Pleito por Bs 4 millones afectará el funcionamiento del Hospital
Son 4,8 millones de bolivianos que el Ministerio de Salud objeta pagar a Tarija por prestaciones de la Ley 475 durante la gestión 2018. Eso repercutirá de manera directa en el funcionamiento, principalmente, del Hospital Regional de San Juan de Dios (HRSJD), además de 30 centros de salud y, en...



Son 4,8 millones de bolivianos que el Ministerio de Salud objeta pagar a Tarija por prestaciones de la Ley 475 durante la gestión 2018. Eso repercutirá de manera directa en el funcionamiento, principalmente, del Hospital Regional de San Juan de Dios (HRSJD), además de 30 centros de salud y, en menor porcentaje, a la Caja Nacional de Salud (CNS).
Así se advierte desde el Municipio de Cercado. La deuda total llega a 16.300.000 bolivianos, pero el Ministerio del rubro argumenta que una determinada cantidad de prestaciones que hizo el HRSJD no están justificadas, por lo tanto no se puede pagar por ello. En la gestión 2016, 2017 no se tuvo ningún inconveniente, se hizo la cancelación de todo lo facturado por el nosocomio.
El Ministerio de Salud cancelaba a los municipios por las atenciones que estaban previstas en la Ley 475, que era el seguro para menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, el Ejecutivo municipal, en este caso Cercado, fungía como una especie de administrador, pagaba al HRSJD por las prestaciones hechas a esos grupos de beneficiarios.
Es así que el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Rodrigo Fuenzalida, explicó que si este asunto no se resuelve en los próximos días, se tendrá problemas administrativos para la adquisición de medicamentos e insumos. Sucede que esos recursos, establecidos por ley, solo se pueden usar en el área de salud, en cuanto a la compra de los productos mencionados, ni si quiera para pagar recursos humanos.
El funcionario sostuvo que se hará una representación, junto a la Gobernación, ante el Ministerio, la cual consistirá en no aceptar los descuentos, porque está técnicamente demostrado que no hay razón o justificativo para que se aplique esa acción que afecta directamente al derecho de la salud.
De los 4,8 millones de bolivianos que se quiere descontar, 4,1 es para pagara al HRSJD por los servicios prestados. “Sería lamentable si se hace ese descuento que tienen listo. Para empezar algo se tiene que cancelar las deudas del pasado -comentó Fuenzalida- en referencia al Seguro Único de Salud (SUS).
El Gobierno tiene que venir a sumar no a quitar recursos a Tarija para la universalización de la salud”. Al director del HRSJD, Roberto Baldivieso, le parece raro que se presente esta situación, por lo que asume que hay un mal entendido. Es así que se trasladó a La Paz una comisión conformada por la Jefe de Seguros y otro del área de Sistemas del nosocomio.
“No quieren reconocer ese monto. De alguna manera se tiene que solucionar ese impase. La deuda es del 2018, no es de ahora, ya estamos en medio año del 2019 y se sigue debiendo -comentó el funcionario- esa plata la tenemos programada para seguir haciendo compras, así siga funcionando el hospital”.
Baldivieso advierte que si no hay la cancelación total de lo facturado, se tendrá una inminente afectación en el funcionamiento del hospital. El País se contactó con la presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, quien es diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para consultarle sobre esta situación, a lo que respondió que iba a devolver la llamada, pero hasta cierre de edición eso no sucedió.
Así se advierte desde el Municipio de Cercado. La deuda total llega a 16.300.000 bolivianos, pero el Ministerio del rubro argumenta que una determinada cantidad de prestaciones que hizo el HRSJD no están justificadas, por lo tanto no se puede pagar por ello. En la gestión 2016, 2017 no se tuvo ningún inconveniente, se hizo la cancelación de todo lo facturado por el nosocomio.
El Ministerio de Salud cancelaba a los municipios por las atenciones que estaban previstas en la Ley 475, que era el seguro para menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, el Ejecutivo municipal, en este caso Cercado, fungía como una especie de administrador, pagaba al HRSJD por las prestaciones hechas a esos grupos de beneficiarios.
Es así que el secretario de Desarrollo Humano del municipio, Rodrigo Fuenzalida, explicó que si este asunto no se resuelve en los próximos días, se tendrá problemas administrativos para la adquisición de medicamentos e insumos. Sucede que esos recursos, establecidos por ley, solo se pueden usar en el área de salud, en cuanto a la compra de los productos mencionados, ni si quiera para pagar recursos humanos.
El funcionario sostuvo que se hará una representación, junto a la Gobernación, ante el Ministerio, la cual consistirá en no aceptar los descuentos, porque está técnicamente demostrado que no hay razón o justificativo para que se aplique esa acción que afecta directamente al derecho de la salud.
De los 4,8 millones de bolivianos que se quiere descontar, 4,1 es para pagara al HRSJD por los servicios prestados. “Sería lamentable si se hace ese descuento que tienen listo. Para empezar algo se tiene que cancelar las deudas del pasado -comentó Fuenzalida- en referencia al Seguro Único de Salud (SUS).
El Gobierno tiene que venir a sumar no a quitar recursos a Tarija para la universalización de la salud”. Al director del HRSJD, Roberto Baldivieso, le parece raro que se presente esta situación, por lo que asume que hay un mal entendido. Es así que se trasladó a La Paz una comisión conformada por la Jefe de Seguros y otro del área de Sistemas del nosocomio.
“No quieren reconocer ese monto. De alguna manera se tiene que solucionar ese impase. La deuda es del 2018, no es de ahora, ya estamos en medio año del 2019 y se sigue debiendo -comentó el funcionario- esa plata la tenemos programada para seguir haciendo compras, así siga funcionando el hospital”.
Baldivieso advierte que si no hay la cancelación total de lo facturado, se tendrá una inminente afectación en el funcionamiento del hospital. El País se contactó con la presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, quien es diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para consultarle sobre esta situación, a lo que respondió que iba a devolver la llamada, pero hasta cierre de edición eso no sucedió.