieza a ser peligroso y podría incurrir en incumplimientos con la Ley de Partidos. Por el momento su atención se concentra en recuperar la influencia en el plano institucional, cada vez más controlado por el presidente Luis Arce, una tarea que, sin embargo, solo podrá medir el día que convoque su propio Congreso.

Durante la semana pasada, coincidiendo con la promulgación de la Ley del Censo por parte del presidente Luis Arce, traspasó una línea más en el enfrentamiento al considerar a los “arcistas” traidores que habían negociado “impunidad por gobernabilidad”, una acusación de la que no se puede abstraer al presidente.

Con la sentencia del Silala, que venía descontada, Morales trata de contrarrestar las voces que le acusan de una defensa negligente – el comité cívico potosinista pretende instalar una demanda formal – derivando responsabilidad hacia otros cuadros aún en activo, en este caso concreto, hacia el vicepresidente David Choquehuanca, quien según su relato tenía plena confianza en la victoria: “David Choquehuanca decía: demandando por el Silala, más rápido vamos a ganar, más fácil que el tema del mar y nosotros no decidimos ninguna demanda, pero estaba negociándose y lanzó eso y seguramente con su equipo de trabajo dijo que, si demandaríamos a Chile, ganaríamos más rápido. Escuchamos solamente, tiene derecho a opinar y no se decidió nada”. Chile presentó su demanda el 6 de junio de 2016, y luego, al año, su memoria, el 3 de julio de 2017. Choquehuanca dejó de ser canciller en enero de 2017.

La centralidad del PGE

Uno de los asuntos que se guarda el ejecutivo en el bolsillo para tomar aire es precisamente el trámite legislativo del Presupuesto General del Estado 2023, los primeros que serán tratados con una bancada del MAS dividida y enfrentada y donde se han depositado ciertas expectativas en las regiones más desfavorecidas para dar algún lustre a una gestión marcada por la bajada de ingresos.

Hace tanto tiempo que el Gobierno no negocia unos presupuestos en el legislativo que casi se ha olvidado, pero la priorización de inversiones en uno u otro departamento serán la llave para su aprobación y también para la gobernabilidad. Arce ha demostrado con su gestión de la crisis del Censo voluntad para llegar a acuerdos por el bien del país, aunque para los críticos sea una suerte de debilidad.

Tarija es uno de los departamentos que más necesidad de apoyo tiene en una coyuntura favorable: Ha salido de la recesión después de seis años, espera regalías al alza por el repunte de precios del crudo y ha hecho la tarea eliminando gasto superfluo y proyectos innecesarios o demasiado fastuosos. Así, aumenta la posibilidad de que se prioricen algunos proyectos que requieren inversión estatal, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tarija, la reubicación del botadero o la doble vía en Yacuiba.

El precio de la estabilidad

Evidentemente, la voluntad de acuerdo y la necesaria pacificación no es “gratuita” en términos políticos, menos en un momento de alta volatilidad en los mercados internacionales, donde cunde el pánico ante una inminente recesión y donde el precio de dinero ha subido sustancialmente: Bolivia necesitará 36.000 millones de bolivianos de fuente externa para cuadrar cuentas según el proyecto del PGE 2023 y la inestabilidad política no contribuye en absoluto a que las agencias de calificación tengan en buena consideración al Estado, lo que al final se traduce en porcentaje de interés a pagar.

Esto se sabe bien en Santa Cruz, donde el Comité Cívico y el gobernador Luis Fernando Camacho completan el control de daños antes de iniciar el proceso aprobado en el cabildo: conformar una comisión constitucional que “revise la relación con el Estado”, un desafío independentista en toda regla que el Gobierno deberá aprender a manejar. Lo seguro es que “algo” va a pasar.

La agenda internacional del presidente Luis Arce

El otro punto de conflicto entre evistas y arcistas pasa por la agenda internacional y especialmente, la continental.

Sudamérica ha dado un giro notable y siete de sus diez naciones han abrazado gobiernos de izquierda o nacionalistas, como en el caso de Perú, mientras que solo en Ecuador, Paraguay y Uruguay sobreviven a duras penas gobiernos de derecha. Con todo, los ánimos de presidentes como Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula, que retornará a Brasil en enero, respecto a los regímenes de Venezuela y Nicaragua son críticos y les exigen reponer condiciones democráticas para profundizar relaciones. En Bolivia se discute en que posiciones se encuadrará el presidente Luis Arce, aunque no hay duda de qué haría Morales.