El daño económico se calcula en 650 millones de bolivianos
La Gobernación de Tarija deja pendientes 16 procesos contra Lino Condori
De más de un centenar de denuncias, la mayoría fueron rechazadas y solo una concluyó con una sentencia condenatoria. Desde la Gobernación se atribuye esa situación al sistema judicial



Una de las “herencias” que dejará la actual gestión del Gobierno Departamental de Tarija, a las autoridades electas, es la carga procesal contra el exgobernador Lino Condori Aramayo, quien aún tiene 16 procesos en curso por presuntos hechos de corrupción que provocaron un daño económico al Estado de aproximadamente 650 millones de bolivianos.
Desde el inicio de la gestión de Adrián Oliva Alcázar se inició más de un centenar de denuncias por la vía penal y procesos coactivos por presuntas irregularidades en contrataciones, obras o proyectos.
El secretario departamental de Justicia, Yamil García Delfín explicó que se elaboró un informe detallado que posteriormente será entregado a las siguientes autoridades. En dicho documento se desglosa que siguen vigentes 14 procesos por la vía penal, en diferentes etapas y dos procesos coactivos fiscales, es decir con auditorías para establecer responsabilidad de devolución de recursos.
Sin embargo, esto significa que de más de cien denuncias la mayoría no prosperó pues se habrían rechazado o las causas luego fueron sobreseídas y archivadas.
De los casos que avanzaron, en julio de 2020 se dictó una sentencia condenatoria de cinco años por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Ley por la designación del ejecutivo seccional para Yacuiba en 2014.
Pero de casos de mayor relevancia por daño económico el avance es más lento. Para García, esto responde al sistema de justicia del país y el desempeño de las instituciones judiciales.
“Evidentemente existe una mora procesal, es un problema de la administración de justicia a nivel nacional. De los casos que han avanzado se tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria por una denuncia iniciada en la gestión 2018. Sin embargo, casos más antiguos como el de la imprenta que ha sido denunciado en la gestión 2015 todavía no tienen ni siquiera el señalamiento de la audiencia de juicio oral”, lamentó.
“Evidentemente existe una mora procesal, es un problema de la administración de justicia a nivel nacional” Yamil García SECRETARIO
Casos relevantes
Uno de los casos de mayor relevancia es el de la compra de tanques flexibles para el Chaco por un monto de 9,7 millones de bolivianos, pero que al momento de realizarse una verificación se comprobó que había menos de la mitad del número de tanques que figuraba en documentos. Al momento queda pendiente la sentencia que permita el embargo de bienes de Condori y otras exautoridades.
Otro de los casos es el de la compra de un equipo de imprenta por el cual se canceló 961 mil bolivianos, cuando se trataría de un aparato a medio uso cuyo valor no supera los 200 mil.
Uno de los procesos a la espera de juicio es el de convenios intergubernativos, por haber firmado acuerdos sin el aval de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), cuya audiencia se postergó desde abril de 2020.
“En casos como estos se han colectado una serie evidencias que demuestran la existencia de ilícitos cometidos de manera absolutamente deliberada”, agregó.
También está en puertas el juicio por el caso de compra de motores chinos, con el que se calcula un daño económico de unos 10 millones de bolivianos, aunque su inicio ya se suspendió dos veces.
“Vamos a presentar este informe de forma detallada al Gobernador para que pueda ser la base de la actuación institucional que debe proseguir independientemente de quiénes sean los servidores públicos”, concluyó García indicando que la siguiente gestión debe dar continuidad a estos procesos.
Los casos contra Lino que fueron rechazados
Dentro de los casos que fueron rechazados o sobreseídos está el de enriquecimiento ilícito por el presunto crecimiento desproporcional del patrimonio de la exautoridad con más de 16 bienes inmuebles adquiridos por su entorno familiar.
También está el del colegio en la comunidad de Tojo correspondiente a un proyecto de inversión concurrente que dejó un inmueble que colapsó y no puede ser empleado por ser un riesgo para estudiantes y maestros.