Pese a demoras, Procurador niega trato de favor hacia Lino en Tarija

Pese a las demoras en los procesos contra el exgobernador interino, Lino Condori, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, negó tener privilegios con esta exautoridad.

La Gobernación acusó a la Procuraduría General del Estado por un estancamiento en los procesos contra Lino Condori y la ágil aplicación de la normativa en el caso de los procesos contra funcionarios de la oposición, entre ellos la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del departamento, Adrián Oliva.

“Todos los casos son temas que vemos a través de nuestras direcciones departamentales. Los llevamos adelante conforme lo establece el procedimiento en los plazos establecidos en la normativa específica. La Procuraduría actúa en el marco de sus funciones, no quiero dar una referencia específica de los casos, pero estamos trabajando en todos los temas”, expresó Menacho cuando se le cuestionó sobre los procesos pendientes.

En la actualidad existen más de 130 casos denunciados en contra Condori y exfuncionarios de esa gestión por presuntos hechos de corrupción, de los cuales el Ministerio Público no ha podido resolver hasta la fecha. Sin embargo, la denuncia contra el gobernador, Adrián Oliva, que inició el 2017 tuvo un tratamiento más ágil en la instancia.

La acusación la realizó el asambleísta de Cercado, Erwin Mansilla, quien denunció que el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) compró cemento asfáltico para la obra Santa Ana- Yesera luego de haber entregado la obra en abril de 2016.

“Con Tarija tenemos una serie de casos. Estamos llevando adelante la evaluación de diferentes unidades jurídicas. Estamos trabajando muy de cerca con instituciones locales, con la Gobernación, la Alcaldía, la Universidad (Universidad Autónoma Juan Misael Saracho) en toda la asistencia y ayuda que nos pide para llevar a cabo el trabajo de defensa que hacemos”, respondió Menacho.

Por otro lado, expresó que la Procuraduría no tiene un color político. “La Procuraduría no actúa por criterio de las autoridades de turno. Nosotros tenemos una normativa establecida. Actuamos en función de una cuantía específica, que tenga un caso y en esos casos actuamos directamente. Cuando no lo hacemos directamente lo hacemos haciendo seguimiento evaluación de las entidades jurídicas”, dijo. Respecto a la etapa en la que se encuentran los procesos contra Condori, Menacho se comprometió con la prensa en buscar los datos e informar a la población.

Antecedentes

En mayo de la presente gestión, el Ministerio Público ejecutó la resolución de aprehensión contra dos funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado y otros.

La investigación se procedió dentro del proceso denominado Cemento Asfaltico, donde también se investigó a Olivo y el aparente daño al estado asciende el millón de bolivianos. La aprehensión se realizó en contra de Celso Richard Reynoso Hoyos, en su condición de Jefe de Unidad de Construcción y Mantenimiento de Sedeca y Manuel Luis López Gonzales, en su calidad de superintendente de obra del Sedeca.

Procuraduría expuso sobre el Sistema de Arbitraje

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, expuso en el auditorio de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Alrededor de 230 estudiantes asistieron a la disertación 230 estudiantes y docentes y se abordó la temática del Sistema de Arbitraje boliviano tomando en cuenta ejemplos como el caso Mallku Khota y Jindal Steel.

Se hizo referencia a la importancia de la protección legal del estado y la consolidación de una practica cultural de defensa de los intereses del estado y la consolidación de una practica cultural de defensa de los intereses del Estado, así como los elementos clave del arbitraje internacional, sus normativas y reglamentos aplicables.

Se hizo referencia del caso Malku Khota, que cerró la semana pasada con la firma del Contrato transnacional que le permite a Bolivia ahorrar 93,6 por ciento de la suma demandada por la empresa ante la Corte Permanente de Arbitraje. El estado a través de la Confederación Minera de Bolivia (Comibol) podrá exportar el yacimiento evaluado en 8.000 millones de dólares.