Ávila: La OEA no habla del TED Tarija, hemos sido perseguidos

Después de 15 meses de proceso, el expresidente del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Gustavo Ávila, está esencialmente agotado. El amargo sabor de la injusticia se le atraganta al mencionar a su familia y sus cercanos, que han padecido como él las consecuencias tangibles de 21 días de furia. La voz se quiebra, pero la voluntad no.

Tarija cerró antes que nadie el cómputo departamental sin observaciones de ninguno de los frentes involucrados. Unas horas después, a las 20.00, estalló la furia en todo el país y se empezaron a quemar tribunales departamentales por aquellos inexplicables movimientos del conteo rápido y el cómputo oficial, pero en Tarija ya era algo sacramentado. 21 días después, la OEA emitió un informe preliminar, posteriormente cuestionado, pero en el que indicaba algunas observaciones sobre el proceso. El departamento de Tarija y su Tribunal Electoral no aparecía en ningún párrafo.

Ávila no entra a valorar lo que pasó en el resto del país, pero tiene muy claro lo que pasó y no pasó en Tarija y lo que ha pasado en estos 15 meses de vulneraciones e insidias donde se le ha prohibido casi todo desde el día que voluntariamente se presentó a declarar. Quince meses después los fiscales dicen lo que todos leímos el 10 de noviembre de 2019 y los encausados repetían una y otra vez: que en ningún lugar del informe la OEA hablaba de Tarija.

Una vez que la resolución sea firme, el Tribunal Electoral Departamental actual - que por cierto mantiene el equipo de trabajo que trabajaba con Ávila – quedará tocado en su legitimidad y particularmente su Presidenta, a quien denomina como “representante de la expresidenta transitoria” y recuerda que él ha trabajado en 22 procesos electorales desde que entró como promotor electoral y fue escalando hasta secretario de cámara y después vocal elegido en concurso público “yo no he entrado por la ventana ni a dedo”.

El futuro queda en el aire y la reparación del daño parece compleja en este momento, pero un profundo sentido de Justicia guía ahora sus pasos. La herida tardará en cerrar, pero debe cerrar.

El País (EP).- Trascendió la resolución fiscal de sobreseimiento en el caso del supuesto fraude electoral. En qué momento se encuentra ahora el proceso.

Gustavo Ávila (GA).- La anterior semana el 10 de febrero, a los 15 meses exactos del inicio de la investigación una comisión de fiscales emite una resolución de sobreseimiento, y lo que nos dice esta resolución, en resumen, es que en base a toda la investigación y a las más de 200 pruebas que han acumulado declaran que somos inocentes. Este es el procedimiento, ahora entra en notificación, que en la resolución se puede ver quiénes son las partes querellantes que están muy claramente identificadas, es Nataly Vargas, la representante de la expresidenta Áñez en el Tribunal Electoral Departamental, y las exfuncionarias de la Procuraduría, también representantes de la expresidenta Áñez, las que se han querellado contra nosotros. Es decir, ellos habían presentado una querella para que se siga investigando, entonces se está notificando a ellos para que ellos puedan apelar, y después será el Fiscal de Distrito el que en base a esta documentación que se adjunte, confirme la resolución de sobreseimiento o les dé la razón a ellos, nosotros creemos que es muy difícil, porque como dicen los fiscales, no hay una sola prueba para acusarnos de que hayamos cometido algún delito.

El País.- ¿Cómo se siente después de tan largo proceso?

GA.- Han sido 15 meses profundamente dolorosos no solo para mí sino para mi familia, yo quiero comentar como han sido los antecedentes para que esté claro cómo ha sido este proceso. Nosotros hemos administrado las elecciones del 20 de octubre del 2019, pero una semana antes el TED de Tarija ha sido el único Tribunal Departamental que ha obtenido el ISO Electoral (norma de calidad internacionalmente reconocida) nos hemos sometido a una revisión del ISO electoral y lo hemos conseguido, hemos sido uno de los pocos Tribunales en Sudamérica que lo ha obtenido.

Nos presentamos en realidad a esta organización que ha sido muy bien llevada, e incluso la gente de la OEA, de la fundación Carter que estuvieron siguiendo el proceso electoral aquí en Tarija lo han validado como un proceso electoral llevado de la mejor manera, esa es la valoración que nos han dado. Recordar que ese proceso electoral hemos mostrado total transparencia porque lo hemos llevado el cómputo al hotel Los Ceibos como nunca antes se había llevado adelante.

Del día que llevamos el proceso electoral, lo que nos ha llamado poderosamente la atención entonces y en estos quince meses es que ambos delegados de las dos fuerzas políticas, por Comunidad Ciudadana José Luis Gandarillas y por el MAS Efraín Maraz, que son funcionarios públicos, uno trabajaba en la Gobernación en ese entonces y el otro en la Asamblea, no emiten ninguna observación y firman el acta de cómputo, terminamos el cómputo electoral batiendo un record histórico, lo hemos hecho en 21 horas, hemos sido el primer departamento en hacerlo sin ninguna observación y a las 20.00 horas de ese lunes 21 en toda Bolivia se empiezan a quemar los Tribunales.

Este es un hecho fundamental porque causa mucha extrañeza que aquí en el departamento de Tarija haya ganado Comunidad Ciudadana, que no hayan observado ningún acta, que hayan estado conforme con todo y hayan firmado el acta de cómputo después de haber trabajado con todo su equipo y demás, pero a las 20.00 empieza la quema del Tribunal Electoral, quema que hasta ahora no ha sido ese proceso de investigación culminado. Nosotros hemos denunciado ese hecho y a diferencia de nosotros, ese proceso ha sido dejado a un lado, pese a que si ustedes investigan van a poder ver que ahí hay funcionarios públicos que han sido identificados en la quema del Tribunal, familiares de funcionarios de la Alcaldía y demás, pero ese proceso no ha avanzado.

EP.- Para entender un poco el proceso: Tarija fue el primer departamento en cerrar el cómputo en 2019, no hubo observaciones ni había discrepancias entre el TREP y el cómputo oficial. ¿En qué se basaba la denuncia?

GA.- Se fundamentaba en realidad en un informe de la OEA que sale un mes después, recordemos que las elecciones son el 20 de octubre y se cierra el cómputo y hasta el 10 de noviembre no sale ese informe de la OEA, pero antes de eso la gente tiene que saber que la gente de la OEA ha venido aquí a Tarija, y nosotros hemos sido el único Tribunal que tenía todas las actas intactas. Las 1.802 actas, eso quiere decir que nuestra cadena de custodia ha funcionado a la perfección, y ahora hay gente que quiere observar eso, pero nosotros hemos trabajado a cabalidad, y están los videos, y tenemos todas las pruebas de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, un mes después el 10 de noviembre sale un informe preliminar de la OEA en el que supuestamente se habían encontrado observaciones, pero es un informe en el que no se menciona a Tarija, y es con una fotocopia de ese informe, con una fotocopia, que los fiscales nos aprenden el 10 de noviembre de 2019.

Y aquí se produce la primera vulneración de derechos. El Fiscal Departamental, entonces Aimoré Álvarez, convoca una conferencia de prensa indicando de manera equívoca que nosotros hemos sido aprendidos en flagrancia, cuando el procedimiento ante el juez se ha mostrado todo lo contrario. Hay un video en el que lo demuestra, nosotros nos presentamos voluntariamente porque teníamos total convencimiento de que éramos inocentes y que el informe de la OEA no nos menciona en ningún momento. Ahora, 15 meses después de aquello, ¿en qué se fundamenta la resolución de los fiscales para decir que somos inocentes? En que el informe de la OEA no nos menciona ni toma en cuenta el departamento de Tarija. Esa es una primera apreciación, por qué nos han aprendido, por qué nos han sometido a este injusto proceso, cuando el informe de la OEA no mencionaba a Tarija.

Pese a eso se comete una segunda injusticia, que es cuando a través de una Ley se nos cesa de las funciones vulnerando la Constitución y la Ley, la Ley y Constitución dice que nosotros tenemos un mandato por seis años, y que no puede ser interrumpido, pero en base a esto han hecho una Ley que nos cesa y nos someten a un proceso injusto. Quiere decir que yo he recibido una sanción, siendo inocente, ¿cómo se equipara eso?

EP.- Hablaba de Aimoré Álvarez, del rol de los fiscales en la investigación, de la Procuraduría. ¿Cómo ha sido este proceso de investigación y qué roles ha jugado cada uno?

GA.- En primer lugar, el Fiscal departamental ha cometido un error al decir que se nos ha aprendido en flagrancia, algo que no es verdad y no era correcto, ahí ha sido el primer momento de vulneración de nuestros derechos porque se ha mentido a la ciudadanía.

Luego se ha conformado una comisión de cuatro fiscales, supuestamente los cuatro mejores que tenían a su cargo llevar adelante este proceso de investigación. A esto se suma que, en el mes de junio, la representante de la expresidenta Áñez en el Tribunal Electoral de Tarija, junto a los representantes de la Procuraduría, se querellan. Entonces eran tres instituciones del Estado las que estaban investigando este caso, tres instituciones que tenían a su disposición documentación, investigadores, funcionarios, etc., ese es el procesa al que nosotros nos hemos sometido. Con estas dos denuncias se supone que el Ministerio Público avanza en la investigación, entonces, esa es la forma en la que han llevado este proceso, totalmente de persecución por la Procuraduría General del Estado, utilizando también a los representantes del TED para vulnerar derechos.

Hemos sido sometidos a nueve audiencias de revisión de medias cautelares, cuando nosotros en estos quince meses pedíamos que fueran revisadas. Con una fotocopia nos impusieron medidas cautelares de detención domiciliaria, una garantía personal de 30.000 bolivianos, nos obligan a perder el trabajo, y está en el acta, indican que en el caso de no renunciar ustedes serán remitidos al penal de Morros Blancos por obstaculización de la investigación. Ese es el modo en el que ese 12 de noviembre se ha llevado adelante esa audiencia de medidas de cautelares. Hemos sido aprehendidos el 10 de noviembre desde las 15.00 que nos hemos presentado. Ni siquiera había órdenes de detención o conducción, nos han llevado a celdas de la FELCC y al tercer día nos han impuesto medidas muy gravosas porque nos ha puesto una detención domiciliaria, nos ha anotado todos nuestros bienes, nos ha congelado todas nuestras cuentas, nos ha impedido trabajar, y nos ha puesto custodio incluso a algunos de los vocales.

EP.- ¿En esa audiencia les ha obligado a renunciar?

GA.- En esa audiencia en el acta van a poder corroborar que la juez pregunta si habíamos renunciado y es el fiscal el que le dice que de no renunciar debemos ser remitidos al penal de Morros Blancos porque se podría dar un caso de obstaculización de la investigación por tener los cargos, dos compañeras han renunciado ahí mismo por escrito, entonces esas son las características a las que hemos sido sometidos con esa serie de vulneraciones de derechos.

Ahora, quince meses después de esa audiencia, son los mismos fiscales que exigían la renuncia los que firman la resolución que nos declara inocentes.

EP.- Son los mismos fiscales. ¿Cómo valora el rol de esas instituciones del Estado en todo el proceso?

GA.- Yo creo que los fiscales ahora después de 15 meses de investigación en los que nosotros hemos sido respetuosos, no hemos salido a la prensa en ningún momento, ahora toman la decisión que les hemos dicho desde el primer momento: el informe de la OEA en ningún momento habla de Tarija, pero eso nos lo dicen quince meses después. Esa es la valoración que tenemos de la OEA.

EP.- Después de esta resolución el TED queda tocado en su legitimidad. ¿Qué cree que deberían hacer?

GA.- Como antecedente, yo he trabajado en 22 procesos electorales en el TED, el primer cargo que yo tenía era el de promotor electoral, el cargo más bajo que había, y de ahí he ido creciendo hasta ser secretario de Cámara y me postulé a ese cargo y gané esa convocatoria. A mí me designaron porque yo gané una convocatoria pública, yo no he entrado por la ventana ni puesto a dedo por un Presidente, más que nada transitorio, eso no lo he hecho yo, yo tenía mi experiencia en materia electoral, una vez que hemos estado hemos administrado los procesos electorales con el conocimiento que teníamos.

¿Qué pasa con el actual Tribunal Electoral? Ellos han cometido un error a mi entender, es que se han querellado y han dicho que nosotros hemos cometido ilícitos que ahora los fiscales indican que no es así, que somos inocentes, entonces este Tribunal ha mentido para dañar nuestra dignidad y nuestra carrera, por lo tanto, que es lo que debe pasar, nosotros tenemos que hacer respetar nuestros derechos y vamos a hacer que estas personas que han usado sus cargos públicos para mentir y denunciar sin fundamento sean procesados y sancionados. Yo puedo esperar de una persona que no conozca de procedimiento electoral que nos pueda juzgar u opinar, pero se supone que los vocales deben conocer la norma electoral y no pueden juzgar sin ningún fundamento y ese es el error y esa es la clase de autoridades que tenemos ahora.

EP.- Van a pedir reparación de daños ¿Hasta dónde llega esta solicitud?

GA.- En realidad yo quiero que se entienda que el 10 de noviembre cuando sale este informe había gente en las redes colgando nuestras fotos y pidiendo que se nos quemen vivos, ese es el grado de atentado a nuestros derechos y nuestras familias, las representantes de la expresidenta Áñez en el Tribunal y en la Procuraduría han pedido cárcel para mi persona por haber participado en un curso sobre Procedimiento electoral con medidas de bioseguridad. Sobre cadena de custodia también. Es el procedimiento que están utilizando, pero ellas pedían cárcel para mi persona por haber hecho eso. Y pedían y exigían que en ningún lado se me de trabajo, ese es el grado de vulneración, con nosotros, con nuestras familias, y esos derechos deben ser reparados.

No vale la pena hablar de volver al cargo, pero sí que no puede volver a suceder lo que ha pasado, que se utilice a instituciones del Estado públicas para perseguir a gente inocente mellando su dignidad, su honra y su profesión. Entonces nosotros vamos a activar, ya hemos hecho, la otra semana nos hemos reunido con la comisión que investiga la vulneración de derechos y le hemos mostrado las actas de las audiencias de cómo iban a pedir cárcel para nosotros. Públicamente en un taller con más de 200 personas donde yo estaba participando se ha mellado la dignidad y quiero dejar algo claro. Yo me he presentado a este proceso, pero ahora hay funcionarios de la procuraduría que han huido del país y la doctora Maita, la representante departamental, deben ser sometidos al debido proceso.

EP.- Hablaba de Nataly Vargas, de haber utilizado la institución para perseguir siendo la representante de la expresidenta ¿Qué cree que debería hacer?

GA.- En realidad el Tribunal se ha portado… los cinco vocales han sido querellantes, tanto la representante de Áñez como los otros cuatro vocales. Ellos van a tener que demostrar que han actuado conforme a norma, y si no es así tienen que ser procesados y sancionados, porque se ha actuado de muy mala manera tratando de inculpar a gente inocente y ensuciando esa institución. Un claro ejemplo, nosotros hemos tenido para la elección de 2019 un equipo de trabajo conformado por profesionales varios, por ejemplo, el jefe de informática, Fernando Cortes. En su querella, la representante de Áñez menciona que nosotros habíamos alterado el cómputo a través de uso de tecnologías, pero ese funcionario ha hecho las elecciones junto a ella el 2020 y las está haciendo ahora en el 2021, están trabajando con nuestro mismo equipo de trabajo, esas son las incoherencias, nuestro equipo de trabajo son sus manos derechas ahora, nuestro encargado de cómputo, es su encargado de cómputo, tanto en 2020 como 2021, por lo que ha sido utilizado más políticamente que técnicamente, pero los funcionarios han testificado que no es así.

EP.- ¿Deberían dar un paso al costado?

GA.- En realidad este Tribunal ha sido puesto porque supuestamente se había hecho fraude, y ahora se demuestra que en Tarija no hubo fraude, ellos no deberían estar ahí. La respuesta es clara. Se hizo creer a la gente que se hizo un fraude, y se comprueba que no se ha cometido ningún delito, ellos no deberían estar ahí.

EP.- Para cerrar, qué va a hacer ahora, qué le pide el cuerpo

GA.- Lo que me pide el cuerpo es Justicia, yo la miro a mi esposa y a mi hijo, pido Justicia por lo que se ha hecho, a mis 38 años, yo me he sentido perseguido, han dañado mi imagen, a mi esposa, a mis padres, Tarija es chiquita y todos nos conocemos y han sido días bastante penosos, nos han insultado, nos han denigrado, y quince meses después sale un documento que pone un título y un sello como inocentes y ahora tenemos que luchar para que se repongan los derechos, no sé si volviendo al mismo Tribunal, porque eso no borra lo que ha pasado, pero sí nosotros logramos que en Bolivia exista una sanción a personas que han utilizado instituciones públicas para perseguir, denigrar e insultar le estamos haciendo un bien a la Justicia y al país.

Nuestro equipo de trabajo son sus manos derechas ahora, nuestro encargado de cómputo, es su encargado de cómputo, nuestro jefe de informática es su jefe de informática, tanto en 2020 como 2021, esas son las incoherencias.

Yo he trabajado en 22 procesos en el TED, el primer cargo era el de promotor electoral, y de ahí he ido creciendo hasta ser secretario de Cámara. A mí me designaron porque yo gané una convocatoria pública, yo no he entrado por la ventana ni puesto a dedo por un Presidente

¿Por qué nos han aprendido?, ¿por qué nos han sometido a este injusto proceso, cuando el informe de la OEA no mencionaba a Tarija?

Este Tribunal ha sido puesto porque supuestamente se había hecho fraude, y ahora se demuestra que en Tarija no hubo fraude, ellos no deberían estar ahí.