Ante bajón de regalías, piden a la ALDT revisar vigencia de 92 leyes

El Gobierno Departamental de Tarija está en aprietos económicos. La disminución del factor de distribución por el campo Margarita-Huacaya, de 58,55% a 46,9%, avizora menor entrada de recursos por regalías, a lo que se suma el congelamiento de las cuentas. Con este panorama en mesa, el gobernador Oscar Montes Barzón ha pedido otra vez a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) la revisión de 92 leyes, para que puedan adecuarse a la nueva realidad económica.

Y es que en Tarija las cosas no marchan bien económicamente desde la gestión 2015, porque cayó el precio del petróleo, y por ende la renta, y porque la Gobernación asumió compromisos que deben ser pagados con recursos departamentales, cuando debería ser el Gobierno Nacional el que se haga cargo.

La actual gestión atribuye este hecho al deficiente manejo de las finanzas durante el interinato del gobernador Lino Condori, que, sin haber tenido una planificación, ha comprometido recursos económicos por millones, generando una deuda que hasta ahora se la arrastra. A esto, también atribuyen responsabilidad al exgobernador, Adrián Oliva, por no haber honrado los compromisos pendientes durante su mandato, como, por ejemplo, la deuda con ENDE que ahora ha derivado en el congelamiento de las cuentas departamentales.

Montes: Recibiremos menos plata

Está claro que esta situación ha puesto en apuros al gobernador Montes, pues en conferencia de prensa brindada el pasado martes, reconoció que Tarija recibirá menos recursos económicos cada año.

“… esto es un tema al que tenemos que empezar a acostumbrarnos, porque la tendencia, en tanto no haya descubrimiento de nuevos reservorios en el departamento, es que cada año que pase los ingresos por regalías de hidrocarburos serán menores”, mencionó.

Montes enfatizó que es necesario realizar una serie de ajustes internos para que la Gobernación de Tarija pueda adecuarse a esta nueva realidad. La autoridad dejó entrever que uno de estos ajustes pasa por abrogar casi un centenar de leyes, a las que ya había observado al iniciar su mandato en la gestión 2021.

“La pasada semana he vuelto a mandar por cuarta o quinta vez a la Asamblea una nota pidiéndole que adecúe la legislación vigente para ponerla a tono con la nueva realidad económica que tiene el departamento. Si solo aplicáramos los montos de un conjunto de 92 leyes que establecen obligaciones financieras al Gobierno Departamental, necesitamos al menos 380 millones de bolivianos, solo para cumplir lo que indican esas 92 leyes, esto al margen de otros compromisos cotidianos de la Gobernación”, manifestó.

El Gobernador hizo énfasis en que estas leyes han sido aprobadas cuando Tarija tenía un ingreso que superaba los 2.000 millones de bolivianos al año. Pero actualmente recibe alrededor de 500 millones de bolivianos.

Entre las leyes observadas está la polémica Ley del 1%, que ya fue abrogada, pero aún queda pendiente la negociación entre el Gobernador y los gobiernos municipales para definir una normativa supletoria.

A esto también se suma, la Ley departamental del plan de empleo urgente productivo; Ley de la festividad de la Vendimia chapaca, el arte y el vino; Ley que declara Patrimonio Cultural, histórico e intangible la Fiesta Grande patronal de San Lorenzo; Ley de Apoyo prioritario a Tariquía; Ley de la Ruta del Queso y la Leche; Ley Departamental de Camélidos; Ley Modificatoria a la Ley 105 del Paquete Alimentario para las personas con discapacidad. Entre otras normativas.

Respecto a este tema, el asambleísta departamental y jefe de bancada de Unidos, Mauricio Lea Plaza, explicó que cuando se planteó la abrogación de más de 90 leyes, la ALDT no tomó una decisión drástica, sino que aprobó un presupuesto en el que se priorice la atención de estas leyes de acuerdo a las disponibilidades financieras.

Lea Plaza reconoció la necesidad de encarar un reajuste a las normativas actuales. Remarcó que hay leyes que no se están financiando, justamente por la imposibilidad material de cumplirlas, por lo que dejó abierta la posibilidad de debatir el pedido de Montes en el pleno legislativo.

A su turno, el asambleísta departamental y miembro de la directiva de la ALDT, Horacio Soruco, cuestionó la indiferencia del Gobierno Nacional para con Tarija. Dijo que ante esta difícil situación se había buscado la posibilidad de acceder a un crédito con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual fue negado, por lo que se tuvo que ver otras alternativas, entre ellas, un crédito privado de 122,8 millones de bolivianos, para honrar compromisos con ENDE y garantizar el funcionamiento del Gobierno Departamental.

El MAS y su silencio cómplice

El País intentó contactar a varios legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), para conocer cuál es su postura frente a este difícil momento económico por el que atraviesa el Gobierno Departamental por tener las cuentas congeladas, a raíz de un proceso contencioso con ENDE, y por la disminución de regalías producto de la mengua del factor de distribución por el campo Margarita. Al menos, unos cinco legisladores han evitado verter declaración, entre ellos la vicepresidente de la ALDT, Zaida Laura.

Quien sí se ha pronunciado sobre el congelamiento de cuentas de la Gobernación, ha sido el diputado José Huanca, quien atribuyó entera responsabilidad del tema, a la gestión del exgobernador Adrián Oliva y la actual administración de Oscar Montes, por no tener la capacidad de gestión.