Gobernación de Tarija alista presupuesto austero para abordar el 2022

El momento de la verdad ha llegado. Después de cuatro meses de análisis de la situación y colocación de relato, hoy se espera que el Plan Operativo Anual (POA) ingrese a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) para iniciar su tratamiento de acuerdo a las directrices del Ministerio de Economía. El primer plazo de entrega es el 10 de septiembre, aunque tampoco se descarta un aplazamiento para que la entidad legislativa lo convierta en la Ley Financial que rija el gasto de 2022. Se estima que el Gobierno Departamental de Tarija recibirá alrededor de 600 millones de bolivianos.

Hasta el momento son pocas las pistas que el ejecutivo departamental ha dado en este sentido, pero se espera un POA austero y de continuidad en lo que se refiere a inversión pública, y con ajustes en los programas no prioritarios.

El gobernador Oscar Montes solicitó hace más de dos meses a la Asamblea que suspendiera temporalmente la aplicación de 90 leyes para permitir cierta liquidez, pero hasta ahora las bancadas no han logrado avanzar nada y no ha habido un debate efectivo ante la más que posible oposición social y sectorial a las disposiciones. Ahora, el asunto vuelve al tejado del ejecutivo, que puede dejar sin recursos las mencionadas leyes o reducirlos al mínimo y afrontar la responsabilidad política.

Sobre los grandes asuntos que atañen al departamento en materia de gasto, desde la Gobernación se ha acordado mantener el Programa Solidario Comunal (Prosol) como programa de apoyo a la producción agraria, pero con ciertas modificaciones que lo hagan más eficiente. Si bien el programa viene fijado por una Ley nacional, el monto a asignar se define en el departamento.

En las últimas horas, el ejecutivo departamental también ha sugerido la cancelación del Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat), un buque insignia de la autonomía y una de las grandes conquistas de la gestión de Mario Cossío, hoy aliado del Gobernador. En el análisis, las autoridades consideran que es más adecuado fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS) que contempla también prestaciones universales complementarias al de infancia y vejez, en la misma línea que el Susat.

También en las últimas jornadas se ha aclarado el futuro de la canasta alimentaria del adulto mayor, que será licitada en su integridad y primará los productos tarijeños, aunque será en el presupuesto donde finalmente se conozca el importe que se va a destinar a cada canasta.

En el capítulo de inversiones, y aun a la espera de lo que suceda con el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), por el momento el Gobernador ha comprometido avanzar en el asfaltado de la ruta Bermejo – San Antonio, así como en la llegada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a la ciudad de Bermejo, para lo que habrá que presupuestar los transformadores y otros gastos.

Uno de los grandes compromisos de Montes en campaña fue el de dejar de financiar proyectos de competencia nacional, si bien esto tiene que ver más con el pago de personal de salud y otras competencias sociales que por el momento no se pueden dejar de pagar. Está por ver qué sucede, por ejemplo, con la Oficina Técnica del Pilcomayo y Bermejo (OTN), que es nacional, pero para la que se erogan gastos desde el Tesoro Departamental. Hasta el momento no ha habido una reunión de alto nivel para fijar posiciones sobre esto.

Sin novedades en el capítulo de ingresos

Pese a que desde el Gobierno se ha instado a las gobernaciones a crear sus propias fuentes de ingreso (impuestos), por el momento no parece que nada nuevo se vaya a introducir en el POA de 2022, donde el mayor volumen de ingresos vuelve a corresponder a las regalías petroleras – sobre los mil millones sin contar el Chaco – en un momento en el que el Ministerio vuelve a ser optimista respecto a los ingresos.