Partidos no aclaran intenciones de ampliación de la frontera agrícola

La ampliación de la frontera agrícola en Bolivia es un tema que los candidatos y partidos políticos prefieren tratar con mucho cuidado -dicen sin decir- porque evidencia que una gran cantidad de hectáreas cundidas de flora y fauna silvestre serán arrasadas para incrementar la producción del agro que beneficiará a grandes empresas y, según se expresa, al Estado.

Esta problemática vino picando a las autoridades, pero no fue sino hasta que más de un millón de hectáreas de la Chiquitanía, en Santa Cruz, fueran devoradas por un incendio y Bolivia entera quedara en “shock”. Los partidos políticos rumbo a las elecciones nacionales se unieron a este “luto” medio ambiental, se culparon unos a otros y hablaron de apoyar económicamente a las comunidades afectadas, aunque los animales calcinados y las extensiones de vegetación no podrán recuperarse pronto.

El 9 de julio, el presidente, Evo Morales, aprobó el Decreto Supremo 3973 que permite las quemas controladas en los departamentos de Beni y Santa Cruz. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ATB) estableció que en 2016 hubo 295.000 hectáreas deforestadas y ahora se está llegando a 957.000 hectáreas en lo que va del 2019, es decir que se triplicó.

A pesar de las últimas declaraciones de Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) que argumentó no tener las condiciones adecuadas para ampliar su producción, la oposición asegura que los fines son claros.

Para continuar el ciclo de análisis de los programas de Gobierno que presentaron las diferentes agrupaciones políticas que compiten por la silla presidencial, en esta ocasión El País tomó en cuenta sus propuestas sobre la ampliación de la frontera agrícola.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció que las comunidades propietarias de tierras tengan las condiciones legales para que las mismas puedan disponer de sus tierras y dar en arrendamiento al sector productor privado.

“Nuestra propuesta en el régimen de tierras, debe estar acompañado por una política que permita facilitar el acceso al crédito de tal forma que las nuevas condiciones de propiedad de la tierra incentiven y estimulen la producción intensiva y extensiva en las tierras del altiplano”.

Por su parte, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), junto al nuevo régimen de propiedad de tierras, propone una política agraria de incentivo la producción orgánica y bio-orgánica, como la mejor manera de estar presentes en el mercado mundial con una demanda creciente en el consumo de productos naturales. Además, se habla de generar las mejores condiciones para la “creación de 200 grandes empresas privadas ligadas al sector agrícola y la agroindustria compitiendo en el mercado mundial y generando divisas provenientes de las exportaciones como también aumentando los niveles de empleo y de ingresos de los trabajadores”.

Por su parte, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) no tiene una propuesta clara sobre el manejo y políticas de tierras agrícolas en su programa de gobierno para las elecciones nacionales. El programa de Unidad Cívica Democrática (UCS) tampoco establece algo claro.

Comunidad Ciudadana (CC), plantea que en el sector agropecuario se adoptará un enfoque de complejos productivos, con altos niveles de productividad orientados a brindar seguridad alimentaria al país y generar excedentes para la exportación, en armonía con el medio ambiente y el uso de los recursos naturales.

 
Frontera agrícola creció en 250.000 hectáreas
El 18 de marzo de la presente gestión, el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el presidente Morales y los empresarios privados tuvieron una reunión donde se autorizó el uso de soya genéticamente modificada destinada a la producción de biodiesel. Este acuerdo supuso ampliar la frontera agrícola en 250.000 hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya existen para el sembrío de soya transgénica desde el 2004.