Uriondo: Contraparte de una casa social ronda los Bs 35 mil

El objetivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda) es el de promover la reducción de déficit habitacional en Bolivia, favoreciendo a la población de bajos niveles de ingreso y altamente vulnerables con sistemas de financiamiento “adecuados”; sin embargo, una vez que el beneficiario calificó a una vivienda de interés social, las contrapartes suponen buscar otro financiamiento.

En el caso de las ocho viviendas sociales que se construirán en el la comunidad de Charaja en el municipio de Uriondo en las próximas semanas, los beneficiarios deberán aportar una contraparte adquiriendo los áridos y pagar la mano de obra que supone su vivienda con características de dos habitaciones, una cocina, un baño, sala de estar, en una superficie de 120 metros cuadrados y el Gobierno nacional a través de la AE Vivienda, se encargará de financiar los materiales de construcción para los beneficiarios.

En busca de créditos

Aunque la AE Vivienda “se basa en principios de solidaridad y equidad, en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad y las entidades territoriales autónomas” para la dotación de viviendas de interés social, muchas veces los beneficiarios deben buscar un crédito o préstamos para asumir las contrapartes que corresponden.

En el caso de una beneficiaria en Charaja, que después de varios años logró calificar a una vivienda social, los recursos para cancelar la mano de obra que supondrá su vivienda, no serán fáciles de obtener.

Pese a ser madre soltera y el pilar económico en su hogar, la beneficiaria contó que su contraparte para esta vivienda oscila entre los 33 a 35 mil bolivianos, dependiendo el tipo y la calificación que suponga la persona que encargue de ejecutar la mano de obra, por lo que la búsqueda de recursos para su nueva vivienda inició y no descartó acudir a una entidad financiera en busca de un crédito para su contraparte en la construcción.

“Tuve que ir a varias reuniones, estar en los congresos, corretear de un lado al otro para por fin lograr calificar a la vivienda, como ya tengo mi terrenito ahí podré construir mi casa, pero ahora tengo que buscar de dónde voy a sacar los 35 mil bolivianos que me dicen que costará la mano de obra”, contó.

Sin viviendas hasta el 2022

Este año se implementarán 60 viviendas sociales en Uriondo, pero hasta el 2022 la AE Vivienda no implementará más proyectos habitacionales “para nadie”, así lo explicó el secretario General de la comunidad de Charaja y secretario de Actas de la Central de Campesinos de Uriondo, Vladimir Espinoza Zambrana.

“Nosotros como Secretaría General de la comunidad hemos gestionado desde el 2019 y 2020 este proyecto, la anterior gestión de la comunidad gestionó un cupo limitado de viviendas porque no se podía acceder a más, era una parte rezagada de un POA (Plan Operativo Anual) que se hizo llegar para Uriondo y particularmente para Charaja se nos pudo dar ocho viviendas”, señaló.

Espinoza refirió que el principal requisito para acceder a una vivienda es estar afiliado a una comunidad, vivir dentro de ella, hacer vida orgánica, estar al día en sus aportes sindicales, cumplir con reglamento de cada comunidad, entre otros, pero la AE Vivienda, pidió específicamente que el beneficiario cuente con terreno propio.

“Cada terreno tiene que estar saneado por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), la documentación de la familia, que no cuenten con otra vivienda, son para familias que no tengan una casa propia. El tema de áridos y mano de obra es contraparte de cada beneficiario, todo el material viene de la AE Vivienda, incluso ellos capacitan para que puedas leer el plano y construir la casa en base al diseño”, dijo.

En cuanto al monto de inversión que deberá realizar cada beneficiario, Espinoza recalcó que dependerá de la “calidad” que el usuario vaya a contratar, pero oscila entre 20 a 30 mil bolivianos; la dirigencia de Charaja se comprometió a fiscalizar el uso de las viviendas sociales, y para este trabajo, se prevé la elaboración de una reglamentación en la comunidad para que el beneficiario de la vivienda viva de manera obligatoria, por lo menos 10 años en esa unidad habitacional.

“Estamos sacando una reglamentación para fiscalizar esas viviendas, que tengan un uso no menor a 10 años, es decir, cada persona que vaya a vivir a esa casa recién terminada, tiene que vivir por lo menos 10 años antes de quererla dejar o no sé, pero por eso es para gente que realmente necesita esa vivienda”, acotó.

En Tarija prevén construir 1.019 viviendas sociales

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, anunció en abril el inicio de la construcción de 1.019 viviendas sociales para personas de escasos recursos económicos en el barrio Jesús de Nazareth, en el Distrito 9 de la ciudad de Tarija.

A escala nacional, según dijo el director de la AE Vivienda, Juan José Espejo se ejecutarán en el 2021, 10.872 viviendas para beneficiar a ciudadanos de escasos recursos con necesidad habitacional y que cuentan con sus propios terrenos. De acuerdo con datos en medios nacionales, el programa contará con un fondo de 750 millones de bolivianos para dichas viviendas.