Las grandes tecnológicas amenazan la libertad de prensa
Arce se entrega a Facebook y Google para vender su gestión
Pese a las promesas de priorizar las compras nacionales y la retórica antimperialista, el Gobierno y los partidos contratan empresas que no tributan en el país y no generan puestos de trabajo



El gobierno de Luis Arce Catacora está manteniendo en el ejercicio del gobierno la misma lógica que ya utilizó en la campaña electoral, y de la mano de las gigantes tecnológicas Facebook y Google, sostienen una campaña agresiva e invasiva de los espacios en plataformas nacionales que buscan promocionar la imagen del Gobierno y del propio Presidente.
Las últimas han tenido que ver con el plan de acción contra el coronavirus, precisamente donde se han acumulado más críticas. Por un lado, la publicidad busca “difundir” los logros del reparto de pruebas de antígeno y por otro, promete que a mediados de febrero llegarán un millón de vacunas a través del mecanismo Covax.
“Nacionalizar las compras”
La decidida apuesta del Gobierno de Luis Arce por los gigantes tecnológicos revela las contradicciones entre la retórica antimperialista desarrollada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la práctica real de ejercicio del poder que asumen los gobernantes.
El gobierno de Jeanine Áñez aprobó algunos decretos que priorizaban las compras de productos nacionales, y el MAS y el propio Luis Arce han hablado de ampliar esta nacionalización de las compras a todos los productos posibles, motivo por el cual se han aprobado fondos para impulsar la inversión que sustituya las importaciones.
“Los bolivianos estamos matando nuestra propia generación de empleo porque en el momento que nosotros consumimos productos importados estamos dando empleo a quienes producen en esos países y estamos quitando empleo a las familias bolivianas” aseveraba el Presidente en un acto en Oruro el 16 de diciembre.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ha advertido que el sector de la prensa es uno de los más afectados por la pandemia, mientras que los diferentes sindicatos de trabajadores de la prensa han denunciado despidos indiscriminados y descuentos salariales de forma masiva durante toda la pandemia.
El control de las redes y el caso australiano
Tras el referéndum de 2016, el entonces presidente Evo Morales pidió alguna iniciativa legislativa que permitiera “controlar” las redes sociales. Si bien Morales se refería fundamentalmente al contenido que se distribuye, al sentirse perjudicado por el resultado, algunos profesionales trataron de delinear una ley que, al menos, permitiera imponer mecanismos de penalización y sobre todo, de tributación. Nada de esto avanzó.
Impuestos Todos los partidos e instituciones empiezan a recurrir a los gigantes tecnológicos para promocionarse, pero el Estado no recibe impuestos
Con el exministro de Comunicación, Manuel Canelas, se analizaron mecanismos para consolidar un fondo de innovación tecnológica para grupos de comunicación constituido con la tributación de los gigantes tecnológicos, que hoy por hoy es inexistente.
El debate ha estallado por la amenaza lanzada por Google frente a una nueva normativa australiana. El parlamento de aquel país está preparando una nueva ley que obligará a que las grandes corporaciones tecnológicas, como Facebook y Google, paguen a los medios de comunicación por los contenidos que estos generan y ellos usan para captar y distribuir publicidad.
El gobierno australiano ha recalcado que esta ley tiene que ver con garantizar la libertad de prensa en ese país. Según cifras oficiales, se estima que desde 2005 los medios impresos han experimentado una disminución del 75% de sus ingresos por publicidad, excedente que en gran parte ahora queda en manos de las grandes corporaciones que gestionan esos contenidos desde su propia lógica de rentabilidad.
Al respecto, en una entrevista del New York Times, Peter Lewis, director del Centro de Tecnología Responsable del Instituto Australia, señaló que estas empresas “no se limitan a darte información sobre dónde tomar un café, sino que te siguen hasta la cafetería, observan lo que pides y a dónde vas después, y luego venden ese conocimiento a las empresas que quieren comercializarte algo más”. Es así que con esa información estas grandes corporaciones venden espacios publicitarios, anclándolos a los contenidos noticiosos de los medios de comunicación.
En Bolivia, que no hay ni norma ni pago de impuestos por las operaciones realizadas, el debate es todavía incipiente. La activista de derechos en internet, Eliana Quiroz, señaló que “Este debate se enmarca en esta tensión creciente de las escasas ganancias de los medios en espacios digitales y las enormes ganancias de las plataformas digitales en base a los contenidos que los medios producen. Sin duda, una relación injusta – y añade - Me parece muy interesante que se esté presionando a Google para que comparta sus ganancias, aunque no estoy segura si es la mejor manera”, pero plantea dudas sobre la forma en la que afectaría a la neutralidad de internet y a la voluntad de Google de elegir a qué empresas pagar y a cuáles no, que pasarían a ser inadvertidas.
“Esa no es la forma en que debe funcionar Internet, que debe ser de manera libre, sin dar preferencia a ningún contenido pero también es cierto que la falta de transparencia de los algoritmos que usan la plataformas podría estar ya afectando este principio de neutralidad de la web”.
“Fuera de mis redes”, un mensaje a los políticos
Diferentes activistas y defensores de la neutralidad de internet han puesto en marcha una campaña penalizadora con mensajes específicos para tratar de concienciar a los diferentes políticos – candidatos y ejecutivos en función – de la inutilidad de sus gastos en publicidad viral en redes sociales.
Una línea de trabajo exige respeto a los usuarios de redes sociales, cuyo muro es bombardeado con propuestas políticas e invitaciones varias que finalmente no son positivas, sino todo lo contrario. “Es cargoso de verdad y lo que logran es aburrir al votante y ahondar en el desapego a la política. No es justo ni para el usuario ni para la Política”, dice uno de los promotores de la campaña cuya identidad será reservada.
Otra línea de trabajo escarba en la contradicción que supone que los políticos hablen de “consumir lo nuestro” para enfrentar la crisis y a la vez gasten grandes cantidades de recursos en comprar servicios a Google y Facebook, invadiendo incluso los sitios web nacionales, sin que estos tributen un solo recurso en el país. “Los creadores no podemos sacar un peso en rede sociales salvo que cumplas sus estrictas normas y aun así es por miserias, regalamos nuestro trabajo como parte de promoción, pero los gigantes facturan millones al final del año, y son nuestros políticos, los que nos tendrían que proteger y promocionar, los que más pagan a empresas que no tienen ni un CEO en el país, que no generan ni un puesto de trabajo”.
La tercera habla de la aberración de una campaña sin interpelación, donde los políticos lanzan sus mensajes enlatados en redes sociales evitando el contraste o la pregunta. “Aquí buscamos visibilizar las mentiras o incoherencias que todos los días lanzan los políticos en redes sociales sin que nadie les interpele, porque todo es jaleado por sus ejércitos de trolls o filtrado por sus responsables de redes, pues no toleran la crítica.