Intervención de Comcipo: claves de un futuro incierto

Cuando ya nadie se acordaba de Marco Antonio Pumari, llegó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, y lo puso de nuevo en la órbita. El cívico potosino fue aprehendido junto al presidente actual Juan Carlos Manuel y el expresidente del comité de movilizaciones, Ramiro Subia, en principio por los hechos de 2019. Se investiga su eventual participación en el supuesto golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y en concreto se le acusa de la quema del Tribunal Electoral Departamental, aunque normalmente aparecerán más cargos por la violencia de la noche víspera de la efeméride potosina de ese año, día en el que finalmente Evo Morales renunció.

El ampliado del Comité Cívico determinó convocar un cabildo para el 13 de diciembre y exigir la retirada de los efectivos policiales no potosinos en 24 horas, porque sí, decenas de uniformados llegaron a Potosí desde los departamentos cercanos en una operación sui géneris y que el comandante Johnny Aguilera ha justificado ante una eventual “amenaza”. Después se supo que un juez ordenó la aprehensión.

Detención El cívico Marco Antonio Pumari fue aprehendido y conducido a celdas policiales en Betanzos

Para algunos operadores tarijeños que estuvieron en Potosí “el Gobierno ha soltado la hebilla”, en una clara referencia al inicio de una nueva etapa de hostilidad después de tanto apretar el cinturón. Para otros que lo ven desde más lejos, la operación resulta “difícil de interpretar” por varios motivos:

El primero, porque el Gobierno recién estaba tomando aire después de tanto recular con el tema de las Leyes contra el enriquecimiento ilícito gracias al escándalo de los 800 ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz, que estaba desnudando toda una red de poder y corrupción que afectaba a todos los niveles y grupúsculos de la élite cruceña.

El segundo, y relacionado, es que cualquier acción que se tome dentro de la investigación por el presunto golpe de Estado y que no involucre ni a Carlos Mesa – primero en denunciar el fraude – ni a Luis Fernando Camacho – quien sostuvo las movilizaciones hasta que Morales salió del país -, deja en evidencia “el actuar cobarde”, señalan los defensores de Jeanine Áñez, principal encausada pese a haber sido tal vez beneficiaria, pero no ideóloga, al no procesar a los que a ojos de todo el mundo serían los principales promotores, pero que son también quienes más poder ostentan ahora mismo. Hasta en sus filas les recuerdan este fracaso, como el diputado Angulo, que pidió la citación de Mesa, Camacho y Tuto Quiroga.

En conclusión, la mayoría sostiene que esta acción, como otras inoportunas en el calendario político tiene más que ver con las presiones de Evo Morales por buscar su resarcimiento que con una estrategia política previamente definida. Es vox populi que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio es parte del entorno de Evo Morales y Álvaro García Linera con quienes coordina, más que con el propio gabinete.

El lunes se prevé una amplia participación cívica en Potosí, departamento que fue clave en la caída de Morales, ya que ya venían de un paro previo a la elección y que es también clave en el asunto del federalismo.

De la fuerza de ese cabildo y de la credibilidad de sus medidas depende el ánimo de fin de año, que de por sí se viene enrareciendo con el rebrote del Covid, y que puede dar un susto a aquellos que han calculado que las fechas de fin de año acabarían por desmovilizar cualquier reacción.

En cualquier caso, hay claves más profundas. La primera, el papel que vayan a jugar los mineros cooperativistas en Potosí, que están siendo trasladados del Cerro Rico a otros puntos; la otra, cómo van a encajar los potosinos la desproporcionada movilización policial.

Desde el Comité Cívico tarijeño se garantiza la participación en el evento del próximo lunes. El resultado, sin duda, es incierto.