Tras anuncio de proceso judicial
Dirigencia de la prensa condena el accionar del alcalde Carlos Bru
El sector se pronunció en Yacuiba, Tarija y a nivel nacional aseverando que el alcalde yacuibeño no puede obligar a un periodista a revelar sus fuentes. Exigen respetar la Ley de Imprenta



Ante la intención del alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, de iniciar un proceso penal en contra del periodista Roberto Puma Vega a fin de que este último revele la identidad de sus fuentes, la dirigencia de la prensa en ese municipio, en el departamento y a nivel nacional, además de la Defensoría del Pueblo, emitieron pronunciamientos en resguardo de los derechos del radialista.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cercado convocó a una marcha programada para este lunes a horas 8:30 bajo la consigna “Sin libertad de prensa no hay democracia”, argumentando que las acciones del alcalde Bru van en contra de la Ley de Imprenta.
El ejecutivo municipal presentó una medida preparatoria ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Yacuiba solicitando que se emita un requerimiento judicial para que Puma informe quiénes fueron las fuentes que utilizó en la cobertura de una denuncia publicada el 27 de junio denunciando el mal estado del desayuno escolar y el daño que causó a estudiantes.
Bru inicialmente envió dos cartas notariadas exigiendo la información al periodista, quien optó por guardar su derecho a reserva de fuente. Aunque la autoridad negó que tenga intenciones de proseguir con una acción de tipo penal afirmando que “no voy a hacer nada con él (Puma), solamente quiero saber quiénes han expresado que el desayuno está prohibido. No va a haber proceso”. Su actitud fue cuestionada.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado este sábado.
“Ambas instituciones le recordamos al alcalde Bru que está vigente la Ley de Imprenta en el país, ley que establece que si una autoridad considera que un periodista ha cometido un error en su trabajo éste debe ser sometido a un Tribunal de Imprenta, no a la justicia ordinaria”, dice el comunicado.
El manifiesto también señala que “al establecerse un acuerdo entre un periodista y una fuente de que se mantendrá su identidad en reserva, ese acuerdo no puede ser violado porque pone en riesgo su seguridad. Y en ese sentido la ley es muy clara en impedir que el periodista se vea obligado a revelar esa identidad”, por lo que la autoridad jurisdiccional a cargo del caso debe remitir el mismo ante el Tribunal de Imprenta.
Previamente se pronunció el Sindicato de Trabajadores de Prensa, Radio y Televisión de Yacuiba indicando que si el alcalde tendría la intención de iniciar un proceso penal, que es la naturaleza de la querella presentada ante la justicia. En su pronunciamiento se expresa que “de persistir este acoso y persecución, nos veremos obligados a tomar acciones de hecho (…) para hacer respetar los derechos de nuestros afiliados”.
La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba también se refirió a este suceso, luego de sostener una reunión con el periodista que informó que antes incluso Bru le envió cartas notariadas.
Esta instancia recordó que el artículo 8 de la Ley de Imprenta garantiza la inviolabilidad del secreto de imprenta, y el artículo 28 establece que corresponde al Jurado de Imprenta el conocimiento de los delitos en esta materia, sin distinción de fueros, por lo que, cualquier funcionario público que se sintiera atacado por la prensa en relación a su trabajo, solamente podrá acudir a esa instancia.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón exige al Alcalde de Yacuiba respeto a la Ley de Imprenta que ampara a periodista para resguardar su fuente
La Defensoría del Pueblo se pronuncia
El comunicado publicado este sábado indica que “la Defensoría del Pueblo cuestiona que la autoridad ejecutiva no hizo uso del derecho a la réplica, y antes de pretender iniciar un proceso en contra del periodista, debía atender la supuesta denuncia a través de las unidades municipales correspondientes para corroborar la afectación a la salud de las y los estudiantes, así como la calidad de la alimentación complementaria entregada en su jurisdicción”.