El Bloque Cívico del Sur pide al Gobierno abrogar 3 leyes, entre ellas la Ley de Ganancias Ilícitas

El Bloque Cívico del Sur envió una misiva al Gobierno nacional donde exige la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, de Ascensos en la Policía y dejar sin efecto la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, a las cuales ha calificado como incostitucionales, draconianas y de persecución financiera.

El Bloque del Sur, que componen los comités cívicos de Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro, anunció que se mantendrá en emergencia por los tres proyectos de ley recientemente aprobadas en Bolivia, porque -aseguran- que atenta contra la libertad, la propiedad privada y el secreto profesional.  

"Exigimos la abrogación inmediata de la Ley de Emergencia Sanitaria y de Ascensos en la Policía Boliviana, dejar sin efecto la Ley 108 de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, dejar de provocar al pueblo boliviano con este paquetazo de leyes inconstitucionales que violan la libertad y privacidad de las personas, declarándonos en estado de emergencia permanente", cita la misiva.

El domingo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no afecta la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura.

"La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) manifiesta enfáticamente que el Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no vulnera la Constitución Política del Estado, ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa", indica un comunicado oficial.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron el sábado un pronunciamiento en el que aseguran que el Artículo 11 del mencionado proyecto vulneraría sus derechos de reserva de información.