¿Persecución o justicia?: los hechos del 2019 cobran factura

¿Persecución o justicia?, está pregunta ha estado en la mente de los bolivianos en estos días a causa de los últimos sucesos que vive el país. Los hechos ocurridos en 2019 vuelven a cobrar fuerza en el eje mediático ayudado en parte por la pujanza de oficialistas de convencer a la población que hubo un “golpe de Estado” como así también por los opositores que defienden que se perpetró un fraude electoral ese año.

Ambas partes, en su intento de justificar sus argumentos, decidieron dejar de lado la pandemia del coronavirus (Covid-19) y la reactivación económica para defender sus ideologías políticas y sus posturas de quién tiene la razón en este conflicto.

“No es persecución, es justicia”

Esta frase se viene repitiendo en la boca de los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes impulsados por el clamor de justicia por parte de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, reclaman castigar a los responsables de la violencia registrada el 2019.

Esta semana, la Policía comenzó una serie de aprehensiones contra exautoridades, pero la más llamativa sin duda fue la que tuvo como protagonista a la exmandataria Jeanine Áñez, sumado a que en las últimas horas se conoció la prolongación de su detención preventiva de 4 a 6 meses.

Para los oficialistas, las detenciones demuestran que la justicia actúa dentro del marco de las leyes vigentes en el Estado Plurinacional y no tendrían relación con una persecución política.

Señalan que las masacres de Senkata y Sacaba deben ser esclarecidas, como también se debe dar con los responsables que dieron el “golpe de Estado”, que a su criterio, fue orquestado por el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El MAS defiende su postura que la entonces senadora Jeanine Áñez nunca fue electa presidenta del Senado, más al contrario se autoproclamó en una “sesión ilegal” violando el artículo 169 de la Constitución Política del Estado.

¿Perseguidos?

Del otro lado, la frase “persecución política” ha calado hondo entre los contrarios al partido azul. Con mensajes que se están vulnerando sus derechos y que se vive en un país sin garantías constitucionales piden al Gobierno frenar con la “cacería”.

Entre los investigados aparecen autoridades recientemente electas en los comicios subnacionales, ya que al haber tenido vínculo con el gobierno de transición, ahora son convocados por la justicia para que emitan su declaración de los hechos.

Uno de ellos es Iván Arias, quien a pesar de no estar de acuerdo con los llamamientos a declarar, asistió ante la Fiscalía rodeado de sus simpatizantes para emitir su declaración por el delito de incumplimiento de deberes mientras fungía como ministro de Obras Públicos en la gestión de Áñez.

Con las aprehensiones, los comités cívicos se articularon en el país

Marcha y contramarchas

Con las aprehensiones, los comités cívicos se articularon en el país.

En los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba se realizaron cabildos y concentraciones, mientras que en Sucre y Potosí se protagonizaron marchas.

Disconformes con el accionar de la justicia, los comités cívicos de los nueve departamentos, reunidos en Santa Cruz, resolvieron exigir la liberación y amnistía de los "presos políticos" y advirtieron con movilizaciones a nivel nacional si continúan las aprehensiones.

Como respuesta, no tardó mucho para que el Pacto de Unidad convocara a sus bases a movilizarse en concentraciones masivas en los nueve departamentos del país desde este lunes en rechazo a la rearticulación de los comités cívicos.

Revanchismo: “Ocurrió con Áñez y ocurre con Arce”

De acuerdo a varios analistas la persecución política no es novedad en Bolivia, pues a consideración de los expertos la historia se repite una vez más en un círculo vicioso que parece no tener fin.

“Pero a pesar de las persecuciones que ocurrieron en el gobierno de Jenaine Áñez y ahora con Luis Arce”, creen que el revanchismo no arroja ninguna solución, más al contrario agranda la brecha para futuros conflictos en momentos en los que el país necesita toda su concentración en la salud y la económica.