Arrecia la campaña judicial contra el Gobernador Oliva

Los tiempos se aprietan, la campaña arrecia y dos causas que habían sido prácticamente abandonados han vuelto a ponerse sobre la mesa del Fiscal Departamental Aymoré Álvarez Barba, que le han servido para imputar al Gobernador del Departamento de Tarija, Adrián Oliva Alcázar. El primero tiene que ver con la compra de llantas para un proyecto previamente judicializado, como es el Iscayachi – Final Copacabana; el otro tiene que ver con la compra de cemento asfáltico para reponer en almacenes el utilizado en la vía Santa Ana Yesera luego de que el proyecto se entregara en 2016.

La retoma del caso la ha operado el asambleísta de la bancada del MAS, Rubén Velasco, citado en la nota de prensa de la Agencia Boliviana de Información (ABI). Se le imputan los delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.

Iscayachi - Copacabana

Sobre la carretera Iscayachi – Copacabana, el fiscal Álvarez indicó que "habría ciertas irregularidades, como ser que se habrían descalificado las propuestas de dos empresas, sin embargo, la tercera empresa que tenía el precio referencial más alto y que adicionalmente incumplía con las condiciones del Documento Base de Contratación (DBC), fue adjudicada con la compra de llantas, el Ministerio Público ha presentado la imputación y estamos a la espera de la audiencia cautelar en el Juzgado Cuarto de Instrucción, que esperamos sea la próxima semana".

La ruta Iscayachi – Copacabana fue licitada con Lino Condori como Gobernador interino y acarreó un proceso por haber adjudicado a la asociación Vial Copacabana sin haber tenido la experiencia suficiente. El caso no avanza. Desde la actual Gobernación indicaron que ya se apersonaron para testificar y aclarar y que se volverá a hacer las veces que sea necesario.

Santa Ana - Yesera

Sobre el segundo proceso, Álvarez explicó que la adquisición de cemento asfáltico para el tramo Santa Ana-Yesera - iniciado también en la gestión de Lino Condori por administración directa del Servicio Departamental de Caminos - se hizo mucho tiempo después de que ese camino hubiera sido entregado por el mismo gobernador, Adrián Oliva, en 2016. "Hacen una compra de cemento asfáltico para una carreteras concluida y entregada con anterioridad, eso ya es un hecho irregular. Hay imágenes de la prensa, hay un acto público de que la obra fue entregada, el gobernador suscribe el acta de recepción definitiva de la carretera, no podría desconocer el actuar doloso de los funcionarios del Sedeca", agregó.

En este caso, el Gobernador también indicó que se presentará cuando sea citado y que no tiene nada que ocultar en su gestión. "Voy a presentarme cuando me convoquen, no tengo nada que ocultar", sostuvo.
Procesos

Los procesos fueron retomados luego de que se denunciaran en 2017, con Gilbert Muñoz como Fiscal
Sobre el asunto en particular, fuentes de la Gobernación indicaron que todo el procedimiento de compra se encuentra respaldado en la documentación y que lo realizado es un trámite administrativo habitual. Además, recuerdan que el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) es un servicio desconcentrado con autonomía en la gestión y que su exdirector, Omar Molina, ya fue aprehendido por estos casos dando las explicaciones pertinentes. Actualmente Molina tiene detención domiciliaria.

El ajuste judicial

En medio de la intensa campaña política que se vive en el país, diferentes líderes opositores han denunciado “el ajuste” que se estaría realizando contra autoridades en el país. Esta semana fue cautelado con detención domiciliaria el diputado Amílcar Barral y desde hace varias semanas se vienen destapando escándalos en la gestión de la Alcaldía de La Paz de Luis Revilla.

Los procesos citados contra Oliva iniciaron siendo fiscal Departamental el doctor Gilbert Muñoz, quien fue relevado a comienzos de 2018 y recientemente ha renunciado al Ministerio Público. Aymoré Álvarez, quien nunca ejerció en Tarija, fue el reemplazo designado por el Fiscal General.
Además, corre un pulso por “difamación”
El asambleísta Mauricio Lea Plaza informó en horas de la mañana que el Ministerio Público había emitido una orden de aprehensión contra el secretario de Autonomías Álex Aguilar, por los hechos acaecidos durante la tramitación del presupuesto de 2018.

Aguilar comentó entonces que Lea Plaza había ejercido como operador para modificar el presupuesto y castigar así al Gobernador Adrián Oliva moviendo determinadas partidas, y además lo acusó de “tránsfuga”.

En aquel momento, Lea Plaza era parte de la Comisión de Hacienda y ejerció la portavocía en la pugna de aquel presupuesto. Además, unos meses atrás habían escenificado en Asamblea la ruptura de la bancada de Unidad Departamental Autonomista, proclamando la independencia de acción de Camino al Cambio, como ha quedado en evidencia desde entonces hasta la más reciente votación de Directiva y Comisiones.

Para Lea Plaza, la intervención de Aguilar no se leyó en el marco de la libertad de expresión ni del ejercicio de la política, sino que lo llevó a un asunto privado, denunciando en la vía penal al secretario por difamación.

“Quiero denunciar las mentiras y amedrentamientos de Mauricio Lea Plaza. Hace algunos minutos, mi abogada se hizo presente en el Juzgado de Sentencia Segundo de la Capital para presentar un memorial apersonándome por el proceso que me sigue Mauricio Lea Plaza, por afirmar que "tiene acuerdos con el MAS" y se le informó que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión en mi contra. Quiero condenar las mentiras y calumnias de este asambleísta, que con estas falsas y públicas declaraciones trata de dañar mi honor. Yo no soy ningún pillo o corrupto, yo no me voy a escapar al extranjero, yo soy una persona del campo humilde, que no se va dejar amedrentar ni se va a callar ante nadie”.