Abogados cuestionan la legalidad de la Comisión de Revisión de Casos

Tras el inicio del trabajo de la Comisión Especial de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, conformada para la fiscalización de irregularidades, impunidad y favorecimiento a los agresores por parte del sistema de justicia, desde el Colegio de Abogados de Bolivia cuestionan la legalidad de estas acciones de intervención, que podrían ser posteriormente declaradas “nulas de pleno derecho”.

Esta comisión se creó respaldada en lo que dicta la Ley 698 de Seguimiento a la Cumbre de Justicia, en ella participa el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría, presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, además de que debería incluirse una representación del sistema universitario.

Sobre este tema, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Oscar Vargas, alertó que el hecho de que esta acción esté encabezada por autoridades del Órgano Ejecutivo va en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), que le da exclusivamente al Legislativo la facultad de fiscalización a los demás órganos.

“El Órgano Legislativo es el único de los cuatro órganos que tiene la facultad de investigar, fiscalizar y controlar a los otros órganos del Estado. El hecho de que esa comisión contenga autoridades del Órgano Ejecutivo hace que los actos que genere puedan ser nulos de pleno derecho porque la Constitución Política del Estado sanciona con nulidad los actos de las personas o autoridades que usurpen funciones que no les competen”, aseveró.

El profesional no descartó que esta comisión pueda haber sido conformada con una “buena intención” para hacer un diagnóstico y detectar casos con irregularidades en los procesos además de identificar a los malos funcionarios en la administración de justicia. Sin embargo, cuestionó el riesgo que implica que su construcción vaya contra el marco legal.

En ese sentido indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya está organizada mediante comisiones, como la de Justicia. Sin embargo, indicó que también podría ser viable la conformación de una nueva comisión especial y desde allí iniciar el diagnóstico al Órgano Judicial.

Por otra parte, también criticó que para esta iniciativa no se haya tomado en cuenta al Colegio de Abogados, como indica la normativa vigente, a fin de evitar este tipo de fallas.

“La Ley 387 que rige el ejercicio de la abogacía establece que todos los actos que el Ministerio de Justicia lleva adelante con respecto a este tema tiene la obligación de coordinar con el Colegio Nacional de Abogados y con los colegios de cada departamento”, dijo.

Procesos a jueces y vocales

Actualmente es el Consejo de la Magistratura la instancia a cargo de llevar adelante la tarea de fiscalización al trabajo de los administradores de justicia, en caso de que exista una irregularidad se establece el inicio de un proceso disciplinario o uno penal dependiendo de la gravedad de la falta.

Por ejemplo, hechos como incumplimiento de plazos procesales ameritan una investigación disciplinaria. Mientras que faltas más graves como el prevaricato y resoluciones contrarias a la CPE amerita un proceso penal.

Durante el segundo semestre del 2021 a nivel nacional se registraron 679 denuncias contra autoridades, 104 de ellos recibieron una sanción disciplinaria, dos fueron procesados penalmente. Desde esta instancia a nivel nacional aseguran que esta comisión tiene el objetivo de que se pueda identificar a malos funcionarios y que se procederá como indica la norma con sanciones.

Comisión Especial logró detener a 23 personas

A dos semanas de haber iniciado su trabajo, la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio logró la detención de 23 personas, entre acusados, jueces, abogados y cómplices de asesinado y feminicidio, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El Gobierno Nacional estableció esta Comisión luego de las movilizaciones y cuestionamientos al sistema judicial al conocerse el caso del feminicida y violador serial Richard Choque en El Alto, con paulatinas revelaciones sobre irregularidades cometidas por funcionarios judiciales.