Alcaldes invertirán la mitad del 12% del IDH recuperado en salud

Los municipios distribuirán el 50 por ciento de los recursos recuperados de cuatro gestiones que se retuvieron por la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera en mejorar el sistema de salud, explicó el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia y alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz.

La propuesta de ley tiene dos componentes, el primero establece que se paralicen los descuentos del 12 por ciento del IDH a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades públicas a partir de la fecha.

El segundo componente instituye que los recursos acumulados de los cuatro años de vigencia de la normativa que ascienden a más de 500 millones de dólares sean devueltos a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).


“Por la emergencia sanitaria solicitamos que se retorne a estas instituciones para fortalecer su economía. De parte de los gobiernos municipales planteamos que esos recursos no sean de libre disponibilidad”, explicó.


La propuesta destina a los recursos que van a recibir los municipios de Bolivia, que ascienden a casi 180 millones de dólares de acuerdo al aporte por población, sea distribuido en un 50 por ciento para fortalecer la lucha contra el coronavirus y el sistema de salud, el 25 por ciento para establecer programas para garantizar la seguridad alimentaria, el 25 por ciento sobrante estará destinado a la reactivación económica.


“Para garantizar la seguridad alimentaria pueden ser programas de canastas familiares como se ha hecho o puede ser en platita. Hacer pagos directos a través de las instituciones financieras. Sin embargo, reclamamos la falta de coordinación. Esta Ley va a permitir fortalecer las economías municipales, departamentales y también la del Gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus”, dijo.


Por su parte, la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, indicó que los municipios tienen falencias en su sistema de salud y el declive del techo presupuestario no permite realizar modificaciones para mejorar la atención y la disposición de personal.


“Todos estamos con falencias y es posible que la recuperación del 12 por ciento compense muchos requerimientos del personal de salud. No tenemos un apoyo del la Gobernación. Será un respiro para que los municipios podamos hacer una modificación presupuestaria. Hace dos años que no transfiere la Gobernación a los municipios municipales”, manifestó.


El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, hace un par de días a través de una conferencia de prensa en La Paz aseguró que se devolverán los recursos que se recortaron a municipios, gobernaciones y universidades, mismos que equivalen al 12 por ciento de los recursos IDH.



Desde el 2016 se solicitó anular la Ley de Incentivos
Desde el 2016, la Gobernación de Tarija en coordinación con la UAJMS rechazaron la Ley de Incentivos. El proyecto fue impulsado por el exministro de Hidrocarburos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Alberto Sánchez, -cuyo paradero se desconoce hasta la fecha-. Según lo que se dijo en su momento de cada dólar invertido las ETAs obtendrían cuatro dólares. El objetivo de la ley era incentivar, elevando los precios de compra, a las empresas petroleras que operaban en Bolivia. la Ley se promulgó el 11 de diciembre del 2015.

Sin embargo, desde las gobernaciones -en especial las de Tarija y Santa Cruz-manifestaron de diferentes maneras el rechazo y la necesidad de devolución de los recursos que denominaron “confiscados” por la “crisis económica” que también se resaltó en los discursos de los últimos años debido a diferentes factores, entre ellos el declive de la cantidad de reservas de hidrocarburos.

A finales de junio de 2018, el diputado de Unidad Demócrata (UD) de Potosí, Gonzalo Barrientos, presentó un proyecto de ley para abolir la retención del 12 por ciento del IDH. Meses después, en octubre del mismo año, Tarija protagonizó un paro cívico que exigía la devolución de los recursos del tiempo de vigencia de la Ley y la necesidad de concretar un Pacto Fiscal para una redistribución de los recursos, pero el Gobierno de turno no se flexibilizó.