Covid-19, farmacias y clínicas privadas en la mira del Gobierno

“Vamos a empezar dos procesos de expropiación o de intervención (de clínicas privadas)", así anunció el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, la decisión del Gobierno nacional de intervenir dos hospitales privados, una de Cochabamba (Univalle) y otra de Santa Cruz (Udabol). El objetivo es tener más espacios para atender a pacientes con Covid-19.

"La necesidad nacional nos obliga a hacer estas cosas. (…) no se trata de quitarle nada a nadie, será a un precio justo”, dijo Murillo a tiempo de recalcar que no se descarta asumir similares medidas en otras regiones del país, de ser necesario. La autoridad también apuntó a las farmacias y advirtió con procesos por lucrar con la necesidad de la población que busca desesperada medicamentos.

El anuncio de Murillo no ha sido bien recibido, sobre todo por la parte privada que teme que no se sigan los procedimientos legales en consenso con los propietarios de las clínicas.

“Nos preocupa que ahora se hable de medidas de fuerza y unilaterales y se amenace con afectar la propiedad privada planteando la expropiación e intervención de empresas e instituciones privadas, construidas con mucho esfuerzo a lo largo de décadas de trabajo sostenido y esfuerzos meritorios”, dice un comunicado de la Confederación Nacional de Empresarios Privados (CEPB)

La Confederación llamó al Gobierno a que, si se necesitan mayores acciones y recursos para enfrentar la crisis sanitaria, privilegie el diálogo y la coordinación con los actores directos, prescindiendo de advertencias y acciones unilaterales, que pueden generar más incertidumbre en el sector privado e incluso afectar derechos protegidos por la Constitución y las normas vigentes.

El negocio de la pandemia

Y es que la labor de las clínicas privadas en tiempos de pandemia ha sido cuestionada, por que se niegan a atender pacientes con síntomas de Covid-19 y si los atienden, es a elevados costos.

En Santa Cruz, por ejemplo, se denunció que clínicas como la Niño Jesús cobra hasta 10.000 bolivianos por día de internación, sin contar medicamentos y análisis que requiera el paciente.

En la Clínica del Sur, de la ciudad de La Paz, el costo de internación es de 1.000 bolivianos por día, según reportó el diario Página Siete, y si el paciente está en estado crítico el costo sube a 4.500 bolivianos, sin tomar en cuenta la medicación.

En Tarija, clínicas como la Santísima Trinidad han optado por no atender a pacientes que tienen problemas respiratorios, a fin de no poner en riesgo a su personal y a personas con otras patologías que son atendidas en ese centro médico.

Mientras que la clínica Yapur sí recibe a una persona con síntomas de Covid-19, pero ésta debe pagar 45.000 bolivianos por adelantado para ser atendida en una sala aislada adecuada para estos casos. Pero si solo quiere salir de la duda, la clínica le cobra 450 bolivianos por una prueba rápida.

El responsable de la Unidad de Calidad del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Arce, informó que en el departamento de Tarija hay diez clínicas legalmente establecidas. Sin embargo, se estima que por la pandemia se han abierto más centros de este tipo.

¿Existe un control sobre los costos de los servicios que ofrecen esos centros privados? Arce admitió que no. “Siempre hubo ese problema, y ahora debe ser más. Los precios son un tema legal en el que lamentablemente no nos podemos meter—señaló—a no ser que haya una disposición del Ministerio de Salud, ley o decreto que nos permita intervenir en ese punto”.

Arce considera que se trata de un tema de “oferta y demanda”. “El que acude a un centro privado, pues prácticamente está aceptando lo que le están cobrando. Tenemos muchas limitaciones para regular los precios, más si no tenemos un marco legal específico”.

Involucrar más a las clínicas

Las autoridades sanitarias han conminado a las clínicas privadas a involucrarse más en la crisis sanitaria que azota al sistema de salud público. En Tarija, por ejemplo, se pidió a las clínicas recibir a los pacientes que requieren atención de terapia intensiva pero que no son portadores del coronavirus. Para de esa manera tener libre las unidades de terapia intensiva en el Hospital Regional San Juan de Dios para los infectados con Covid-19 que requieran asistencia mecánica.

Sin embargo, según el director del Sedes, Paul Castellanos, hasta el momento solo una clínica privada de Tarija ha mostrado predisposición de coadyuvar con el Hospital Regional San Juan de Dios. El resto, ni siquiera se ha manifestado sobre este tema.

Ante esa falta de empatía, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se plantea “obligar” a las clínicas privadas a dar atención a los pacientes con Covid-19, esto mediante la Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria.

La normativa fue aprobada el 8 de julio por la Cámara de Senadores. Autoriza a las clínicas privadas atender a pacientes con esa enfermedad y por cuyo servicio el Estado correrá con el pago. Por ahora, se espera que el ejecutivo nacional promulgue la ley.

La Ley, que tiene cuatro artículos, establece que los establecimientos médicos en todos sus niveles “deberán atender obligatoriamente y sin dilación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público” a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por coronavirus, acorde a los protocolos de bioseguridad.

También indica que el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado estará a cargo del reembolso a las clínicas privadas, considerando “el precio real en el que se haya incurrido y demostrable de forma documentada”, para ello se deberá aprobar un reglamento a cargo del Ministerio de Salud, en un plazo de cinco días.

El nivel central del Estado podrá compensar o reembolsar los costos de la atención con la dotación de medicamentos, insumos y/o equipos para el tratamiento, mientras que las clínicas privadas tienen la obligación de dar a conocer la evolución de los pacientes que sean referidos.

Como fuentes de financiamiento para la atención gratuita de los pacientes de Covid-19, la norma indica que pueden ser utilizados los recursos establecidos en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, los créditos y donaciones externas e internas.

Monitoreo en farmacias, escasean medicinas para Covid

La responsable de la Unidad de Farmacias del Sedes Dora Cáceres informó que, pese al personal reducido, el monitoreo de precios de los medicamentos se realiza de forma regular y alterna entre una y dos farmacias por semana, variando los productos. Es así que en la ciudad no se observó ningún incremento ni se recibió denuncias al respecto, sin embargo, se evidenció la escasez en de algunos insumos como barbijos, la azitromicina, ivermectina y aspirinas.

De la lista de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud (Agemet) de 30 productos Covid, hasta el domingo se monitoreo 12, y no hay barbijo en farmacias, sostuvo Cáceres, al indicar que esta semana se prevé realizar el seguimiento a los demás insumos médicos.

Aunque algunas farmacias de la ciudad disponen de medicinas Covid, Cáceres indicó que no hay productos en la cantidad que se quisiera, “hay reducidos o no hay”. Esto se debe a que las droguerías distribuyen primero a las ciudades del eje central de país y luego a las más pequeñas, como Tarija, por lo que muchas veces no cubre todas las farmacias.

“Según los distribuidores, ellos dicen que pagan por adelantado, pero tienen que esperar porque no hay el producto, y si sale un lote no cubre todas las farmacias, es el caso de la ivermectina, la azitromicina, que, si bien hay en las farmacias, pero en las distribuidoras no hay disponibilidad. Y si hay son de marca y más caras”, detalló.

En cuanto a precios, el control es semanal y se reforzará en los próximos días por recomendación del Ministerio de Salud. Instó a la población a denunciar en caso de evidenciar un incremento. “Hemos monitoreado azitromicina, ibuprofeno, aspirina que no había en disponibilidad, así unos seis productos más y podemos evidencia que no hay un alza en el precio”.

Aunque observó que muchas veces existe confusión en la población porque algunos medicamentos son más caros por la marca. Por ejemplo, la azitromicina cuesta entre 6,50 a 7 bolivianos hasta 35 bolivianos, lo mismo el ibuprofeno de 400 ml cuesta 0,50 centavos hasta 1,50 bolivianos. El Azitroalcos cuesta 12 bolivianos, pero en las farmacias no hay disponible y se reemplaza con otros productos similares como ser Macrotrom, pero cuesta entre 35 y 40 bolivianos.

Ante esa situación, Cáceres pidió a la población exigir la factura con el nombre del producto dispensado, situación que es de conocimiento de las farmacéuticas. “Muchas veces el doctor pide Ibuprofeno que sale 0,50 centavos, pero en la farmacia hay Ibucap, que es lo mismo, pero cuesta1,50 bolivianos”.

Sin embargo, Edwin Arana, secretario de Organización de la Fejuve Cercado, da cuenta que en Tarija a través del grupo de WhatsApp de la Odeco vecinal recibió más de 15 denuncias informales y tres con respaldo de facturas sobre el incremento en el precio de algunos medicamentos, considerados de mayor demanda por la emergencia sanitara de la Covid-19.

El paracetamol, ibuprofeno, novadol, migral compuesto, antigripales, dexametasona, entre otros medicamentos, según Arana, subieron entre un 50 y 75 por ciento, en el último mes. “La denuncia es que el medicamento de consumo común costaba 2 bolivianos hace un mes atrás y ahora está entre 3 y 3,50 bolivianos cada uno, los medicamentos de mayor demanda subieron más”, subrayó.

Es así que, en el marco de la Ley de Control Social, en el transcurso de la presente semana, Fedjuve Cercado presentará la denuncia oficial a la responsable de la Unidad de Farmacias del Sedes para que realice el control respectivo y asuma las acciones correspondientes.

Recordó que hace tres semanas recibió denuncias sobre el incremento en el precio de algunas medicinas, por lo que solicitó a la responsable de la Unidad de Farmacias del Sedes, hacer un control sorpresa a las farmacias observadas, pero la respuesta fue que no se puede por falta de personal y pidió que se respalde las denuncias con facturas.

 “No hay control, nadie sabe por qué sube el precio y varía de una farmacia y otra. En algunos casos han doblado el precio y las personas afectadas muchas veces no saben dónde quejarse, también hay miedo de denunciar (…). En el Sedes me han pedido que lleve las denuncias con las respectivas fotocopias de las facturas, para que así se puedan movilizarse o hacer algún tipo de acción. Ahora ya tengo las facturas y vamos a llevar la carta para formalizar la denuncia”.